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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) puso en marcha un proyecto nacional que promueve la incorporación de espacios de conservación dentro de los sistemas productivos, con el objetivo de mejorar el control biológico, la provisión de polinizadores y la regulación hídrica. La iniciativa, presentada el 13 de abril de 2026 y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se desarrolla en seis sitios piloto distribuidos entre la región pampeana, el Espinal, Cuyo y el norte de la Patagonia, y busca transformar áreas históricamente marginales en activos funcionales del agro.
Según explicó el organismo, el programa denominado “Estudio de Espacios de Conservación de Agroecosistemas” apunta a revalorizar sectores como bordes de caminos, bajos inundables o antiguas taperas, que hasta ahora no formaban parte del esquema productivo. La propuesta consiste en integrarlos al manejo agronómico para que aporten servicios ecosistémicos que impacten en la productividad y sostenibilidad.
El coordinador del proyecto, Pablo Cavigliasso, del INTA Marcos Juárez, señaló que el objetivo es modificar la lógica tradicional del uso del suelo. “El propósito es que estas áreas dejen de ser marginales para integrarse al funcionamiento del agroecosistema, aportando servicios clave como el control biológico de plagas, la provisión de polinizadores y la regulación hídrica”, explicó.
El proyecto se estructura a partir de una red de seis sitios piloto ubicados en distintas regiones del país, lo que permite adaptar las estrategias a condiciones productivas diversas. Desde cultivos extensivos en la región pampeana hasta ganadería en el Espinal y sistemas intensivos en Cuyo, la iniciativa abarca múltiples realidades del agro argentino.
La metodología adoptada es la coinnovación, que implica el trabajo conjunto entre investigadores, extensionistas y productores. Este enfoque busca desarrollar soluciones técnicas que sean aplicables en condiciones reales, considerando las particularidades de cada establecimiento.
A través de este esquema, los productores participan activamente en el diseño de las prácticas, lo que facilita su adopción y mejora la eficacia de las intervenciones. El objetivo es generar modelos replicables que puedan escalarse a otras regiones.
En la región de Cuyo, el proyecto se centra en sistemas de vitivinicultura y fruticultura bajo riego, donde la conservación del suelo y el uso eficiente del agua son aspectos críticos. En este contexto, la especialista del INTA e integrante de InBioAgro, Andrea Goijman, destacó la importancia de mantener vegetación entre las líneas de cultivo.
Esta práctica, explicó, no solo favorece la biodiversidad, sino que también actúa como una herramienta concreta para reducir la erosión y evitar la pérdida de nutrientes. A diferencia de los suelos desnudos, la cobertura vegetal mejora la estructura del suelo y contribuye a su estabilidad.
Estas estrategias permiten avanzar hacia sistemas más equilibrados, donde la producción y la conservación se integran como parte de una misma lógica.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es su validación en condiciones reales de producción, a través de la articulación con empresas del sector agroindustrial. En este sentido, experiencias en bodegas de Mendoza muestran cómo estas prácticas pueden implementarse a escala.
En el caso de Doña Paula, se avanzó en el rediseño de viñedos mediante la incorporación de parches de vegetación y el monitoreo de biodiversidad, con el objetivo de optimizar el uso de insumos. Por su parte, Domaine Bousquet evolucionó su esquema productivo desde un modelo orgánico hacia uno de vitivinicultura regenerativa certificada.
Estas experiencias permiten evaluar los beneficios concretos de la incorporación de espacios de conservación, tanto en términos productivos como ambientales.
El proyecto parte de la premisa de que la biodiversidad puede convertirse en un factor clave de eficiencia dentro de los sistemas agrícolas. Los espacios de conservación actúan como reservorios de organismos beneficiosos, que contribuyen al control natural de plagas y reducen la necesidad de insumos químicos.
Además, estos espacios favorecen la infiltración y retención de agua, lo que resulta fundamental en contextos de variabilidad climática. De este modo, la integración de biodiversidad no solo tiene un impacto ambiental, sino también económico.
La iniciativa busca demostrar que es posible mejorar la rentabilidad a partir de prácticas que, al mismo tiempo, fortalecen la sostenibilidad del sistema productivo.
El director del INTA La Consulta, José Portela, subrayó la importancia de la articulación entre ciencia y producción para el éxito del proyecto. Según explicó, el objetivo final es generar información sistematizada que pueda ser utilizada por productores en distintas regiones.
“La iniciativa busca sistematizar la información para cada tipo de sistema y ponerla a disposición del productor, junto con un recorrido práctico de los pasos a seguir”, afirmó.
El proyecto es coordinado por Cavigliasso junto a Natalia Fracassi, del INTA Delta del Paraná, y forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la resiliencia del agro frente a desafíos como el cambio climático y la degradación de los recursos naturales.
La incorporación de espacios de conservación dentro de los sistemas productivos refleja un cambio en la forma de concebir la actividad agropecuaria. Áreas que antes eran consideradas improductivas comienzan a ser valoradas como componentes esenciales del sistema.
A medida que se consoliden los resultados de los sitios piloto, el desafío será escalar estas prácticas y promover su adopción a mayor escala. En un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales, la integración de biodiversidad aparece como una herramienta clave para construir un agro más sostenible y competitivo.
