El Gobierno nacional profundizó este martes su estrategia de desregulación económica al oficializar la derogación de 58 normas vinculadas al consumo, la industria, el comercio y las importaciones, en una decisión que busca simplificar el marco regulatorio, reducir cargas administrativas y eliminar disposiciones consideradas obsoletas o sin aplicación efectiva. La medida fue instrumentada a través de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, dependiente del Ministerio de Economía, y forma parte de un proceso más amplio de revisión normativa impulsado por la gestión de Javier Milei.
La decisión alcanza regulaciones relacionadas con el control de precios, programas de financiamiento al consumo, mecanismos de intervención estatal en mercados específicos, requisitos de información comercial y procedimientos vinculados al comercio exterior. Desde el Gobierno sostienen que muchas de estas normas habían quedado sin efecto práctico tras modificaciones legislativas y cambios en el esquema económico impulsado durante los últimos meses.
Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es avanzar hacia un sistema regulatorio más simple y previsible, eliminando disposiciones que generaban superposición normativa, mayores costos administrativos o que habían perdido sustento jurídico luego de la derogación o modificación de leyes que les daban marco legal.
Entre los principales cambios figura la eliminación de 22 normativas relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo creado para intervenir en la cadena triguera con el objetivo de contener el precio interno de productos derivados del trigo. La administración nacional considera que dicho esquema ya no responde a las condiciones actuales del mercado y que su permanencia generaba distorsiones regulatorias.
También fueron derogadas 30 normas vinculadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, instrumentos que durante años promovieron el consumo mediante financiamiento subsidiado para la compra de bienes y servicios. Desde el Ejecutivo argumentan que estos programas habían cumplido su ciclo y que mantener vigente la estructura normativa asociada carecía de sentido práctico.
Otro de los puntos alcanzados por la resolución es la eliminación de regulaciones que obligaban a los colegios privados a informar anticipadamente los aumentos de sus cuotas. La decisión se vincula con cambios normativos previos que eliminaron la necesidad de autorización estatal para la actualización de aranceles.
Asimismo, el Gobierno dejó sin efecto una disposición complementaria vinculada al programa Precios Cuidados y eliminó una normativa relacionada con mecanismos de atención para consumidores, al considerar que sus funciones ya se encuentran cubiertas por otros canales específicos de atención y reclamo.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la revisión de normas forma parte de una política orientada a reducir la acumulación regulatoria que, según la visión oficial, se fue generando durante décadas mediante la incorporación de disposiciones que luego no fueron actualizadas ni derogadas cuando dejaron de tener vigencia efectiva.
En los fundamentos de la resolución se sostiene que la proliferación de normas produjo situaciones de superposición, dispersión y desactualización que dificultan la identificación de las reglas efectivamente vigentes. Para la administración nacional, este escenario genera incertidumbre jurídica tanto para ciudadanos como para empresas y afecta el normal desarrollo de la actividad económica.
La iniciativa se complementa con el avance legislativo de la denominada Ley Hojarasca, un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone revisar y eliminar más de 70 normas vigentes consideradas incompatibles con el actual enfoque regulatorio del Gobierno.
El proyecto busca profundizar la simplificación normativa, avanzar en la reducción de la burocracia estatal, eliminar organismos con funciones superpuestas, revisar beneficios sectoriales específicos y adecuar regulaciones que fueron superadas por los cambios tecnológicos y productivos.
La administración nacional sostiene que la acumulación de regulaciones genera mayores costos regulatorios para ciudadanos, empresas e instituciones, mientras que la simplificación normativa permitiría mejorar la transparencia, fortalecer la seguridad jurídica y facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales. Bajo esa premisa, el Gobierno impulsa una revisión permanente de leyes, decretos y resoluciones para consolidar un esquema de mayor libertad económica y menor intervención estatal.
La nueva derogación masiva representa uno de los movimientos regulatorios más amplios desde el inicio de la actual gestión y se inscribe dentro de una estrategia que apunta a consolidar un marco legal más reducido, con menor cantidad de normas vigentes y una participación más limitada del Estado en distintos sectores de la economía argentina.
