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Durante los primeros cinco meses de 2026, la Administración Pública Nacional (APN) mantuvo una fuerte política de contención del gasto que derivó en una caída real del 31% respecto de 2023, aunque en la comparación interanual con igual período del año pasado se observó una leve recuperación del 0,5%. El comportamiento de las distintas áreas del Estado mostró fuertes contrastes, con organismos que profundizaron los recortes y otros que incrementaron significativamente sus partidas, en un contexto en el que el Gobierno busca preservar el superávit fiscal como uno de los pilares centrales de su programa económico.
La evolución de las cuentas públicas adquiere especial relevancia luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, señalara que el equilibrio fiscal ya no puede sostenerse únicamente mediante reducciones del gasto y que será necesario fortalecer la recaudación tributaria para consolidar los resultados obtenidos.
Según distintos informes especializados, la estructura del gasto nacional registró modificaciones importantes durante el período analizado. La función de Seguridad Social continuó concentrando la mayor parte de los recursos, aunque redujo su participación relativa en el total ejecutado. Paralelamente, los pagos vinculados a los servicios de la deuda pública ganaron peso dentro del presupuesto nacional.
La distribución del gasto refleja el alcance de la política de ajuste impulsada por la administración nacional. Diversos organismos de control, representación institucional y administración pública registraron reducciones significativas en términos reales. Entre ellos se destacaron la Agencia de Acceso a la Información Pública, la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Cámara de Diputados y el Senado, todos con bajas superiores al 35%.
Una de las excepciones más notorias fue la Secretaría de Inteligencia del Estado, que incrementó su nivel de ejecución presupuestaria en términos reales, contrastando con la tendencia general observada en el resto de la administración.
El área de Salud presentó algunos de los ajustes más marcados. Organismos como la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán, la ANMAT y la Superintendencia de Servicios de Salud mostraron reducciones significativas en la ejecución de recursos.
La situación también alcanzó a establecimientos hospitalarios nacionales. Los hospitales Sommer, Laura Bonaparte, Posadas y Ramón Carrillo registraron caídas relevantes en sus presupuestos ejecutados respecto de 2023. La principal excepción fue el INCUCAI, que mostró un incremento considerable en términos reales.
En paralelo, la Secretaría Nacional de Discapacidad experimentó una reducción de más del 40% en sus recursos ejecutados. El dato adquiere relevancia en medio del debate político y legislativo sobre las políticas destinadas a personas con discapacidad y los reclamos de distintas organizaciones del sector.
Dentro de las partidas sociales, la ANSES registró una baja real del 7%, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia mostró uno de los descensos más pronunciados del período. También se observaron reducciones significativas en organismos vinculados a la economía social y el cooperativismo.
La política de ajuste tuvo un impacto especialmente fuerte en áreas relacionadas con la inversión pública y el desarrollo económico.
Entre los organismos vinculados a la producción se registraron caídas en entidades como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas y la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.
En materia de obra pública, los niveles de ejecución fueron particularmente bajos. Programas destinados a infraestructura municipal, obras viales, mejoras urbanas y proyectos hidráulicos registraron reducciones que en varios casos alcanzaron o rozaron el 100%.
La Dirección Nacional de Vialidad apareció entre los organismos más afectados por los recortes presupuestarios. También mostraron disminuciones importantes otros entes vinculados al transporte y la regulación de servicios.
Las transferencias a provincias y municipios constituyeron otro de los principales focos del ajuste. Los programas de asistencia financiera y cooperación técnica evidenciaron caídas muy pronunciadas, consolidando una tendencia que viene generando tensiones entre el Gobierno nacional y distintas administraciones provinciales.
Las fuerzas federales también formaron parte del proceso de reducción del gasto. La Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional registraron disminuciones relevantes en términos reales.
El mismo fenómeno se observó en las Fuerzas Armadas. Armada, Ejército y Fuerza Aérea redujeron sus niveles de ejecución presupuestaria respecto de los registros previos al ajuste.
Dentro del área de Justicia y Derechos Humanos también se identificaron recortes en organismos dedicados a la promoción de derechos, producción de información genética, control institucional y funcionamiento del sistema judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación mostró una reducción más moderada en comparación con otros organismos.
El sector educativo exhibió algunos de los casos más extremos de reducción presupuestaria. Programas emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente no registraron ejecución durante el período analizado.
También mostraron fuertes retrocesos las partidas destinadas a becas estudiantiles, capacitación docente e infraestructura educativa. Aunque el financiamiento de la educación superior tuvo una caída menor, igualmente registró una reducción significativa en términos reales.
Los datos relevados por IARAF muestran que la estabilidad del gasto total durante los primeros meses del año estuvo influida por el fuerte incremento de los pagos de intereses de deuda. De hecho, el aumento de este componente compensó parte de las reducciones observadas en otras áreas del presupuesto.
Al analizar los distintos rubros del gasto primario, sólo algunas partidas mostraron incrementos reales, entre ellas las jubilaciones y pensiones, ciertos aportes al sector privado y las operaciones vinculadas a activos financieros.
El principal interrogante hacia adelante es la capacidad del Gobierno para sostener el superávit fiscal sin profundizar los recortes. La recuperación de la recaudación observada en mayo representó una señal positiva para el Ministerio de Economía, aunque especialistas advierten que la próxima actualización de los parámetros del Impuesto a las Ganancias podría reducir la cantidad de contribuyentes alcanzados por el tributo y afectar los ingresos fiscales durante la segunda mitad del año. Según informó Infobae, este escenario podría derivar en nuevas tensiones entre la Nación y las provincias debido al impacto que tendría sobre los recursos de la coparticipación federal y las transferencias destinadas a los gobiernos subnacionales.
