La provincia de Santa Fe, a través de su Secretaría de Comercio Exterior, rechazó la reciente calificación de la Unión Europea que considera a la soja argentina como materia prima de “alto riesgo”, una medida presentada el pasado 20 de enero en el marco de su normativa sobre biocombustibles. La funcionaria Georgina Losada cuestionó la decisión por considerarla “sin base científica” y perjudicial para las exportaciones, al tiempo que advirtió que podría implicar pérdidas cercanas a los USD 400 millones y afectar miles de puestos de trabajo en uno de los complejos productivos más relevantes del país.
La postura santafesina se da en un contexto clave para el comercio internacional argentino, a pocos meses de la posible entrada en vigor del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, lo que incrementa la preocupación por eventuales restricciones o condiciones desfavorables para productos estratégicos como el biodiésel y sus derivados.
Críticas a la normativa europea y defensa del modelo productivo
Desde el gobierno provincial sostienen que la medida europea, basada en el concepto de cambio indirecto de uso del suelo (ILUC), constituye en la práctica una barrera paraarancelaria que no refleja la realidad productiva de Santa Fe ni del país. Según explicó Losada, el objetivo del dossier técnico elaborado por la provincia es “demostrar que la medida no se condice con la realidad productiva” y que se apoya en criterios que no respetan las reglas del comercio internacional.
La funcionaria argumentó que la normativa penaliza a países donde la producción agrícola avanza sobre nuevas áreas, algo que —según afirmó— no ocurre en Santa Fe. En ese sentido, destacó que la superficie cultivada se ha mantenido estable durante la última década, y que el aumento en la producción se debe principalmente a mejoras tecnológicas y prácticas agronómicas más eficientes, no a la expansión de la frontera agrícola.
Además, remarcó que la provincia cuenta con legislación ambiental previa a la ley nacional de bosques de 2007, lo que, según su visión, garantiza un riesgo prácticamente nulo de deforestación en el territorio santafesino. Este punto forma parte de la estrategia argumentativa para contradecir la calificación europea y evitar que se consolide como precedente.
Impacto en exportaciones, empleo y cadena productiva
Uno de los principales ejes del reclamo es el impacto económico directo que podría generar la medida. De acuerdo con Losada, la restricción europea afectaría exportaciones por aproximadamente USD 400 millones, con un agravante estructural: la fuerte dependencia del mercado europeo.
“Nuestros únicos mercados son Países Bajos y Bélgica”, señaló la funcionaria, al describir una concentración comercial que vuelve especialmente vulnerable al sector. En ese sentido, destacó que Santa Fe concentra el 100% de las exportaciones argentinas de biodiésel hacia la Unión Europea, lo que implica que cualquier limitación tendría consecuencias inmediatas.
En términos laborales, el panorama también genera preocupación. La secretaria estimó que están en riesgo alrededor de 700 empleos directos y unos 2.000 indirectos, sin contar los efectos colaterales en toda la cadena del complejo sojero.
El peso del sector en la economía nacional refuerza la gravedad del escenario. Según datos mencionados por la funcionaria, el complejo agroindustrial de la soja representa el 23% de las exportaciones totales del país y cerca del 13% del PBI, lo que lo convierte en un actor central del esquema productivo argentino.
Estrategia política y diplomática para revertir la medida
Frente a este escenario, Santa Fe impulsa una estrategia coordinada con el Gobierno nacional y el sector privado. El gobernador Maximiliano Pullaro encabeza el reclamo político, mientras que el dossier técnico fue presentado ante autoridades de Cancillería y del área de relaciones económicas internacionales.
Según explicó Losada, el documento fue “muy bien recibido” y dio lugar a la propuesta de conformar una “Task Force” que articule acciones entre Nación, provincia y empresas del sector. Esta mesa de trabajo busca unificar criterios y fortalecer la posición argentina en el plano internacional.
La funcionaria también destacó el rol del sector privado en la elaboración del reclamo. “Trabajamos en conjunto porque son quienes van a verse directamente perjudicados”, señaló, al tiempo que subrayó la importancia de validar los argumentos técnicos con los actores productivos.
En paralelo, el Gobierno argentino ya inició gestiones diplomáticas en Europa. Técnicos de Cancillería se encuentran trabajando en el continente, y no se descarta la participación de funcionarios de mayor rango en futuras negociaciones. El objetivo es instalar el tema tanto en la Comisión como en el Parlamento Europeo, ampliando los canales de diálogo político.
Posible escalada del conflicto a la OMC
Aunque la prioridad es alcanzar una solución negociada, Santa Fe no descarta avanzar en el plano multilateral. Losada recordó que existe un antecedente similar en 2013, cuando Argentina llevó un conflicto comercial por biodiésel ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Sin embargo, advirtió que este tipo de procesos pueden extenderse durante años, lo que representa un costo adicional para el sector. Aun así, fue clara al señalar que, de no haber avances en el diálogo, la provincia está dispuesta a “llegar hasta las últimas consecuencias”.
El eje del planteo, insistió, no es obtener beneficios especiales sino garantizar reglas claras. “No pedimos favoritismo, pedimos que el comercio se base en evidencia y no en criterios arbitrarios”, afirmó.
Un debate que trasciende al biodiésel
Más allá del impacto inmediato en el sector, el gobierno santafesino advierte que la medida europea podría sentar un precedente peligroso. La preocupación es que la calificación de “alto riesgo” se extienda a otros productos o sectores, afectando la competitividad de las exportaciones argentinas en general.
En ese sentido, Losada subrayó que el dossier no solo busca defender al biodiésel, sino también evitar una estigmatización del modelo productivo nacional. La discusión, planteó, excede lo comercial y se vincula con la forma en que se construyen los estándares internacionales en materia ambiental y productiva.
El conflicto se inscribe, además, en un escenario global atravesado por la transición energética y la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. Para la provincia, resulta contradictorio que Europa promueva energías más limpias y, al mismo tiempo, limite el ingreso de biocombustibles.
Con una estrategia que combina argumentos técnicos, presión política y gestiones diplomáticas, Santa Fe busca revertir una decisión que considera injustificada y perjudicial. El resultado de esta disputa no solo definirá el futuro del biodiésel argentino en Europa, sino también las condiciones de inserción del país en un comercio internacional cada vez más regulado por criterios ambientales.
