Un proyecto de US$ 100 millones busca instalar la primera planta de bioetanol en Buenos Aires

Un grupo de productores y empresarios agropecuarios impulsa la construcción de una planta de bioetanol en General Villegas, provincia de Buenos Aires, con una inversión estimada en más de US$ 100 millones. La iniciativa, que se encuentra en etapa de desarrollo desde hace dos años, apunta a diversificar la matriz productiva, reducir costos logísticos y posicionar a la provincia dentro del mapa nacional de biocombustibles, en un contexto que consideran favorable por cambios económicos y la posible actualización del marco regulatorio.

El proyecto, denominado BIOVI, contempla la instalación de una planta a 16 kilómetros de la ciudad de General Villegas, con una capacidad de producción diaria de 248 metros cúbicos de bioetanol, lo que equivaldría a unos 88.855 m³ anuales. Además, se prevé la generación de subproductos como 201.656 toneladas de burlanda y 3.240 toneladas de aceite. La iniciativa también tendría impacto en el empleo, con la creación estimada de 100 puestos de trabajo directos y unos 300 indirectos.

La propuesta es impulsada por unos 20 productores vinculados al Movimiento CREA Villegas, quienes identificaron condiciones favorables para el desarrollo industrial en la zona. Entre los factores clave, destacan la disponibilidad de infraestructura energética, como un ramal de gas y una red de energía eléctrica de media tensión que atraviesan la región.

Uno de los referentes del proyecto, Pierre Courreges, explicó que el interés por avanzar en la iniciativa surgió a partir de la convergencia de factores productivos y macroeconómicos. Según señaló en declaraciones a Clarín Rural, el cambio en el contexto económico incentivó a los productores a enfocarse en la eficiencia y la reducción de costos, dejando atrás un esquema más orientado a la especulación financiera.

En ese proceso, el grupo analizó experiencias internacionales en países líderes como Brasil y Estados Unidos, así como casos locales. En ese marco, establecieron vínculos con BIO4, una de las principales empresas argentinas del sector, con sede en Córdoba. La firma no solo aportó conocimiento técnico, sino que también participaría como accionista en el nuevo emprendimiento.

El desarrollo de la planta requerirá una inversión total de aproximadamente US$ 107 millones, de los cuales cerca de la mitad ya estaría comprometida. El financiamiento restante dependerá en gran medida de las condiciones macroeconómicas, particularmente del nivel de riesgo país y el acceso al crédito.

Para su funcionamiento, la planta demandará unas 216.590 toneladas de maíz al año, además de 49.600 metros cúbicos diarios de gas, 2,75 MW de electricidad y 60 metros cúbicos de agua por hora. Según los impulsores, todos estos insumos están garantizados por proveedores locales, lo que refuerza la viabilidad técnica del proyecto.

Uno de los principales beneficios que destacan los productores es la reducción de costos logísticos. General Villegas se encuentra a unos 360 kilómetros del puerto de Rosario, lo que implica elevados costos de transporte para el maíz. La industrialización en origen permitiría ahorrar cerca de US$ 40 por tonelada en flete, mejorando la rentabilidad de los productores.

Además, el proyecto generaría valor agregado a través de la burlanda, un subproducto del proceso de producción de etanol que se utiliza como alimento para el ganado. Según estimaciones del sector, su uso puede reducir entre un 10% y un 12% los costos de alimentación y mejorar la calidad de la carne, especialmente en términos de marmoleo.

En términos ambientales, el bioetanol presenta ventajas significativas frente a los combustibles fósiles. Se estima que su uso puede reducir hasta un 85% las emisiones contaminantes, lo que lo posiciona como una alternativa clave en la transición energética.

Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos y económicos, los impulsores del proyecto subrayan que su concreción dependerá en gran medida de decisiones políticas. En ese sentido, identifican tres ejes fundamentales: la estabilidad macroeconómica, la actualización del marco regulatorio de biocombustibles y el acompañamiento fiscal de la provincia.

En el plano nacional, consideran necesario avanzar en la reducción del riesgo país para facilitar el acceso a financiamiento. También señalan la importancia de aprobar una nueva Ley de Biocombustibles que eleve el porcentaje de corte de etanol en las naftas, actualmente en torno al 12%. Según sostienen, un incremento a niveles del 15% o 18% permitiría ampliar el mercado y garantizar la demanda para nuevas plantas.

En el ámbito provincial, los productores mantuvieron reuniones con autoridades bonaerenses para analizar posibles beneficios impositivos. Si bien no obtuvieron una exención total del impuesto a los Ingresos Brutos, se evaluó una propuesta que incluye una reducción del 60% de ese tributo, complementada con exenciones en el impuesto a los sellos y facilidades de financiamiento a través de organismos como el Fogaba y el Banco Provincia.

Los impulsores consideran que estas medidas son clave para equiparar condiciones con otras provincias como Córdoba y Santa Fe, donde la industria del bioetanol ya cuenta con incentivos fiscales.

A pesar de los avances, el proyecto aún enfrenta interrogantes. Entre ellos, si la provincia de Buenos Aires logrará generar un entorno competitivo para atraer inversiones industriales de este tipo o si continuará rezagada frente a otras regiones.

“Tenemos un gran trabajo por delante para terminar de alinear los planetas”, afirmó Courreges, sintetizando el desafío que implica transformar la iniciativa en una realidad concreta. Según publicó Clarín, de concretarse, la planta de BIOVI no solo marcaría un hito para Buenos Aires, sino que también podría redefinir la dinámica productiva regional, promoviendo la industrialización del maíz, la generación de empleo y el desarrollo económico en el interior bonaerense.