Mendoza fortalece su institucionalidad minera para impulsar inversiones y desarrollo productivo

El Gobierno provincial activó el órgano consultivo previsto por la ley para fortalecer la transparencia y acompañar el crecimiento de la actividad minera

Mendoza fortalece su institucionalidad minera para impulsar inversiones y desarrollo productivo
jueves 02 de julio de 2026

Mendoza dio un nuevo paso en la consolidación de su esquema institucional para el desarrollo de la minería con la puesta en funcionamiento del Consejo de Minería, un órgano consultivo contemplado en el Código de Procedimiento Minero que tendrá intervención en distintos procesos administrativos y técnicos vinculados con la actividad. La primera reunión fue encabezada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto al subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, quienes destacaron el rol del organismo para fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia y la previsibilidad del sector.

La conformación del Consejo representa uno de los principales hitos de la reforma institucional impulsada por el Gobierno mendocino para modernizar el funcionamiento de la autoridad minera. Según explicaron las autoridades provinciales, el organismo permitirá sumar una instancia técnica y profesional en la evaluación de distintos procedimientos, aportando mayor legitimidad a las decisiones administrativas y generando un marco de mayor confianza para los actores vinculados a la actividad.

Durante el encuentro, Latorre sostuvo que la creación del Consejo constituye una herramienta clave para consolidar el nuevo esquema previsto en la legislación minera de la provincia. La funcionaria señaló que el organismo no solo fortalece los procedimientos establecidos por el Código de Procedimiento Minero, sino que también contribuye a ofrecer mayores garantías tanto a los titulares de derechos mineros como a la ciudadanía.

Mendoza fortalece su institucionalidad minera para impulsar inversiones y desarrollo productivo

La ministra explicó que uno de los objetivos centrales de la reforma normativa fue reducir los tiempos administrativos sin resignar controles ni mecanismos institucionales. En ese sentido, afirmó que el propósito es lograr procesos más ágiles que permitan acompañar el desarrollo de inversiones estratégicas, evitando al mismo tiempo la incorporación de trámites innecesarios que puedan afectar la competitividad del sector.

Según remarcó, el desafío consiste en equilibrar la eficiencia administrativa con reglas claras y previsibles para todos los actores involucrados. En esa línea, destacó que el fortalecimiento institucional busca generar condiciones favorables para la llegada de nuevas inversiones y facilitar la concreción de proyectos bajo criterios de transparencia y seguridad jurídica.

Un nuevo esquema institucional

La constitución formal del Consejo de Minería se enmarca en la implementación del nuevo modelo institucional establecido por la Ley 9529, que reorganizó el funcionamiento de la autoridad minera provincial. Bajo este esquema, la Dirección de Minería ejerce la primera instancia administrativa, mientras que el Consejo actúa como órgano de segunda instancia dentro del ámbito del Ministerio de Energía y Ambiente.

El procedimiento para designar a sus integrantes fue desarrollado conforme a la normativa vigente y al Decreto Reglamentario 2130/24. Desde el Gobierno provincial explicaron que el proceso buscó garantizar la participación de los distintos sectores vinculados con la actividad minera mediante un mecanismo transparente y abierto.

La selección contempló la convocatoria a entidades representativas, la presentación de postulaciones, la realización de sorteos certificados por escribano y la posterior verificación del cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ocupar cada cargo.

Como resultado, el Consejo quedó integrado por representantes provenientes de distintos ámbitos relacionados con la minería y su cadena de valor, incorporando perfiles especializados en derecho, ingeniería, geología y actividades de servicios vinculadas al sector, como la construcción.

La intención oficial es que esa diversidad de perfiles permita enriquecer el análisis técnico de los expedientes y aportar una visión multidisciplinaria en cada una de las intervenciones del organismo.

Mendoza fortalece su institucionalidad minera para impulsar inversiones y desarrollo productivo

Los integrantes del Consejo

En representación del sector jurídico fue designado como consejero titular Diego Eduardo Silvestre, mientras que la suplencia quedó a cargo de Florencia Victoria Sar-Sar.

Por el ámbito de las ciencias aplicadas a la minería, la consejera titular será Andrea Florencia Soledad Calderón, acompañada por Claudio Ángel David Dagne como suplente.

En tanto, por las cámaras empresarias y entidades vinculadas a la actividad minera fue nombrado como titular Raúl Gustavo Rivarola, con José Ángel Candeloro como consejero suplente.

Los integrantes ejercerán sus funciones durante un período de dos años y tendrán como una de sus primeras tareas la elaboración del reglamento interno que definirá la modalidad de funcionamiento del organismo. Ese documento deberá adecuarse a las disposiciones establecidas por la Ley 9003 de Procedimiento Administrativo.

Un paso para consolidar el desarrollo minero

La puesta en marcha del Consejo se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno de Mendoza orientada a fortalecer el marco institucional de la actividad minera en un contexto de creciente interés por proyectos vinculados a minerales estratégicos.

Desde la administración provincial consideran que contar con procedimientos más eficientes, acompañados por mayores garantías institucionales, puede contribuir a mejorar el clima para las inversiones y brindar previsibilidad tanto a las empresas como a las comunidades involucradas.

Con la primera reunión del organismo ya realizada, el Consejo de Minería inicia formalmente una nueva etapa dentro del esquema de gobernanza del sector, con el objetivo de aportar respaldo técnico a las decisiones administrativas y consolidar un modelo de gestión basado en la transparencia, la participación institucional y la seguridad jurídica.



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