El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo esquema de promoción destinado a grandes inversiones tecnológicas, conocido como “Súper RIGI”, con el objetivo de captar desembolsos multimillonarios vinculados a industrias emergentes como inteligencia artificial, semiconductores, baterías de litio y biotecnología avanzada. La iniciativa fue presentada en medio de la estrategia oficial para atraer capitales extranjeros y se destaca por otorgar beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios de largo plazo, además de garantizar estabilidad normativa durante tres décadas.
El proyecto aparece como una ampliación y reformulación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incorporado a la Ley Bases. Sin embargo, la nueva versión agrega incentivos más amplios y una estructura orientada específicamente a sectores considerados estratégicos para la economía tecnológica global.
La propuesta establece que las compañías interesadas deberán realizar inversiones mínimas por US$1.000 millones por proyecto y ejecutar al menos el 20% de ese monto dentro de los dos primeros años desde la aprobación. Además, deberán constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una figura jurídica creada exclusivamente para el emprendimiento promovido.
La iniciativa abre un fuerte debate político y económico debido al alcance de los beneficios otorgados y al rol que tendrá el Estado en la relación con grandes corporaciones internacionales.
Beneficios extraordinarios para inversiones de gran escala
El nuevo régimen prevé una serie de ventajas impositivas y regulatorias para las empresas adheridas. Entre ellas aparece una reducción fija del Impuesto a las Ganancias al 15%, junto con esquemas de amortización acelerada y mecanismos para deducir quebrantos sin límite temporal.
También contempla beneficios para dividendos distribuidos: la alícuota general será del 7%, aunque podría reducirse al 3,5% después de cuatro años de permanencia dentro del régimen.
En materia aduanera, el texto elimina derechos de importación para bienes de capital necesarios para los proyectos y exime de retenciones a las exportaciones vinculadas con esas inversiones.
Otro de los puntos centrales es la creación de Certificados de Crédito Fiscal transferibles, destinados a compensar el impacto del IVA en las operaciones asociadas a cada emprendimiento.
Para sectores cercanos al oficialismo, la medida busca generar condiciones competitivas para captar inversiones que compiten a escala global. Desde el Gobierno sostienen que Argentina necesita herramientas extraordinarias para atraer industrias vinculadas a la economía del conocimiento y a los desarrollos tecnológicos de alto valor agregado.
La discusión sobre proveedores locales y empleo
Uno de los aspectos que más cuestionamientos genera es la eliminación de requisitos presentes en el esquema original del RIGI. Mientras la versión vigente exige un piso de 20% de contratación de proveedores nacionales, el nuevo proyecto elimina esa obligación.
La modificación abre interrogantes respecto del impacto sobre la industria local y las cadenas productivas argentinas. Diversos sectores advierten que las compañías podrían importar equipamiento, ingeniería y componentes desde sus países de origen, reduciendo el efecto multiplicador sobre el empleo y la producción doméstica.
El abogado Pablo Cerdan, especialista en la temática, cuestionó el alcance del régimen y afirmó que se trata de una iniciativa diseñada especialmente para grandes empresas tecnológicas. “Es la ley de datacenters. Un proyecto para darle a las grandes tecnológicas lo que acá no tiene nadie. Energía y trabajo subsidiado”, señaló.
Además advirtió sobre la dimensión económica de los grupos interesados y el impacto que podría tener la estructura tributaria prevista. Según expresó, las compañías alcanzadas poseen niveles de facturación superiores al Producto Bruto Interno argentino y podrían terminar tributando menos que pequeñas y medianas empresas locales.
En paralelo, sectores críticos plantean que el régimen podría generar un escenario de competencia desigual entre las grandes multinacionales y las pymes, que atraviesan un contexto complejo marcado por caída de actividad, dificultades financieras y retracción del mercado interno.
Estabilidad por 30 años y arbitraje internacional
Uno de los puntos más sensibles del proyecto aparece en las garantías legales incluidas para los inversores.
La iniciativa contempla estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social durante 30 años, con el objetivo de proteger a las empresas frente a cambios regulatorios futuros.
El esquema también incorpora cláusulas específicas contra medidas consideradas expropiatorias o confiscatorias y habilita la posibilidad de acudir a mecanismos de arbitraje internacional ante conflictos con el Estado argentino.
Entre las vías previstas aparecen organismos como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y la Corte Permanente de Arbitraje (CPA).
Los cuestionamientos apuntan a que estas herramientas podrían limitar la capacidad de futuras administraciones para modificar políticas públicas o introducir nuevas regulaciones sobre sectores estratégicos.
El diputado Esteban Paulón criticó la iniciativa y sostuvo que el proyecto refleja una influencia directa de sectores empresariales internacionales sobre determinadas políticas impulsadas por el oficialismo.
Las discusiones también alcanzan a las vinculaciones del Presidente con referentes del ecosistema tecnológico internacional. En distintos ámbitos se mencionan los encuentros de Milei con figuras como Elon Musk y el empresario Peter Thiel, fundador de compañías como PayPal y Palantir, como parte del acercamiento del Gobierno a líderes del sector tecnológico global.
El impacto sobre provincias y economías regionales
Otro capítulo relevante del proyecto involucra a provincias y municipios.
Para acceder a los beneficios nacionales, las jurisdicciones deberán adherir formalmente al régimen y comprometerse a una fuerte moderación fiscal.
El texto fija un límite del 0,5% para Ingresos Brutos, elimina el Impuesto de Sellos para los contratos vinculados a los VPU y prohíbe la creación de nuevos gravámenes locales después del 31 de diciembre de 2025.
También impide el cobro de determinados cánones o regalías administrativas.
Gobiernos provinciales y especialistas observan que estas condiciones podrían restringir márgenes de autonomía tributaria y afectar recursos utilizados para sostener economías regionales y servicios públicos.
El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo en el Congreso, donde se espera una discusión intensa. Mientras el oficialismo apuesta a que el esquema funcione como un imán para inversiones tecnológicas de gran escala, distintos sectores económicos y políticos advierten sobre los riesgos de establecer beneficios extraordinarios y compromisos estatales a tan largo plazo.
