El Gobierno nacional y las entidades del campo avanzaron esta semana en la discusión técnica por una nueva ley de semillas, tras una reunión realizada el martes en la Secretaría de Agricultura, donde participaron funcionarios y representantes de la Mesa de Enlace con el objetivo de acercar posiciones y consensuar un proyecto que eventualmente será enviado al Congreso. El encuentro marcó un punto de inflexión en el proceso, ya que por primera vez se analizaron en detalle los puntos de la propuesta presentada por el sector agropecuario, en un contexto atravesado por el debate sobre la posible adhesión de la Argentina al convenio internacional UPOV-91, que redefine los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas.
La reunión permitió ingresar en una fase más específica del intercambio, con un análisis punto por punto del proyecto impulsado por las entidades rurales. Del lado oficial participaron el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el jefe de Gabinete de la cartera, Martín Fernández; el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari; y representantes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Por el sector privado asistieron técnicos y dirigentes de las principales organizaciones agropecuarias.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, sintetizó el estado de las negociaciones al afirmar: “Se trataron todos los puntos referidos a la ley de semillas. Estamos en un proceso de acercamiento”. El dirigente destacó además que el Gobierno se comprometió a que cualquier iniciativa que llegue al Congreso será previamente consensuada con la Mesa de Enlace, un punto valorado por el sector como señal de apertura al diálogo.
Un debate técnico con tensiones de fondo
El intercambio se produce casi un mes después del primer contacto formal entre las partes, durante la última edición de Expoagro, donde las entidades rurales presentaron su propuesta para actualizar el marco normativo vigente. La ley actual, sancionada en 1973, reconoce tanto los derechos de los obtentores —quienes desarrollan nuevas variedades— como el derecho al uso propio por parte de los productores.
Sin embargo, el eje de la discusión actual gira en torno a cómo equilibrar esos intereses en un nuevo contexto productivo y tecnológico. Uno de los principales puntos de conflicto es la eventual adhesión a UPOV-91, un convenio internacional que amplía los derechos de los obtentores, restringe el uso propio y extiende el control sobre el material cosechado.
Desde el sector productivo, la resistencia a este esquema es significativa. Castagnani reconoció que “en un principio no estamos de acuerdo con la adhesión a la UPOV-91”, aunque dejó abierta la puerta a continuar el debate. La preocupación central radica en que este modelo podría encarecer los costos de producción y limitar prácticas históricas como la reutilización de semillas.
En este contexto, Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), subrayó que la propuesta del sector se mantiene dentro del marco de UPOV-78, un régimen más flexible que permite el uso propio sin restricciones estrictas. “Fuimos con los puntos que consideramos centrales para trabajar en una ley de semillas siempre en el marco de UPOV-78”, afirmó.
El uso propio, en el centro de la discusión
Uno de los aspectos más sensibles del debate es el uso propio de semillas, es decir, la posibilidad de que los productores guarden parte de su cosecha para volver a sembrarla sin pagar regalías adicionales. La propuesta de la Mesa de Enlace busca mantener este derecho, aunque con ciertas limitaciones.
Según detalló Sarnari, el planteo incluye que el uso propio sea gratuito para productores que siembren hasta 500 hectáreas. A partir de ese umbral, se establecería un esquema de pago de regalías únicamente sobre la superficie excedente. “Hemos hecho una propuesta sobre conservar el uso propio, que sea gratuito hasta las 500 hectáreas”, explicó.
El proyecto también contempla definir con mayor precisión qué conceptos deben ser alcanzados por el pago de regalías y establecer límites en la cantidad de años durante los cuales se puede multiplicar una semilla pagando por su uso. Estos puntos buscan dar previsibilidad tanto a productores como a desarrolladores de semillas.
El rol del Estado y la fiscalización
Otro de los ejes abordados en la reunión fue la necesidad de fortalecer el rol del Estado en la fiscalización del sistema. En ese sentido, las entidades rurales plantearon la importancia de reforzar las capacidades del Inase, organismo encargado de controlar el cumplimiento de la normativa.
“Planteamos el orden público de la ley y un fuerte control y fortalecimiento del Inase”, señaló Sarnari. Desde el Gobierno, en tanto, coincidieron en la necesidad de avanzar en mecanismos de control más efectivos para garantizar el cumplimiento de las reglas, independientemente del modelo que finalmente se adopte.
Una fuente oficial indicó que durante el encuentro se abordaron temas como el uso propio, la fiscalización y la adecuación a los estándares internacionales, en un marco de “posiciones firmes, pero respetuosas”, que permiten avanzar hacia una solución consensuada.
La ausencia de la industria semillera
A pesar de los avances, uno de los puntos señalados por las entidades rurales es la ausencia de un actor clave en la mesa de negociación: la industria semillera. Castagnani remarcó que es necesario incorporar a los obtentores al diálogo para lograr un acuerdo integral.
“Faltan los obtentores. Necesitamos una reunión de las tres partes para encaminar el proceso”, sostuvo. En este sentido, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), que representa a las empresas del sector, aún no participó de esta etapa técnica, aunque fuentes del sector indicaron que serán convocados en los próximos encuentros.
La inclusión de la industria será determinante, ya que es uno de los principales impulsores de la adhesión a UPOV-91 y de un esquema más restrictivo en materia de uso propio, con el argumento de incentivar la inversión en investigación y desarrollo.
Un proceso abierto y sin definiciones inmediatas
Por ahora, las partes coinciden en que el proceso recién comienza y que aún quedan diferencias importantes por resolver. “Esto es un inicio y todavía estamos lejos de ese final”, advirtió Castagnani.
En la misma línea, desde otras entidades como Coninagro destacaron que la reunión permitió profundizar en temas clave como las variedades derivadas y la fiscalización, y que se acordó una agenda de trabajo para continuar en los próximos días.
El objetivo común es alcanzar una ley que tenga estabilidad en el tiempo y que contemple las necesidades de todos los actores involucrados. “Necesitamos una ley que dure 20 años y le sirva al productor”, resumió el titular de CRA.
Mientras tanto, el debate por la ley de semillas se consolida como uno de los temas estructurales para el futuro del agro argentino, en un contexto donde la innovación tecnológica, la competitividad internacional y la sostenibilidad del sistema productivo están en juego, según publicó La Nación.
