El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anunció que el Gobierno provincial estudia enviar a la Legislatura un proyecto de ley que permitiría a trabajadores estatales incorporarse al sector privado con un incentivo económico. La iniciativa prevé que la Provincia continúe abonando el 50% del salario de los empleados públicos que decidan dar ese paso, en una medida que busca promover la generación de empleo privado y acompañar la llegada de nuevas inversiones.
La propuesta forma parte de una estrategia orientada a transformar gradualmente la estructura laboral de la provincia. Según explicó Jalil, el crecimiento esperado en sectores productivos, especialmente en la minería, podría generar una mayor demanda de mano de obra privada y abrir nuevas oportunidades para trabajadores que actualmente se desempeñan en la administración pública.
El esquema en análisis contempla que el Estado provincial mantenga durante un período determinado una parte de los ingresos de quienes opten por incorporarse a empresas privadas. De esta manera, se reduciría el costo laboral inicial para las compañías y se facilitaría la transición de los empleados hacia nuevas actividades económicas.
La iniciativa se vincula directamente con las expectativas generadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que busca atraer capitales para proyectos estratégicos en distintos sectores de la economía argentina. En el caso de Catamarca, la minería aparece como uno de los motores con mayor potencial de expansión debido a la creciente demanda de minerales vinculados a la transición energética.
Jalil sostuvo que el desarrollo de nuevos proyectos permitirá fortalecer el sector privado y reducir progresivamente la dependencia del empleo estatal. En ese contexto, consideró que la provincia debe prepararse para acompañar los cambios productivos que podrían producirse en los próximos años.
Además de referirse al mercado laboral, el mandatario destacó la situación financiera de Catamarca. Remarcó que la provincia mantiene una administración ordenada de sus cuentas públicas y afirmó que la deuda provincial representa apenas el 3% del presupuesto total.
Según indicó, ese nivel de endeudamiento se encuentra por debajo del promedio registrado en otras jurisdicciones del país, lo que permite afrontar proyectos de desarrollo e infraestructura con mayor previsibilidad fiscal.
La propuesta todavía se encuentra en etapa de evaluación y deberá ser analizada por la Legislatura provincial en caso de que el Ejecutivo decida avanzar con su presentación formal. Sin embargo, el anuncio abre el debate sobre nuevas herramientas para impulsar el empleo privado en una provincia donde el Estado históricamente ha tenido un fuerte peso como generador de puestos de trabajo.
El eventual proyecto también se enmarca en una discusión más amplia sobre la necesidad de diversificar la matriz económica provincial, atraer inversiones y generar condiciones que permitan ampliar las oportunidades laborales fuera del sector público.