La Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM) advirtió sobre una caída sostenida en el uso de semilla fiscalizada en la Argentina y reclamó la conformación de una agenda común para revertir la situación, en un contexto que consideran crítico para la inversión en genética y el desarrollo tecnológico del agro. El planteo fue difundido este 20 de abril y pone el foco en la necesidad de ordenar el sistema productivo, reducir la informalidad y mejorar la competitividad en cultivos clave como soja, trigo y algodón .
Según la entidad, el problema es estructural y afecta a toda la cadena. La baja adopción de semilla certificada limita el financiamiento de programas de mejoramiento genético, impacta en los rendimientos y debilita la capacidad del sector para innovar. “La semilla de calidad es la base del desarrollo productivo, de la innovación y de la competitividad”, señalaron desde CASEM al advertir sobre las consecuencias de esta tendencia .
Ingeniero Agrónomo Edgardo Motto, Gerente de la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores ( CASEM ). (Foto: Edgardo Motto).
El sistema de semilla fiscalizada —regulado por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) bajo la Ley 20.247— garantiza estándares de pureza varietal, poder germinativo, sanidad y trazabilidad, aspectos fundamentales para asegurar previsibilidad y calidad en la producción agrícola. Sin embargo, su adopción se mantiene en niveles bajos frente a otros países de la región .
Un mercado dominado por el uso propio
Uno de los factores que explica esta situación es el peso del llamado uso propio, una práctica legal que permite a los productores reservar parte de su cosecha para la siembra siguiente. En especies autógamas como la soja o el trigo, este esquema representa más del 70% del total sembrado, lo que reduce significativamente el mercado formal de semillas.
A esto se suma un componente de informalidad que, según el sector, agrava el problema. “Hay un porcentaje elevado que no es legal, donde productores y grandes pools venden en forma irregular, la famosa ‘bolsa blanca’”, explicó Edgardo Motto en declaraciones difundidas por el medio TN .
El caso de la soja es ilustrativo: apenas entre el 13% y el 17% del área implantada utiliza semilla fiscalizada. El resto se reparte entre uso propio y comercialización ilegal, lo que limita los ingresos de las empresas semilleras y reduce los recursos disponibles para investigación y desarrollo.
“Hoy estamos en valores muy bajos comparados con países de la región como Brasil o Paraguay”, sostuvo Motto, quien advirtió que la tendencia se profundizó en los últimos años .
Impacto en la inversión y la producción
Las consecuencias de este escenario van más allá del negocio semillero. La menor adopción de semillas certificadas repercute directamente en la capacidad del sistema para generar innovación. “Los obtentores no tienen los recursos para desarrollar nuevo germoplasma y el sector trabaja a pérdida”, alertó Motto .
Desde CASEM también remarcaron el impacto macroeconómico del problema. La falta de inversión en genética y tecnología se traduce en menores rendimientos, lo que afecta la producción total y la generación de divisas. “Esto afecta a nivel productivo a la Argentina: tenemos menos producción y menos dólares”, indicó el dirigente .
En ese sentido, el deterioro del sistema semillero aparece como un factor que compromete la competitividad del agro argentino en un escenario global cada vez más exigente.
Regulación, controles y propuestas
El debate sobre la semilla fiscalizada también involucra aspectos regulatorios. El INASE, como organismo encargado de controlar y fiscalizar el sistema, implementó herramientas como el rótulo de seguridad IQR, que comenzará a regir para trigo y cebada cervecera a partir de 2026. Esta medida apunta a reforzar la trazabilidad y mejorar los controles sobre la comercialización de semillas .
El rótulo de seguridad IQR, impulsado por el INASE, busca reforzar la trazabilidad y el control en trigo y cebada, como herramienta para fortalecer el uso de semilla fiscalizada. (Foto: Adobe Stock).
Sin embargo, desde el sector privado consideran que estas iniciativas no son suficientes. Reclaman avanzar en un enfoque más integral que incluya incentivos para el uso de semilla certificada, mayores controles sobre la ilegalidad y un marco normativo que promueva la inversión en genética.
“Hay varias aristas en esta discusión. Hoy se pone mucho el foco en UPOV 91, pero no es el único tema”, señaló Motto, en referencia al convenio internacional sobre protección de obtenciones vegetales. “También hay que reforzar los controles sobre la ilegalidad y establecer incentivos para el uso de semilla fiscalizada”, agregó .
Un llamado a la articulación
Frente a este panorama, CASEM propuso la conformación de una mesa de diálogo amplia e inclusiva que reúna a todos los actores de la cadena: obtentores, multiplicadores, productores y el Estado. El objetivo es construir consensos que permitan ordenar el sistema y definir reglas claras a largo plazo.
“Nosotros somos un eslabón intermedio en la cadena semillera, multiplicamos y damos calidad antes de que llegue al productor. Nos preocupa cómo viene disminuyendo la semilla fiscalizada”, explicó Motto .
El dirigente también subrayó que el desafío no es únicamente económico, sino también cultural. La práctica de guardar semilla para uso propio está profundamente arraigada en el sector y su modificación requerirá tiempo, incentivos adecuados y una mayor presencia del Estado en los controles.
Un sistema en riesgo
El diagnóstico del sector es claro: sin una recuperación del uso de semilla fiscalizada, el sistema productivo enfrenta un riesgo creciente de estancamiento tecnológico. La falta de inversión en mejoramiento genético podría limitar la capacidad del agro para responder a desafíos como el cambio climático, las plagas emergentes y la demanda de mayor productividad.
En ese contexto, la advertencia de CASEM apunta a generar conciencia sobre la dimensión del problema y la necesidad de actuar de manera coordinada. “Estamos todos en el mismo barco”, resumió Motto, sintetizando la idea de que la crisis no afecta solo a un eslabón, sino a toda la cadena productiva .
El futuro del sistema semillero argentino dependerá, en gran medida, de la capacidad de los actores involucrados para alcanzar acuerdos y construir un marco que incentive la formalidad, promueva la innovación y garantice la sustentabilidad del sector en el largo plazo.
