Soja: ROSARIO
$475.000 0.00%
Maíz: ROSARIO
$264.900 -0.30%
Trigo: ROSARIO
$294.500 0.31%
La actualización de una ley que regula el ingreso de reproductores bovinos y ovinos a La Pampa abrió un fuerte debate entre el sector agropecuario y el Colegio Médico Veterinario provincial. Según informó Bichos de Campo, un proyecto presentado en la Legislatura propone modernizar la normativa vigente desde la década de 1990 para reforzar la certificación sanitaria y de aptitud zootécnica de toros y carneros que ingresen al territorio pampeano. Sin embargo, las entidades que integran la Mesa de Enlace provincial rechazaron la iniciativa al considerar que duplica controles ya existentes, incrementa la burocracia y podría derivar en nuevos costos para la actividad ganadera.
La discusión gira en torno a la actualización de la Ley 1489, conocida como Ley de Admisión, una normativa sancionada hace más de tres décadas que establece controles sanitarios y zootécnicos para los reproductores destinados a la producción ganadera.
De acuerdo con el proyecto impulsado por legisladores de distintos bloques, el objetivo es adecuar la legislación a los actuales sistemas de trazabilidad, digitalización y control sanitario.
No obstante, la propuesta generó un inmediato rechazo por parte de las principales organizaciones agropecuarias de la provincia.
La Sociedad Rural Argentina (SRA), CARBAP, Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, que integran la Mesa de Enlace pampeana, difundieron un comunicado conjunto en el que cuestionaron el alcance de la iniciativa.
Según publicó Bichos de Campo, las entidades sostienen que el proyecto incorpora nuevas exigencias administrativas sin aportar beneficios concretos para la sanidad animal.
Las organizaciones agropecuarias consideran que el sistema sanitario vigente ya contempla controles suficientes para garantizar la calidad de los reproductores.
En ese sentido, recordaron que los toros y carneros destinados a reproducción son sometidos a evaluaciones sanitarias, genéticas y reproductivas realizadas por veterinarios privados, asociaciones de criadores y organismos nacionales especializados.
Por esa razón, entienden que la nueva normativa generaría una superposición de requisitos.
En el documento difundido por la Mesa de Enlace provincial afirmaron que "la ganadería pampeana necesita simplificación, conectividad y verdadera unificación de trámites con los organismos nacionales bajo la Resolución 841/2025 de Senasa", según consignó Bichos de Campo.
Las entidades también señalaron que "no permitiremos que, bajo la loable bandera de la modernización tecnológica, se apruebe una ley que añade costos encubiertos y desalienta el comercio".
Además, solicitaron a los legisladores avanzar directamente con la derogación de la Ley 1489 en lugar de impulsar una actualización.
Uno de los principales cuestionamientos del sector productivo se relaciona con la posibilidad de que la futura reglamentación establezca aranceles para la prestación de nuevos servicios.
Aunque el proyecto menciona que la implementación tendría "costo cero", las entidades advierten que deja abierta la posibilidad de fijar valores para los llamados "servicios de valor agregado".
La preocupación radica en que la administración operativa del sistema quedaría bajo la órbita del Colegio Médico Veterinario de La Pampa, lo que, según sostienen los productores, podría traducirse en nuevas tasas para quienes comercialicen reproductores.
Los dirigentes rurales consideran que este escenario incrementaría los costos en una actividad que ya enfrenta elevados gastos sanitarios, logísticos y administrativos.
El debate sobre el futuro de la Ley 1489 no es nuevo.
Según recordó Bichos de Campo, durante 2025 el Gobierno de La Pampa impulsó un proyecto para derogar la normativa vigente al considerar que había quedado desactualizada y prácticamente había perdido aplicación.
Los datos oficiales indicaban que de los más de 11.000 toros comercializados anualmente en la provincia, apenas alrededor del 10% cumplía con los controles previstos por esa legislación.
En aquella oportunidad, la iniciativa oficial recibió el respaldo de la mayoría de las entidades agropecuarias, mientras que fue rechazada por el Colegio Médico Veterinario, que defendió la continuidad del sistema.
El nuevo proyecto representa un cambio de enfoque.
En lugar de eliminar la norma, propone modernizarla mediante nuevas herramientas de certificación y trazabilidad.
La iniciativa fue presentada por legisladores pertenecientes al oficialismo provincial, sectores de la Unión Cívica Radical y Comunidad Organizada.
Si bien el proyecto aún continúa en tratamiento legislativo, los impulsores consideran que la actualización permitirá mejorar la trazabilidad de los reproductores, fortalecer los controles sanitarios y brindar mayores garantías sobre la calidad genética de los animales que ingresan a la provincia.
Desde la perspectiva del Colegio Médico Veterinario, la certificación constituye una herramienta que aporta valor tanto para productores como para compradores, al respaldar el estado sanitario y reproductivo de los animales destinados a la producción.
Sin embargo, ese argumento no logra convencer a las organizaciones rurales, que sostienen que dichos controles ya son realizados bajo protocolos establecidos por Senasa y distintas asociaciones de criadores.
Uno de los ejes centrales de la discusión gira alrededor de la relación entre la futura ley provincial y la normativa nacional.
Las entidades agropecuarias sostienen que la Resolución 841/2025 de Senasa ya establece mecanismos de control sanitario y trazabilidad para el movimiento de reproductores.
Por ese motivo, consideran innecesario incorporar una segunda instancia de certificación exclusivamente para los animales que ingresen a La Pampa.
Según el sector rural, mantener criterios homogéneos en todo el país resulta fundamental para evitar diferencias regulatorias entre provincias y facilitar la comercialización de reproductores.
La controversia refleja un debate más amplio sobre cómo compatibilizar mayores niveles de control sanitario con procesos administrativos ágiles y costos competitivos.
Mientras algunos sectores consideran que la actualización de la legislación puede fortalecer la trazabilidad y la calidad de la producción ganadera, otros entienden que cualquier nueva exigencia debe evitar la duplicación de controles ya existentes.
La ganadería pampeana ocupa un lugar estratégico dentro de la producción bovina nacional y concentra una importante actividad vinculada a la venta de reproductores de alto valor genético.
Por ese motivo, las decisiones que adopte la Legislatura provincial podrían tener impacto sobre la dinámica comercial del sector.
El proyecto continuará siendo analizado por los diputados provinciales en las próximas semanas, mientras productores, veterinarios y legisladores mantienen posiciones contrapuestas respecto del futuro de la normativa.
La discusión pone nuevamente sobre la mesa uno de los principales desafíos para las políticas sanitarias del agro: lograr un equilibrio entre la mejora de los sistemas de control y la necesidad de evitar mayores costos y cargas administrativas para la producción.
