La Ciudad Autónoma de Buenos Aires oficializó su adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno nacional y, en paralelo, creó un esquema propio orientado a proyectos de menor escala denominado Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). La medida fue promulgada el 27 de mayo de 2026 y apunta a fortalecer la llegada de capitales, estimular la actividad económica y promover la generación de empleo en sectores estratégicos de la economía porteña.
El nuevo paquete normativo quedó establecido a través de las leyes 6.949 y 6.950, sancionadas por la Legislatura porteña el 14 de mayo. Con esta decisión, la administración encabezada por Jorge Macri busca complementar el esquema nacional de promoción de inversiones con herramientas locales destinadas a empresas medianas y micro que desarrollen proyectos productivos dentro de la Ciudad.
“Promulgamos la creación del RIMICABA, un régimen de incentivos para medianas inversiones, y la adhesión al RIGI Nacional para atraer grandes inversiones”, expresó el jefe de Gobierno porteño en sus redes sociales. Además, sostuvo que la Ciudad acompañará “todas las medidas que sirvan para atraer inversiones y generar empleo”.
El nuevo régimen local contempla beneficios fiscales concretos para compañías que realicen inversiones productivas. Entre los principales incentivos se destacan la exención del Impuesto de Sellos, beneficios sobre el ABL y la posibilidad de computar hasta un 25% del monto invertido como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno porteño para posicionar a Buenos Aires como un centro competitivo para proyectos vinculados con la tecnología, los servicios basados en el conocimiento, la infraestructura y otras actividades de alto valor agregado.
Cómo funcionará el RIMI porteño
El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones está dirigido a proyectos con desembolsos de entre USD 100.000 y USD 149.999,99, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Ley Nacional 27.802. El esquema está abierto tanto a empresas ya alcanzadas por el régimen nacional como a microempresas radicadas en la Ciudad que cumplan con el monto mínimo requerido.
Los beneficios fiscales alcanzarán exclusivamente a inversiones destinadas a actividades productivas desarrolladas dentro del territorio porteño. Las compañías adheridas podrán acceder a exenciones impositivas sobre contratos vinculados a la inversión y también sobre inmuebles afectados a actividades económicas específicas.
Otro de los puntos centrales del programa es la posibilidad de utilizar hasta una cuarta parte del capital invertido como crédito fiscal contra Ingresos Brutos. En caso de no utilizar la totalidad de ese beneficio, los saldos podrán trasladarse hasta 2028, aunque la normativa aclara que no generarán saldos de libre disponibilidad.
A su vez, el esquema prevé la participación del Banco Ciudad, que podrá ofrecer líneas de financiamiento especiales para empresas incluidas dentro del régimen. El objetivo es ampliar el acceso al crédito y facilitar la concreción de proyectos productivos de escala media.
El Gobierno porteño estableció además una serie de requisitos para garantizar la permanencia de las inversiones. Las empresas deberán mantener sus actividades en la Ciudad durante al menos cuatro años y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias para conservar los beneficios.
La inscripción al régimen requerirá la incorporación a un Registro Local Complementario que será supervisado por la autoridad de aplicación correspondiente. Desde la administración porteña señalaron que estos controles buscan asegurar que los incentivos estén efectivamente orientados a proyectos productivos y no a operaciones especulativas.
Sectores excluidos y límites fiscales
La normativa establece restricciones específicas respecto de los sectores que podrán acceder a los beneficios. Quedaron excluidas las empresas dedicadas a actividades financieras, bursátiles, aseguradoras o de capitalización.
También se fijaron límites para evitar una concentración excesiva de ventajas fiscales. El monto total anual destinado a beneficios impositivos tendrá un tope de $150.000 millones, mientras que cada beneficiario no podrá superar el 10% de ese cupo total.
Otro aspecto relevante es la incompatibilidad con otros regímenes promocionales de la Ciudad para un mismo proyecto. En caso de superposición de programas, las empresas deberán optar por uno de ellos.
La reglamentación también contempla sanciones para quienes incumplan las condiciones establecidas. Si una compañía abandona la actividad productiva, falsea información o incumple las obligaciones previstas, perderá automáticamente los beneficios y deberá devolver los tributos eximidos. Además, podrá enfrentar multas equivalentes a hasta el doble de las ventajas fiscales obtenidas.
Adhesión al RIGI nacional
Además del nuevo régimen local, la Ciudad oficializó su adhesión al RIGI nacional, una herramienta creada por el Gobierno de Javier Milei para captar grandes inversiones de largo plazo mediante incentivos fiscales, regulatorios y aduaneros.
La decisión busca alinearse con la estrategia nacional de promoción de inversiones y aumentar la competitividad de Buenos Aires frente a otras jurisdicciones del país. Desde el Ejecutivo porteño sostienen que la adhesión permitirá ofrecer “mayor previsibilidad” a compañías interesadas en desarrollar proyectos estratégicos.
El RIGI está especialmente orientado a iniciativas de gran escala vinculadas con infraestructura, energía, minería, tecnología y economía del conocimiento. En el caso de la Ciudad, el foco estará puesto principalmente en actividades tecnológicas, innovación y servicios de alto valor agregado.
Funcionarios porteños consideran que la combinación entre el régimen nacional y los incentivos locales puede mejorar las condiciones para captar inversiones en un contexto económico todavía marcado por restricciones financieras y baja actividad.
El esquema también apunta a fortalecer las cadenas de valor locales y fomentar el empleo calificado en sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico de la Ciudad.
Un nuevo escenario para la competencia entre distritos
La adhesión de la Ciudad al RIGI y la creación del RIMI se producen en un contexto de creciente competencia entre provincias y distritos para atraer inversiones privadas. En los últimos meses, distintas jurisdicciones comenzaron a diseñar incentivos propios para complementar el régimen nacional y captar proyectos productivos.
En ese escenario, Buenos Aires busca aprovechar su peso económico, su infraestructura y su ecosistema tecnológico para consolidarse como uno de los principales polos de inversión del país.
La administración porteña sostiene que el nuevo marco normativo permitirá mejorar las condiciones para empresas que busquen expandirse o instalar nuevas operaciones en la Ciudad, especialmente en actividades vinculadas con innovación, servicios profesionales y tecnología.
El RIMI tendrá una vigencia inicial de dos años desde su entrada en vigor y estará sujeto a mecanismos de evaluación y control permanentes. El objetivo oficial es garantizar transparencia en la asignación de beneficios y evitar abusos en la utilización de incentivos fiscales.
Según informó Infobae, con estas medidas la Ciudad busca fortalecer su estrategia de desarrollo económico en un contexto donde la competencia por atraer capital privado se volvió una prioridad para los distintos gobiernos locales y provinciales.
