El Gobierno nacional comenzó a elaborar la reglamentación que acompañará la eventual adhesión de la Argentina al convenio UPOV 91, el tratado internacional que establece nuevas reglas sobre la propiedad intelectual de las semillas. Según informó Bichos de Campo, el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari, aseguró que la Secretaría de Agricultura ya trabaja en el diseño normativo ante la expectativa oficial de que el acuerdo sea aprobado por el Congreso antes de finalizar 2027. La iniciativa busca modernizar el sistema de protección de las obtenciones vegetales, aunque continúa generando diferencias entre el Gobierno y diversas entidades representativas del sector agropecuario.
Las declaraciones fueron realizadas durante una jornada organizada en la provincia de Salta por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA), donde el funcionario expuso los principales lineamientos que el Ejecutivo proyecta para la futura normativa.
Según explicó Famulari, la decisión de avanzar con la reglamentación responde al compromiso asumido por el Gobierno nacional en el marco de un acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos.
"El presidente (Javier Milei) firmó un convenio en EE.UU., que se ratificó en febrero (pasado), en el cual dice que la Argentina va a presentar la adhesión a UPOV 91 en el Congreso de la Nación antes de fin del año 2027", afirmó el titular del Inase, según publicó Bichos de Campo.
A partir de esa previsión, el organismo decidió comenzar el trabajo técnico previo para acelerar la implementación del nuevo esquema en caso de que el proyecto obtenga respaldo legislativo.
"Como creemos que (eso) va a suceder, desde la Secretaría (de Agricultura) estamos trabajando en la reglamentación de la nueva ley de semillas", sostuvo Famulari.

El convenio UPOV 91 constituye una actualización del sistema internacional de protección de variedades vegetales y amplía los derechos de los obtentores sobre las nuevas variedades desarrolladas mediante mejoramiento genético.
Su eventual incorporación al marco normativo argentino implicaría modificaciones importantes en la legislación vigente sobre semillas y propiedad intelectual.
No obstante, la propuesta continúa generando debate dentro de la cadena agroindustrial.
De acuerdo con la información publicada por Bichos de Campo, distintas entidades representativas del sector productivo manifestaron al Gobierno su desacuerdo con el esquema previsto por UPOV 91 y cuestionaron su implementación.
Entre los argumentos planteados figura que este modelo no se encuentra vigente en otros países de la región y podría generar cambios significativos en las condiciones de utilización de semillas por parte de los productores.
A pesar de esas diferencias, el Ejecutivo mantiene su intención de impulsar la aprobación parlamentaria del convenio.
En paralelo con la elaboración de la reglamentación, el Inase busca alcanzar consensos con los distintos actores vinculados al mercado de semillas.
Famulari confirmó que el organismo convocará a nuevas reuniones con representantes de toda la cadena para intentar acordar aspectos centrales de la futura reglamentación.
"De hecho, la semana que viene tenemos una reunión con todos los actores; no sé si es el sexto o séptimo intento de terminarlo y nunca se llegó a buen puerto. Y creemos que es por la falta de consenso", explicó.
El funcionario aseguró que el objetivo oficial consiste en construir una normativa que contemple las necesidades de obtentores, empresas semilleras y productores.
En ese sentido, sostuvo que "Va a ser una ley moderna, cercana a lo que hace el mundo, parecida a lo que hacen los países más modernos", en referencia al modelo regulatorio que impulsa el Gobierno.
Durante su exposición también abordó la situación del mercado de semillas de garbanzo, donde reconoció que la estrategia implementada por el organismo no produjo los resultados esperados.
"El esquema que aplicamos con garbanzo, basado principalmente en perseguir infracciones, no dio el resultado esperado. Aprendimos de esa experiencia", admitió.
Según explicó, uno de los principales problemas consistía en que muchos productores no disponían de variedades alternativas que permitieran reemplazar el material que ya utilizaban.
"El sector nos planteaba una pregunta muy válida: '¿Con qué reemplazo lo que hoy estoy usando?'. Si no existía una alternativa viable, el sistema terminaba generando un problema en lugar de una solución", afirmó.
Por ese motivo, el organismo pretende modificar el enfoque y avanzar hacia un esquema basado en la incorporación gradual de los productores al sistema formal de semillas.
"Queremos construir desde otro lugar. Queremos elaborar, junto con ustedes, un plan que permita incorporar progresivamente la mayor parte del sector al sistema formal", señaló Famulari.
Otro de los anuncios realizados durante la jornada estuvo relacionado con la posibilidad de facilitar el ingreso de cultivares extranjeros para determinadas producciones.
El funcionario explicó que la legislación vigente no permite crear registros paralelos para variedades provenientes del exterior, aunque sí existen alternativas para avanzar mediante procesos de evaluación.
"La ley no nos permite crear un registro paralelo para variedades extranjeras. Pero sí podemos trabajar juntos mediante ensayos y evaluaciones, para lograr que esos materiales alcancen los estándares necesarios y puedan incorporarse al sistema", indicó.
En materia de legumbres, el titular del Inase también propuso avanzar con la incorporación del poroto al sistema de declaración varietal hacia 2029 y establecer un esquema de fiscalización obligatoria a partir de 2031.
No obstante, aclaró que esas fechas constituyen únicamente una propuesta inicial destinada a abrir el debate dentro del sector.
"No hablamos de fechas rígidas. Es simplemente una propuesta para iniciar el debate", precisó.
El objetivo, explicó, es replicar la experiencia obtenida con otros cultivos donde la fiscalización permitió mejorar la calidad del material genético y ampliar las oportunidades comerciales.
"Me gustaría que, cuando lleguemos a 2031, alguien pueda responder sobre el poroto exactamente lo mismo que hoy escuchamos sobre la arveja: que la fiscalización mejoró la calidad, permitió ingresar a nuevos mercados, aumentó el rendimiento y generó un mejor precio", expresó.
Finalmente, Famulari insistió en que el organismo priorizará una transición gradual hacia el nuevo sistema.
"Nuestra propuesta es muy simple: primero ordenar y registrar; después fiscalizar. No queremos mirar hacia atrás. No queremos perseguir a quienes vienen trabajando de determinada manera", concluyó durante el encuentro organizado por CLERA.
Mientras el Gobierno avanza con el compromiso asumido de impulsar la adhesión a UPOV 91 antes de fines de 2027, el debate sobre el futuro de la legislación de semillas continúa abierto. La búsqueda de consensos entre el Estado, los obtentores y los productores será uno de los principales desafíos para definir un marco regulatorio que combine innovación, protección de la propiedad intelectual y desarrollo del sector agropecuario.