El Gobierno nacional aprobó el ingreso del proyecto PSJ Cobre Mendocino al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que habilita beneficios fiscales y cambiarios para una inversión superior a los USD 613 millones destinada al desarrollo de un nuevo emprendimiento minero en Mendoza. La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 801/2026 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial.
El proyecto pertenece a Minera San Jorge y estará ubicado en el distrito de Uspallata, dentro del departamento de Las Heras, a unos 110 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. La iniciativa contempla la construcción de una mina a cielo abierto y una planta concentradora para la explotación de cobre, con recuperación de oro como subproducto.
De acuerdo con la resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el emprendimiento cumple con los requisitos técnicos, financieros y de desarrollo de proveedores exigidos por el RIGI, el esquema impulsado por el Gobierno de Javier Milei para atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos.
La inversión prevista asciende a USD 613,4 millones, cifra que supera ampliamente el piso mínimo requerido para acceder a los beneficios del régimen. Entre los incentivos contemplados se incluyen ventajas impositivas, estabilidad normativa, beneficios aduaneros y facilidades para el acceso y administración de divisas.
Según el cronograma presentado por la empresa, la etapa de construcción comenzará en junio de 2027, mientras que el inicio de las operaciones está previsto para enero de 2029. El plan de producción proyecta una capacidad de procesamiento de aproximadamente 10 millones de toneladas anuales de mineralización de cobre y oro.
Uno de los puntos destacados por el Ejecutivo fue el compromiso de integración de proveedores locales. La compañía informó que el 27% de las contrataciones vinculadas a bienes, infraestructura y obras será destinado a empresas mendocinas y nacionales, superando el mínimo del 20% establecido por la normativa vigente.
Además, el expediente aprobado incorpora estimaciones de generación de empleo directo e indirecto, un esquema de exportaciones y un cronograma de inversiones previsto para toda la vida útil del yacimiento. El proyecto aparece como una de las apuestas más importantes para la actividad minera dentro del nuevo régimen de incentivos.
La resolución también fija obligaciones concretas para sostener los beneficios obtenidos. Minera San Jorge deberá acreditar inversiones equivalentes al menos al 40% del monto comprometido durante los primeros dos años desde la notificación oficial. A su vez, el plazo máximo para completar la inversión mínima comprometida vencerá el 1 de septiembre de 2028.
Con esta aprobación, el Gobierno busca consolidar una cartera de proyectos vinculados a minería, energía e infraestructura, sectores considerados clave para aumentar exportaciones y generar ingreso de divisas. En ese escenario, el cobre gana relevancia por su creciente demanda internacional asociada a la transición energética y la expansión de industrias tecnológicas.
