Panamá apuesta al control total de su estratégica red petrolera

Panamá inició el proceso para adquirir el 41% de las acciones privadas de Petroterminal de Panamá (PTP), una operación que permitirá al Estado convertirse en propietario del 100% de la compañía que administra una de las infraestructuras energéticas más importantes del país. La compra se financiará con los ingresos generados por la propia empresa y no requerirá recursos del Tesoro Nacional ni nueva deuda pública. Según informó Infobae, el Gobierno aún no dio a conocer el valor de la operación ni el plazo previsto para concretarla.

Actualmente, el Estado panameño posee el 59% de Petroterminal, mientras que el 41% restante pertenece a NIC Holding Corp., una empresa estadounidense con sede en Nueva York que desarrolló el proyecto y ha estado a cargo de la administración de la compañía desde sus inicios.

La adquisición se realizará mediante el ejercicio de una opción de compra prevista en la Cláusula Décima del Contrato de Asociación, aprobado originalmente por la Ley 30 de 1977 y posteriormente modificado. El Ejecutivo aclaró que la operación no constituye una expropiación, sino el cumplimiento de un mecanismo contemplado en el acuerdo firmado entre ambas partes.

El precio de las acciones será determinado mediante la fórmula establecida en ese contrato, tomando como referencia los estados financieros auditados de Petroterminal. De acuerdo con el Gobierno, este procedimiento garantiza una valuación objetiva y evita que el monto sea definido de manera discrecional.

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es el esquema de financiamiento. La administración del presidente José Raúl Mulino aseguró que la compra será cubierta con los flujos de caja generados por Petroterminal, sin afectar las cuentas públicas ni comprometer recursos destinados a programas sociales o inversiones estatales.

No obstante, todavía quedan interrogantes sobre la estructura financiera de la operación. El Gobierno no precisó cuánto tiempo se utilizarán los ingresos de la empresa para cancelar la compra ni cómo se distribuirán esos recursos entre el pago a los accionistas, las inversiones futuras y la operación cotidiana de la compañía.

Además del traspaso accionario, otro desafío será definir el modelo de gestión. Aunque Panamá controla actualmente la mayoría accionaria, la administración técnica de Petroterminal ha permanecido en manos de NIC Holding Corp. El Ministerio de Economía y Finanzas todavía no informó si la operación continuará bajo la conducción de la empresa privada, si será asumida por una entidad estatal o si se contratará un nuevo operador especializado.

Esta decisión será relevante porque Petroterminal administra una infraestructura estratégica para el comercio internacional de hidrocarburos. Su principal activo es el Oleoducto Transístmico, una tubería de 131 kilómetros que conecta el terminal de Chiriquí Grande, en la costa del Caribe, con Charco Azul, en la provincia de Chiriquí, sobre el océano Pacífico.

Gracias a esa infraestructura, el petróleo puede trasladarse entre ambos océanos sin necesidad de que los buques atraviesen las esclusas del Canal de Panamá, convirtiendo a Petroterminal en una plataforma logística clave para el comercio energético internacional.

Las instalaciones cuentan con una capacidad de almacenamiento cercana a 14,6 millones de barriles, mientras que millones de barriles de crudo son transportados cada mes a través del oleoducto con destino a mercados de Asia y la costa occidental del continente americano.

Según informó Infobae, el Gobierno considera que el control total de la empresa permitirá que todos los dividendos y beneficios económicos permanezcan en manos del Estado. La administración sostiene que esos recursos podrán destinarse a fortalecer los sectores energético, marítimo y logístico, además de consolidar la posición de Panamá como centro regional de transporte y almacenamiento de hidrocarburos.

El Ejecutivo también aseguró que la transición no afectará los puestos de trabajo, los contratos con proveedores ni la continuidad de los servicios prestados a los clientes. En ese sentido, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó: "Lo hacemos con estricto apego a la ley, a la responsabilidad financiera que exige la administración de los activos públicos y en armonía con los trabajadores, proveedores y accionistas".

La concreción de la operación abrirá una nueva etapa para Petroterminal. El principal desafío será mantener la eficiencia operativa y la competitividad internacional de una infraestructura considerada estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos, ahora bajo control completamente estatal.