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La discusión sobre el futuro de los biocombustibles volvió a ocupar un lugar central en la agenda energética argentina durante el Congreso Maizar 2026, realizado esta semana, donde funcionarios nacionales, representantes del sector privado y especialistas internacionales coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un nuevo marco regulatorio que promueva inversiones, amplíe la participación de las energías renovables y fortalezca la competitividad del país. El debate cobró relevancia en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, cambios en los mercados energéticos y una creciente demanda de alternativas más sostenibles para el transporte y la industria.
Según informó TN Campo, uno de los ejes principales del encuentro fue la presentación de la nueva ley de biocombustibles que impulsa el Gobierno nacional. Durante su exposición, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, sostuvo que el actual esquema regulatorio se encuentra agotado y requiere una transformación profunda para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.
El secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, disertó sobre varios aspectos relacionados con el sector. (Foto: Maizar)
El funcionario explicó que la iniciativa busca reemplazar el sistema vigente, caracterizado por mecanismos de intervención estatal en la fijación de precios y cupos de producción, por un modelo basado en la competencia, la transparencia y la previsibilidad para los inversores. La propuesta ya se encuentra en tratamiento legislativo y forma parte de una estrategia más amplia orientada a incrementar la producción energética y potenciar las exportaciones.
En ese marco, González aseguró que el sector de hidrocarburos podría generar una balanza comercial positiva cercana a los US$40.000 millones durante los próximos cuatro años. De concretarse esas proyecciones, el ingreso de divisas provenientes de la energía y la minería podría convertirse en uno de los principales motores de la economía argentina.
La exposición del funcionario estuvo atravesada por el impacto que tienen los conflictos internacionales sobre los mercados energéticos. La guerra en Medio Oriente, que volvió a generar incertidumbre sobre el abastecimiento global de combustibles, fue mencionada como un factor que revaloriza la posición estratégica de países productores alejados de las zonas de conflicto.
En ese contexto, González destacó el potencial de Vaca Muerta, al considerar que se trata de un recurso de escala internacional capaz de competir con los principales desarrollos de shale oil y shale gas del mundo.
Según explicó, el crecimiento de la producción energética argentina se encuentra favorecido por dos elementos centrales: la mejora del clima de inversión impulsada por la actual administración nacional y la necesidad global de diversificar el origen de los recursos energéticos frente a la inestabilidad geopolítica.
No obstante, aclaró que una mayor producción no implica necesariamente combustibles más baratos mediante mecanismos artificiales de control de precios. En línea con la política económica del Gobierno, defendió un esquema de libre mercado en el que productores y refinadoras ajusten los valores de manera gradual, evitando distorsiones que puedan derivar en problemas de abastecimiento.
Durante su intervención también remarcó que la estrategia oficial apunta a no privilegiar una fuente energética sobre otra. Según explicó, la intención es promover un entorno de competencia en el que distintas tecnologías puedan desarrollarse bajo reglas claras y estables.
Uno de los puntos centrales de la reforma propuesta contempla una actualización de los porcentajes obligatorios de mezcla de biocombustibles en los combustibles tradicionales.
El proyecto establece elevar al 15% el contenido de etanol en las naftas y mantener en 10% el corte de biodiésel en el gasoil. De acuerdo con González, el incremento beneficiaría especialmente al etanol elaborado a partir de maíz debido a su competitividad dentro del mercado local.
En relación con el biodiésel, el funcionario explicó que se diseñó una transición gradual de cinco años destinada a proteger a las pequeñas y medianas empresas del sector. La medida busca evitar impactos negativos mientras se avanza hacia un esquema de mayor competencia.
González sostuvo que el Gobierno no prevé aumentar en el corto plazo la proporción obligatoria de biodiésel por encima del 10%, debido a que su costo continúa siendo significativamente superior al del combustible fósil. Según indicó, una ampliación inmediata del corte podría trasladarse al precio final del gasoil, con consecuencias directas sobre el transporte y la actividad agropecuaria.
La iniciativa también contempla la creación de un mercado libre para aquellas provincias o consumidores que deseen utilizar porcentajes mayores de biocombustibles. De esta manera, quienes opten por niveles superiores de mezcla podrán hacerlo bajo criterios de libre competencia, sin modificar los estándares obligatorios nacionales.
La visión internacional fue aportada por Agustín Torroba, especialista en biocombustibles y energías renovables del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), quien describió al sector como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento en las próximas décadas.
El especialista del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Agustín Torroba, ofreció una perspectiva ambiciosa sobre los biocombustibles. (Foto: Maizar)
Durante su participación, afirmó que actualmente alrededor de 60 países utilizan mezclas de etanol en sus combustibles y que siete de cada diez litros de nafta consumidos en el mundo contienen algún porcentaje de este componente.
Torroba destacó especialmente las políticas implementadas por Estados Unidos y Brasil, dos de los principales productores globales. Mientras el mercado estadounidense avanzó recientemente con la autorización permanente del combustible E15, Brasil analiza incrementar aún más la participación del etanol dentro de su matriz energética.
En el caso del biodiésel, señaló que el crecimiento más acelerado se observa en el segmento del HVO, un combustible renovable elaborado mediante procesos de hidrotratamiento, cuya expansión supera ampliamente a la del biodiésel convencional.
El especialista también remarcó el creciente interés por el uso de biocombustibles en maquinaria agrícola, una alternativa que permite reducir la huella de carbono de toda la cadena productiva desde su origen.
Otro de los sectores que concentra expectativas es el de los Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF). Según las proyecciones presentadas por Torroba, la demanda global de estos combustibles podría alcanzar en los próximos 25 años un volumen equivalente al mercado mundial actual de etanol y biodiésel combinado.
Las perspectivas también son positivas para el transporte marítimo. La incorporación de buques impulsados por metanol y etanol comienza a ganar terreno en las principales rutas comerciales del mundo, impulsando nuevas oportunidades para los países productores de materias primas agrícolas.
En este escenario, el Congreso Maizar fue además el marco elegido para lanzar el Movimiento por la Transición Energética de la Movilidad, una iniciativa que busca generar consensos técnicos y promover políticas de largo plazo para el desarrollo de combustibles alternativos.
El espacio reúne a actores de distintos sectores productivos, fabricantes de vehículos, empresas de maquinaria agrícola y representantes de la agroindustria, con el objetivo de impulsar una estrategia integral basada en recursos locales.
La propuesta contempla una visión amplia de la transición energética, incorporando no solo biocombustibles, sino también hidrógeno verde, gas natural comprimido y electromovilidad. Para sus impulsores, el desafío consiste en construir una política de Estado capaz de trascender los cambios de gobierno y aprovechar las oportunidades que ofrece un mercado global cada vez más orientado hacia fuentes energéticas con menor impacto ambiental.
