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La Legislatura de la provincia de Buenos Aires comenzó a debatir iniciativas que podrían modificar el uso de miles de hectáreas ubicadas junto a rutas y caminos provinciales. Dos proyectos impulsados por legisladores del peronismo proponen habilitar la producción agrícola en las banquinas y otorgar a los municipios una mayor participación en la administración de los permisos y de los recursos obtenidos por la explotación de esos espacios. Las iniciativas surgen en un contexto de restricciones presupuestarias para las comunas y apuntan a generar nuevas fuentes de ingresos sin incrementar la carga tributaria local. La información fue publicada por Bichos de Campo.
Las propuestas fueron presentadas por la diputada Ayelén Rasquetti, del Frente Renovador, y por el diputado Alejandro Acerbo, de Fuerza Patria. Aunque difieren en algunos aspectos, ambas coinciden en la necesidad de revisar el régimen vigente para aprovechar áreas que actualmente permanecen fuera de la producción.
La normativa que regula estas superficies es la Ley 10.342, sancionada en 1985, que establece las condiciones para el uso de las franjas linderas a rutas y caminos provinciales. Sin embargo, la legislación excluye expresamente a las banquinas, consideradas espacios destinados a la seguridad vial.
El proyecto impulsado por Rasquetti propone incorporar las banquinas dentro de los sectores susceptibles de ser otorgados mediante permisos de uso, habilitando la siembra de cereales, oleaginosas, forrajeras, granos y pasturas en esos espacios.
Según argumentó la legisladora en los fundamentos de la iniciativa, la situación actual implica el desaprovechamiento de superficies que podrían tener un uso económico y productivo.
"La ociosidad actual de estas tierras representa una oportunidad perdida", sostuvo Rasquetti en el proyecto citado por Bichos de Campo.
La diputada señaló además que la falta de aprovechamiento de esos terrenos genera consecuencias económicas para los municipios.
"Se priva de manera sistémica a los municipios de una fuente legítima de recaudación de tasas, cánones o derechos de ocupación", afirmó.
El objetivo es que la explotación agrícola de estas superficies genere recursos adicionales para las comunas y contribuya al financiamiento de obras y servicios locales.
Uno de los puntos centrales del debate gira en torno al uso de los recursos obtenidos por la adjudicación de estos espacios.
Actualmente, la Ley 10.342 establece que los permisos se otorgan mediante concursos o licitaciones por períodos anuales y que los ingresos obtenidos deben distribuirse entre los Consejos Escolares, los cuerpos de Bomberos Voluntarios y el mantenimiento de caminos rurales.
La iniciativa de Rasquetti propone una utilización más flexible de esos fondos.
Según el texto, los recursos podrían destinarse a infraestructura comunitaria, mantenimiento vial y programas de seguridad ciudadana definidos por cada municipio.
La legisladora sostiene que este esquema permitiría vincular de manera más directa la explotación de esos espacios con las necesidades concretas de cada distrito.
La posibilidad de incorporar las banquinas a la actividad productiva abre interrogantes vinculados a la seguridad vial.
Ante esa situación, el proyecto establece que cualquier autorización deberá contar previamente con la intervención de los organismos técnicos competentes.
"Se garantizará mediante dictámenes técnicos precisos qué sectores específicos son aptos para el otorgamiento de permisos, resguardando rigurosamente las zonas de escape, las distancias de frenado y la visibilidad de los conductores en las rutas provinciales", indicó Rasquetti en los fundamentos de la propuesta publicados por Bichos de Campo.
De esta manera, la decisión final sobre la utilización de cada sector seguiría dependiendo de evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección de Vialidad y otros organismos provinciales.
El proyecto presentado por Alejandro Acerbo avanza aún más en la modificación del sistema vigente.
El exintendente de Daireaux, que asumió una banca legislativa tras las elecciones de 2025, propone directamente derogar la Ley 10.342 y reemplazarla por un nuevo régimen integral.
La iniciativa busca otorgar mayores facultades a los municipios para administrar tanto los permisos como los fondos derivados de la explotación de las banquinas y demás espacios linderos a rutas y caminos.
Acerbo considera que el modelo actual responde a una lógica administrativa que ya no refleja las necesidades actuales de los gobiernos locales.
"La experiencia demuestra que los municipios se encuentran en mejores condiciones operativas para gestionar dichos espacios", sostuvo en el proyecto citado por Bichos de Campo.
Entre los cambios propuestos por Acerbo se destaca la ampliación de los plazos de adjudicación.
Mientras la legislación vigente permite permisos por un año, el nuevo esquema habilitaría concesiones de hasta tres años.
El legislador argumenta que plazos más extensos podrían incentivar inversiones y mejorar el aprovechamiento productivo de las superficies disponibles.
Además, la propuesta elimina la distribución obligatoria de recursos prevista por la normativa actual.
En su lugar, los fondos pasarían a integrar una cuenta municipal administrada según lo dispongan las ordenanzas locales.
No obstante, el proyecto establece un límite mínimo para garantizar el mantenimiento vial.
"Deberán destinarse a gastos o inversiones determinados por ordenanza y al menos un tercio del total de los recursos deberá ser asignado al mantenimiento de caminos y/o banquinas de las rutas", señala el texto.
Las iniciativas aparecen en un contexto donde numerosos municipios bonaerenses enfrentan dificultades presupuestarias derivadas de la reducción de recursos coparticipables y de la desaceleración económica.
Frente a ese escenario, la posibilidad de generar nuevas fuentes de financiamiento a partir de superficies actualmente improductivas comenzó a ganar espacio dentro del debate político provincial.
Los impulsores de los proyectos sostienen que existe una oportunidad para ampliar la superficie agrícola disponible sin afectar tierras privadas ni generar nuevos costos para el Estado.
Al mismo tiempo, consideran que los municipios podrían obtener recursos adicionales para infraestructura, mantenimiento vial y servicios públicos.
Sin embargo, cualquier avance sobre las banquinas deberá equilibrar los objetivos productivos con los criterios de seguridad vial y preservación de los corredores de circulación.
Por esa razón, tanto la propuesta de Rasquetti como la de Acerbo mantienen mecanismos de supervisión provincial para autorizar, controlar o eventualmente revocar los permisos otorgados.
La discusión recién comienza en la Legislatura bonaerense, pero abre un debate de fondo sobre el uso de los espacios fiscales vinculados a la red vial y sobre el papel que podrían desempeñar en el desarrollo productivo y financiero de los municipios. En un contexto de recursos limitados, la posibilidad de transformar áreas hoy ociosas en superficies productivas aparece como una alternativa que promete generar ingresos, aunque no exenta de desafíos técnicos, regulatorios y de seguridad.
