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El Gobierno nacional derogó este viernes una resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) que durante más de una década fue considerada un punto de referencia en la política argentina sobre patentamiento de desarrollos biotecnológicos. La medida, impulsada por la administración de Javier Milei y defendida públicamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reabre la discusión sobre la protección de la propiedad intelectual en semillas y organismos genéticamente modificados, un tema que históricamente generó tensiones entre productores agropecuarios, empresas semilleras y el Estado.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 197/2026 del INPI, publicada en el Boletín Oficial, que deja sin efecto la Resolución 283/2015. Según el Gobierno, la modificación busca actualizar los criterios utilizados para evaluar desarrollos biotecnológicos y fortalecer el sistema de protección de innovaciones en el país.
Desde la administración nacional sostienen que la normativa derogada imponía restricciones que dificultaban la posibilidad de obtener protección intelectual sobre determinados avances científicos vinculados a la biotecnología agrícola. En ese sentido, Sturzenegger defendió la medida a través de sus redes sociales.
“Por Resolución 197/26 el INPI deroga la Resolución 283/15 sobre (no) patentamiento de materia viva y biotecnología, una mejora trascendental en el respeto a la propiedad intelectual y a la innovación en nuestro país”, afirmó el funcionario.
La discusión sobre las patentes en organismos genéticamente modificados tiene antecedentes de más de dos décadas en Argentina.
Durante los años noventa, la introducción de la soja resistente al glifosato, conocida comercialmente como Roundup Ready (RR), marcó un punto de inflexión para la agricultura nacional. La tecnología, desarrollada originalmente por Monsanto, se expandió rápidamente por el territorio argentino y transformó el sistema productivo.
Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en otros países, la empresa nunca logró establecer un mecanismo efectivo para cobrar regalías por el uso masivo de esa innovación tecnológica.
El escenario estuvo relacionado con la interpretación normativa vigente en Argentina respecto de la patentabilidad de organismos vivos y procedimientos biotecnológicos. Las autoridades nacionales mantuvieron durante años una posición restrictiva sobre este tipo de patentes, lo que derivó en numerosos conflictos entre compañías desarrolladoras de tecnología y el sistema productivo local.
Según recordó el portal especializado Bichos de Campo, que informó sobre la medida y analizó sus implicancias, la resolución ahora derogada consolidaba una postura sostenida por distintos gobiernos desde principios de siglo respecto del alcance de la protección intelectual sobre desarrollos biotecnológicos.
La situación generó controversias incluso a nivel internacional. Durante la década del 2000, Monsanto impulsó reclamos en distintos mercados argumentando que la soja argentina incorporaba tecnología desarrollada por la compañía sin que existiera un reconocimiento económico equivalente al que sí se aplicaba en otros países.
Desde el Gobierno consideran que el nuevo marco regulatorio permitirá acercar a Argentina a estándares internacionales utilizados en materia de propiedad intelectual.
Sturzenegger sostuvo que las limitaciones establecidas por la resolución de 2015 dificultaban el patentamiento de innovaciones biotecnológicas y afectaban la llegada de nuevas tecnologías al país.
“Aquella norma de los últimos días del segundo mandato de Cristina Kirchner, para decirlo en criollo, había hecho casi imposible patentar desarrollos biotecnológicos en Argentina”, señaló el ministro.
El funcionario argumentó además que la falta de protección adecuada para los desarrollos tecnológicos desincentiva la inversión en investigación y desarrollo.
“¿Cómo innova alguien sin certeza de que su invención será protegida?”, planteó en sus publicaciones.
De acuerdo con la posición oficial, la actualización normativa podría generar mejores condiciones para que empresas nacionales e internacionales introduzcan nuevas variedades vegetales, desarrollos genéticos y tecnologías orientadas a mejorar la productividad agrícola.
En ese sentido, el Gobierno vincula la decisión con una estrategia más amplia de fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual, que también incluyó modificaciones recientes en otros sectores vinculados a la innovación.
La derogación de la resolución no implica automáticamente la implementación de nuevos sistemas de cobro de regalías ni modifica de manera directa la legislación vigente sobre semillas. Sin embargo, especialistas del sector consideran que puede representar un cambio relevante en el marco regulatorio de largo plazo.
Uno de los puntos centrales del debate gira en torno a la posibilidad de que las empresas desarrolladoras de tecnología cuenten con mayores herramientas legales para proteger sus innovaciones y reclamar compensaciones económicas por su utilización.
En Argentina, la cuestión ha estado históricamente vinculada a la discusión sobre la actualización de la Ley de Semillas, una normativa que data de la década de 1970 y que fue diseñada en un contexto previo al desarrollo masivo de cultivos transgénicos.
Desde hace años, distintos sectores de la cadena agroindustrial plantean la necesidad de modernizar ese marco legal para adecuarlo a las nuevas tecnologías y a los estándares internacionales de protección intelectual.
Otro elemento que aparece en el debate es la posible adhesión de Argentina al convenio internacional UPOV 91, un sistema que establece mecanismos más estrictos para la protección de los derechos de los obtentores vegetales.
La eventual incorporación del país a ese esquema requeriría tratamiento legislativo y continúa siendo un tema de discusión dentro del sector agropecuario.
La medida reavivó un debate que trasciende el ámbito jurídico y alcanza aspectos económicos y productivos de gran relevancia para la agricultura argentina.
Por un lado, las empresas vinculadas al desarrollo biotecnológico sostienen que un sistema sólido de protección intelectual resulta indispensable para recuperar inversiones en investigación y fomentar la llegada de nuevas tecnologías.
Por otro, parte de los productores manifiesta preocupación respecto de los costos que podrían derivarse de mecanismos más exigentes para el reconocimiento económico de esas innovaciones.
En los últimos años, algunas compañías multinacionales han señalado que la falta de un esquema robusto de protección intelectual limita el lanzamiento de determinados eventos biotecnológicos en el mercado argentino.
El Gobierno considera que la actualización normativa contribuirá a revertir esa situación y favorecerá la incorporación de desarrollos orientados a mejorar la productividad, la sustentabilidad y la competitividad del agro.
Mientras tanto, la derogación de la Resolución 283/2015 marca un nuevo capítulo en una discusión que lleva más de veinte años en el país y que seguirá ocupando un lugar central en el debate sobre el futuro de la agricultura, la innovación tecnológica y los derechos de propiedad intelectual en Argentina,expreso Bichos de Campo.
