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El Gobierno nacional implementó un nuevo mecanismo para fortalecer la operatoria de warrants ganaderos y mejorar las garantías sobre animales vivos utilizados como respaldo financiero. A través de la disposición 2/2026, la Secretaría de Agricultura habilitó la posibilidad de aplicar una “inmovilización voluntaria” sobre la hacienda incluida en certificados de depósito y warrants digitales, una medida que apunta a brindar mayor seguridad jurídica y comercial a las entidades financieras y emisoras.
La decisión se conoció esta semana y representa un nuevo paso dentro del esquema de modernización de herramientas de financiamiento para el sector agropecuario impulsado desde fines de 2023. La medida cobra relevancia porque, hasta ahora, los productores podían trasladar o mover los animales aun cuando estuvieran involucrados en operaciones de warrant, situación que generaba preocupación entre empresas emisoras y acreedores, expreso Bichos de Campo.
La nueva reglamentación establece que las personas humanas o jurídicas autorizadas a emitir certificados de depósito y warrants podrán disponer, de manera voluntaria y a pedido del titular de la mercadería, la inmovilización de la hacienda incluida dentro de la operación financiera.
La disposición fue diseñada específicamente para los warrants digitales sobre animales vivos, una herramienta incorporada formalmente al sistema argentino en 2024.
Hasta ese momento, el régimen de warrants estaba principalmente asociado a granos, mercadería almacenada y productos industriales. La inclusión de hacienda abrió nuevas posibilidades de financiamiento para el sector ganadero, aunque también dejó al descubierto vacíos operativos vinculados al control y seguimiento de los animales utilizados como garantía.
El reclamo para avanzar sobre un sistema de inmovilización surgió desde las propias entidades emisoras de warrants y certificados de depósito, que venían advirtiendo sobre la necesidad de reforzar las garantías jurídicas de este tipo de operaciones.
Con la nueva disposición, la Coordinación de Warrants y Certificados de Depósito, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, será el organismo encargado de implementar y supervisar el mecanismo.
La normativa también incorpora nuevas obligaciones administrativas para las empresas emisoras. A partir de ahora, cualquier modificación realizada sobre un warrant vigente deberá ser informada antes de las 23:59 del mismo día en que ocurra el movimiento.
Esto implica que incluso cuando la hacienda no se encuentre formalmente inmovilizada, cualquier traslado, modificación o alteración vinculada a los animales incluidos en la garantía deberá quedar registrada oficialmente.
El objetivo central es mejorar la trazabilidad y transparencia de las operaciones financieras vinculadas a la producción ganadera.
El warrant es un instrumento financiero utilizado para facilitar el acceso al crédito mediante la utilización de mercadería como garantía.
En la práctica, el productor entrega determinados bienes a una empresa emisora autorizada y recibe dos documentos: un certificado de depósito, que acredita la titularidad de la mercadería, y un warrant, que permite utilizar esos bienes como respaldo para obtener financiamiento.
En caso de incumplimiento del préstamo, el acreedor tiene derecho a solicitar el remate de la mercadería incluida en garantía.
La herramienta es ampliamente utilizada en distintos mercados agropecuarios porque permite acceder a capital de trabajo sin necesidad de vender inmediatamente la producción.
Con la modernización normativa impulsada en los últimos años, el sistema comenzó además a incorporar formatos digitales y operatorias electrónicas.
El decreto 70/2023, una de las primeras medidas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei, introdujo cambios destinados a flexibilizar y ampliar el acceso a financiamiento agropecuario.
Posteriormente, a mediados de 2024, la reglamentación oficial habilitó que los warrants y certificados de depósito pudieran emitirse y negociarse electrónicamente mediante plataformas digitales propias o de terceros autorizados.
En ese contexto, la incorporación de animales vivos como mercadería susceptible de warranteo representó un cambio significativo para la ganadería argentina.
Sin embargo, la posibilidad de que la hacienda pudiera ser trasladada sin restricciones generaba incertidumbre sobre la efectividad de la garantía financiera.
El nuevo esquema de inmovilización busca resolver precisamente ese punto.
Desde el sector financiero y agropecuario consideran que la medida podría fortalecer el desarrollo de nuevas líneas de crédito destinadas a productores ganaderos.
La trazabilidad y el control sobre los bienes utilizados como garantía resultan factores clave para reducir riesgos financieros y mejorar las condiciones de acceso al crédito.
En la práctica, la inmovilización voluntaria permitirá que determinados animales queden formalmente afectados a la operatoria hasta que la obligación financiera sea cancelada.
El sistema apunta además a generar mayor previsibilidad para bancos, entidades crediticias y empresas emisoras.
La ganadería argentina enfrenta históricamente dificultades de financiamiento debido a los ciclos productivos largos y a la necesidad de capital de trabajo para sostener recría, engorde y retención de vientres.
En ese escenario, los warrants digitales sobre hacienda aparecen como una herramienta alternativa para ampliar opciones financieras dentro del sector.
Al mismo tiempo, el avance hacia plataformas electrónicas y sistemas digitales forma parte de un proceso más amplio de modernización administrativa impulsado en distintos segmentos del agro argentino.
La incorporación de controles online, trazabilidad digital y notificaciones inmediatas busca agilizar operaciones y reducir riesgos de fraude o inconsistencias documentales.
Especialistas del mercado agropecuario sostienen que el desarrollo de este tipo de instrumentos podría crecer en los próximos años, especialmente si se consolida un esquema regulatorio claro y confiable.
La posibilidad de utilizar hacienda como garantía financiera también podría resultar estratégica para pequeños y medianos productores que necesitan liquidez sin desprenderse inmediatamente de sus animales.
En paralelo, el fortalecimiento de las garantías legales aparece como una condición necesaria para que bancos y entidades financieras amplíen su participación dentro del negocio ganadero.
La nueva disposición representa así un paso adicional dentro del proceso de digitalización y modernización de herramientas financieras aplicadas al agro argentino.
