El Gobierno nacional oficializó este miércoles una nueva reducción de los derechos de exportación para los principales productos de la agroindustria argentina. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 423/2026, establece un esquema gradual de rebajas para la soja, el maíz, el trigo, la cebada, el sorgo y el girasol, además de beneficios específicos para el sector de los biocombustibles. El objetivo es mejorar la competitividad, estimular las exportaciones y fortalecer el ingreso de divisas al país.
La decisión forma parte de la estrategia económica impulsada por el Ejecutivo para avanzar hacia una reducción progresiva de la carga tributaria sobre el sector productivo. Según los fundamentos de la norma, la iniciativa busca generar condiciones más favorables para la producción, fomentar las inversiones y ampliar las oportunidades de acceso a los mercados internacionales, manteniendo al mismo tiempo el compromiso con el equilibrio fiscal.
Uno de los cambios más relevantes alcanza al complejo sojero, principal generador de exportaciones del país. El decreto establece que la alícuota aplicada al poroto de soja, actualmente ubicada en el 24%, comenzará a descender de manera escalonada a partir de enero de 2027. El cronograma prevé una reducción hasta el 21% en diciembre de ese año y una nueva baja hasta alcanzar el 15% hacia fines de 2028.
La medida también beneficiará a los productos industrializados de la cadena. El aceite de soja, que actualmente tributa entre el 18% y el 22% según la posición arancelaria, iniciará un proceso de reducción gradual que lo ubicará en un rango de entre el 11% y el 14% al finalizar 2028. Con ello, el Gobierno busca fortalecer la competitividad de una de las principales cadenas exportadoras del país.
En el caso del trigo y la cebada, los derechos de exportación sobre los granos pasarán del 7,5% al 5,5%. La normativa también fija nuevas alícuotas para diversos productos derivados, entre ellos harinas, sémolas, almidones, malta y otros subproductos industriales, que tendrán tasas de entre el 1% y el 3,5%, dependiendo de cada posición arancelaria.
Para el maíz y el sorgo, el esquema contempla una reducción progresiva que llevará determinadas posiciones desde el actual 8,5% hasta el 5,5% al cierre de 2028. Además, algunos productos específicos quedarán completamente exentos del pago de retenciones, una medida que apunta a mejorar la rentabilidad de los distintos eslabones de la cadena productiva.
Otro de los sectores alcanzados por la iniciativa es el del girasol. El decreto establece una disminución gradual para semillas, aceites y derivados industriales. Mientras algunas variedades especiales quedarán exentas de tributar, ciertas posiciones vinculadas al aceite de girasol pasarán de niveles de entre el 2,5% y el 4,5% a un rango de entre el 1% y el 3% hacia finales de 2028.
En materia energética, el Gobierno incorporó beneficios para la industria de los biocombustibles. A partir de 2027, determinados productos derivados del biodiésel elaborados con aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa tendrán una alícuota del 0%. La medida apunta a diversificar la oferta exportable argentina y ampliar la presencia del país en nuevos mercados vinculados a las energías renovables.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que la transformación de la política económica requiere avanzar en medidas que permitan optimizar el uso de los recursos públicos y acompañar el proceso de estabilización macroeconómica. En ese marco, recordaron que durante 2025 ya se habían implementado reducciones permanentes para distintos complejos agrícolas mediante los Decretos 526/25 y 877/25.
Según la evaluación oficial, esas decisiones contribuyeron a mejorar la situación económica de los distintos actores de las cadenas de valor, favoreciendo un incremento de las exportaciones, mayores niveles de actividad y un aumento en el ingreso de divisas. Por ese motivo, el Gobierno considera necesario continuar generando incentivos para la producción agropecuaria, la industrialización y el comercio exterior.
La administración nacional reiteró además que los derechos de exportación constituyen un impuesto distorsivo y sostuvo que, en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan, continuará avanzando hacia su eliminación gradual. El esquema presentado contempla un cronograma diferenciado para los distintos cultivos con el propósito de acompañar los ciclos productivos y comerciales de cada actividad.
Con esta decisión, el Gobierno busca otorgar mayor previsibilidad a productores, exportadores e industriales, promoviendo nuevas inversiones y fortaleciendo la competitividad del sector agroindustrial argentino. La medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación oficial y deberá ser comunicada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Los detalles de la norma fueron difundidos a partir de la información publicada por Infobae sobre el contenido del decreto oficializado este miércoles.
