El Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 mediante la publicación de la Decisión Administrativa 20/2026 en el Boletín Oficial y avanzó con una fuerte reasignación de partidas que incluyó recortes por casi $3 billones en distintas áreas del Estado. La medida, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, apunta a fortalecer la meta de superávit fiscal comprometida por la administración de Javier Milei ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La decisión oficial combinó una ampliación de partidas destinadas a cubrir obligaciones previsionales y financiar el plan de retiros voluntarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto con un ajuste sobre programas vinculados a subsidios económicos, infraestructura, energía, salud, educación y políticas sociales.
Uno de los cambios centrales fue la ampliación del límite previsto para el pago de sentencias judiciales y acuerdos previsionales. El artículo 3° de la norma incrementó en $500.000 millones el techo fijado para cancelar deudas derivadas de juicios previsionales y acuerdos transaccionales vinculados a la Ley 27.260. De este modo, el nuevo monto autorizado ascendió a $712.288 millones.
Según detalló el texto oficial, la ampliación se justificó por los retroactivos generados a partir de ajustes aplicados sobre haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, será el organismo encargado de afrontar esos pagos.
Al mismo tiempo, el Gobierno reforzó las partidas para financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca destinado al personal de ANSES. Para ese objetivo se incorporaron $162.000 millones bajo el concepto de gastos en personal mediante una transferencia figurativa desde el Tesoro Nacional.
El esquema de retiros voluntarios había establecido como fecha límite el pasado 26 de abril para la presentación de solicitudes. Entre las condiciones exigidas figuraban la inexistencia de reclamos laborales pendientes contra el Estado y la imposibilidad de volver a desempeñarse en el sector público nacional durante el período fijado por la normativa. También se dispuso que quienes ocupen cargos sindicales deberán renunciar previamente a esas funciones y a la tutela gremial para acceder al beneficio.
Recortes para sostener el equilibrio fiscal
En paralelo con los refuerzos presupuestarios, el Ejecutivo avanzó con una nueva etapa del ajuste fiscal impulsado por la administración libertaria. Los mayores recortes recayeron sobre programas económicos y obras públicas, en línea con la estrategia oficial de reducción del gasto estatal y disminución de subsidios.
El principal ajuste correspondió a la partida “Otras Asistencias Financieras - Servicios Económicos”, administrada por Obligaciones a cargo del Tesoro Nacional, que sufrió una reducción de $1,47 billones. La decisión se vinculó con la continuidad del esquema de reducción de subsidios y actualización tarifaria en los servicios públicos.
Entre las áreas más afectadas también apareció el programa de Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, dependiente del Ministerio de Economía, que perdió $359.497 millones.
Otro de los recortes significativos impactó en el área de infraestructura deportiva. El programa de Infraestructura para el Desarrollo del Deporte, bajo la órbita del Ministerio del Interior, registró una reducción de $320.671 millones.
En materia de obras viales, la administración nacional también ajustó recursos destinados a la repavimentación y mantenimiento de la Ruta Nacional 38, en el tramo que conecta el límite entre Tucumán y Catamarca con Aguilares. Esa partida fue reducida en $97.104 millones.
El ajuste alcanzó además al área educativa. El Fondo de Compensación Salarial Docente, dependiente del Ministerio de Capital Humano, sufrió un recorte de $78.711 millones, en un contexto de tensión persistente entre el Gobierno y los gremios docentes por el financiamiento educativo.
En salud, el programa de Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer perdió $63.021 millones, mientras que el programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía hacia el Desarrollo Humano registró una baja de $55.465 millones.
La política de integración socio-urbana también quedó alcanzada por la poda presupuestaria. El programa correspondiente, bajo la órbita del Ministerio de Economía, sufrió una reducción de $39.442 millones.
A esos ajustes se sumaron recortes menores distribuidos en otras partidas estatales por un total de $206.631 millones.
Como resultado de la combinación entre reasignaciones y reducción de gastos, la partida presupuestaria de la Administración Central experimentó un recorte neto de $2,5 billones, equivalente al 1,6% del total previsto.
El Gobierno estimó además que el incremento de ingresos respecto de las previsiones originales aportará otros $565.000 millones, lo que permitirá elevar la meta de superávit fiscal a más de $3,2 billones.
Cambios en cargos y estructura del Estado
La Decisión Administrativa también formalizó movimientos internos de personal y redistribución de cargos dentro de distintos organismos públicos.
Entre las modificaciones incorporadas figura el traslado de ocho agentes de planta permanente desde la Jefatura de Gabinete hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. También se oficializó el pase de personal desde el Ministerio de Defensa hacia un organismo descentralizado de esa cartera.
En el ámbito del Ministerio de Economía, la norma consolidó el ingreso de un agente proveniente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, además del traslado de tres trabajadores desde la Secretaría de Minería hacia el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).
La medida también incluyó una adecuación presupuestaria para el Consejo de la Magistratura. El organismo recibió un refuerzo de $115.194 millones para gastos de personal en el programa de Actividades Centrales y otros $22.000 millones destinados a bienes de uso en el programa Justicia de Máxima Instancia.
Desde el Gobierno sostienen que las modificaciones apuntan a sostener el funcionamiento operativo de distintas áreas mientras continúa el proceso de reducción del gasto público impulsado por la administración libertaria. En paralelo, el oficialismo busca consolidar el ancla fiscal como uno de los pilares centrales de la política económica de Milei.
