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La quiebra de SanCor Cooperativas Unidas Limitada ingresó en una nueva etapa este 22 de junio, al cumplirse el plazo de 60 días fijado por la Justicia para concretar la desvinculación del personal que no integró la nómina de trabajadores retenidos para sostener las operaciones mínimas de la empresa. De los 914 empleados que permanecían activos al momento de declararse la quiebra, 178 continúan vinculados a la firma, mientras que 736 fueron desafectados. Paralelamente, el proceso judicial avanza hacia la venta de las plantas industriales, marcas y demás activos de la histórica cooperativa láctea.
Según informó el medio especializado TodoLechería, la reducción del plantel marca un nuevo capítulo en la crisis de una de las empresas más emblemáticas de la industria láctea argentina, cuya quiebra fue decretada por el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela el pasado 22 de abril.
La resolución judicial, firmada por el juez Marcelo Gelcich, estableció un plazo de dos meses para reorganizar la estructura laboral de la empresa. Cumplido ese período, la cooperativa conserva únicamente el personal considerado indispensable para las tareas vinculadas al resguardo de activos y al desarrollo del proceso concursal.
De acuerdo con la información publicada por TodoLechería, los 178 trabajadores fueron distribuidos entre las plantas de Sunchales, Gálvez, Devoto, Balnearia, La Carlota y San Guillermo. La mayor concentración corresponde a la sede central de Sunchales, donde permanecen 101 empleados, mientras que el resto se reparte entre los establecimientos industriales del interior.
La reducción de personal no comenzó con la declaración de quiebra. El proceso de ajuste ya había tenido un antecedente significativo a comienzos de 2025, cuando alrededor de 450 trabajadores fueron despedidos poco antes de la apertura del concurso preventivo de acreedores.
Con las nuevas desvinculaciones formalizadas durante las últimas semanas, el total de trabajadores que dejaron de pertenecer a la empresa supera ampliamente el millar respecto de la estructura laboral que SanCor mantenía antes del agravamiento definitivo de su crisis financiera.
Según detalló TodoLechería, los empleados desvinculados ya fueron notificados sobre las liquidaciones correspondientes, calculadas conforme al régimen previsto para los procesos de quiebra. En paralelo, muchos comenzaron los trámites para acceder a las prestaciones por desempleo mientras buscan reinsertarse laboralmente.
La reducción de personal también generó cuestionamientos hacia la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), organización sindical que representa a los trabajadores del sector. El artículo original sostiene que la conformación de la nómina de empleados que permanecieron en la empresa fue consensuada con el gremio, aunque esa afirmación no cuenta con una confirmación oficial dentro del expediente judicial.
Mientras continúa el proceso de desvinculación del personal, la Justicia también puso en marcha el mecanismo para la venta de los activos de SanCor.
De acuerdo con la publicación de TodoLechería, el valor de referencia fijado para la totalidad de los bienes ronda los 55 millones de dólares, cifra que incluye plantas industriales, marcas comerciales y otros activos tangibles e intangibles.
Ese monto resulta considerablemente inferior al pasivo estimado de la cooperativa, que asciende a unos 185 millones de dólares, según los datos difundidos durante el proceso judicial.
El pliego elaborado para la futura licitación establece que las ofertas podrán realizarse por la totalidad del patrimonio o por activos individuales. Además, prevé que el pago deberá efectuarse íntegramente en dólares estadounidenses mediante depósito o transferencia a la cuenta judicial correspondiente.
El mismo documento establece un plazo máximo de veinte días corridos desde la notificación de la adjudicación para concretar el pago, sin admitir compensaciones con créditos verificados dentro del concurso.
Por el momento, la Justicia aún no fijó la fecha para la presentación de ofertas ni para la apertura formal del proceso licitatorio.
En paralelo con el avance de la quiebra, el expediente incorporó un nuevo elemento de tensión institucional.
Según publicó Rosario3, en información citada por TodoLechería, uno de los síndicos que intervino en el concurso preventivo y posteriormente en la quiebra presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe relacionada con el desarrollo del proceso judicial.
Siempre de acuerdo con esa publicación, la presentación cuestiona distintas decisiones adoptadas durante la administración del expediente y plantea observaciones respecto del funcionamiento de la sindicatura y la designación de una coadministradora.
Hasta el momento no trascendió una resolución sobre esa denuncia ni hubo pronunciamientos públicos de la Justicia respecto de las acusaciones formuladas.
La situación actual representa el desenlace de un proceso de deterioro económico y financiero que SanCor arrastra desde hace varios años.
Durante la última década, la cooperativa atravesó sucesivos intentos de reestructuración, negociaciones con potenciales inversores, venta de activos estratégicos y diversos procesos de refinanciación que no lograron revertir el creciente endeudamiento.
Entre esos antecedentes figura el acuerdo alcanzado en 2017 con el fondo BAF Capital, iniciativa que finalmente no consiguió estabilizar la situación patrimonial de la empresa.
Con la quiebra ya decretada y el proceso de venta de activos en marcha, el futuro de la histórica marca dependerá del interés que despierten sus plantas industriales y sus marcas comerciales entre potenciales inversores.
Mientras tanto, la reducción definitiva de la plantilla laboral refleja la magnitud de una crisis que transformó por completo la estructura de una de las principales cooperativas lácteas del país y que aún mantiene abiertos distintos frentes judiciales y económicos.
