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Estados Unidos dio un nuevo paso para fortalecer su industria de biocombustibles al lanzar un programa que otorgará mejores precios a los productores agrícolas que implementen prácticas de agricultura regenerativa. La medida fue impulsada por el presidente Donald Trump y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) con el objetivo de generar nuevos incentivos económicos para el sector agropecuario y ampliar el abastecimiento de materias primas destinadas a combustibles limpios. Según informó Clarín, la iniciativa busca combinar rentabilidad para los productores con una mayor competitividad de la bioeconomía estadounidense.
La decisión quedó formalizada mediante una Orden Ejecutiva firmada por Trump junto con la aprobación de la Norma sobre Materias Primas Regenerativas (Regenerative Feedstock Rule), presentada por la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins.
La nueva regulación establece un sistema que permitirá reconocer económicamente a los agricultores que adopten voluntariamente prácticas regenerativas y destinen sus cultivos a la producción de biocombustibles. El objetivo es que el mercado recompense esas prácticas mediante un valor diferencial para las materias primas.
"La norma del USDA sobre materias primas regenerativas anunciada hoy pone a los agricultores —y no a los burócratas de Washington— al mando. En lugar de imponer mandatos, estamos creando oportunidades de mercado. Los agricultores que decidan implementar prácticas regenerativas tendrán nuevas oportunidades para obtener precios superiores, reducir sus costos de insumos, mejorar la salud del suelo y fortalecer la rentabilidad a largo plazo de sus operaciones", afirmó Rollins.
La funcionaria agregó: "Esto es exactamente en lo que consiste la agenda ‘Estados Unidos Primero’ del presidente Trump: empoderar a agricultores y ganaderos, apoyar a las comunidades rurales, fomentar la reducción de costos de insumos, mejorar la rentabilidad agrícola, impulsar la agricultura regenerativa y contribuir a hacer que Estados Unidos vuelva a estar sano".
Según informó Clarín, la normativa crea un marco regulatorio para vincular las prácticas regenerativas con la cadena de suministro de maíz, soja, sorgo y canola de primavera, principales materias primas utilizadas para elaborar biocombustibles.
El sistema incorpora mecanismos de trazabilidad, auditorías, verificación documental y cálculo de la intensidad de carbono de los cultivos. Para facilitar ese proceso, el USDA también presentó una versión actualizada de su Calculadora de Intensidad de Carbono de Materias Primas, una herramienta que permitirá medir el impacto ambiental de distintas prácticas agrícolas.
Entre las acciones contempladas se encuentran los cultivos de cobertura, una mejor gestión de nutrientes, la siembra directa y otros sistemas de conservación del suelo que reducen emisiones y mejoran la productividad a largo plazo.
El Gobierno estadounidense sostiene que estas prácticas permitirán aumentar la competitividad del sector agropecuario sin recurrir a obligaciones regulatorias, sino mediante incentivos económicos que generen nuevas oportunidades comerciales para los productores.
Las cifras del USDA muestran el peso que tiene esta estrategia para la economía agrícola estadounidense. Cada año se destinan alrededor de 6.000 millones de bushels de maíz a la producción de etanol, mientras que otros 1.800 millones de bushels de soja se utilizan para fabricar biocombustibles.
Además, el organismo indicó que el 68% de los productores de maíz y el 70% de los productores de soja ya aplican al menos una práctica de agricultura regenerativa, por lo que espera una rápida expansión del programa.
La iniciativa también se apoya en el Programa Piloto de Agricultura Regenerativa, mediante el cual el USDA destinó 700 millones de dólares para promover prácticas que mejoren la salud del suelo, la calidad del agua y la productividad agrícola.
De acuerdo con los datos oficiales, el programa ya permitió elaborar más de 67.000 planes de conservación, abarcó más de 49 millones de acres y financió más de 1.500 contratos de conservación por un monto superior a 200 millones de dólares.
Con esta política, la administración Trump busca consolidar un mercado donde la agricultura regenerativa, la producción de biocombustibles y la rentabilidad de los productores avancen de manera conjunta, fortaleciendo el desarrollo de la bioeconomía estadounidense.
