Los productores bananeros de Salta y Jujuy expresaron su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de derogar dos resoluciones que durante décadas regularon el ingreso de bananas provenientes de determinados países y zonas con presencia de plagas cuarentenarias. La medida, adoptada esta semana en el marco del proceso de revisión y eliminación de normativa impulsado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, despertó fuertes críticas del sector, que advierte sobre posibles consecuencias sanitarias, económicas y laborales para una de las principales economías regionales del norte argentino.
La controversia surgió luego de que la cartera agropecuaria avanzara con un paquete de derogaciones de normas consideradas obsoletas o sin aplicación vigente, una iniciativa que el Gobierno fundamentó en la necesidad de simplificar el marco regulatorio y reducir cargas administrativas. Sin embargo, según publicó Bichos de Campo, los productores sostienen que entre las disposiciones eliminadas figuran herramientas que aún cumplían un rol estratégico para preservar el estatus sanitario de las zonas productoras de banana.
Las resoluciones cuestionadas son la 99/1994 y la 823/2006. La primera establecía restricciones al ingreso de bananas originarias de países donde existían determinadas plagas cuarentenarias, mientras que la segunda ampliaba los requisitos fitosanitarios para el ingreso y tránsito de fruta hacia las provincias de Formosa y Misiones.
Desde la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta y Jujuy señalaron que ambas normativas funcionaron durante más de tres décadas como una barrera sanitaria para proteger las plantaciones ubicadas en el Noroeste Argentino (NOA).
En un comunicado difundido por la entidad, los productores advirtieron que la eliminación de esas regulaciones podría facilitar el ingreso de bananas importadas desde zonas con presencia de enfermedades de alto impacto sanitario.
Según expresaron, si la decisión implica en la práctica una mayor apertura para el ingreso de fruta importada al NOA, el efecto sobre la actividad podría ser muy significativo.
El documento sostiene que esa situación pondría en riesgo miles de puestos de trabajo, inversiones productivas y el funcionamiento de toda la cadena de valor vinculada a la producción bananera en la región.
El principal temor del sector está relacionado con la posible introducción del Fusarium Raza 4 Tropical (R4T), también conocido como Mal de Panamá, considerado una de las enfermedades más destructivas para los cultivos de banana a nivel mundial.
José Luis Checa, presidente de la asociación que nuclea a los productores de Salta y Jujuy, manifestó su preocupación por el alcance de la medida.
En declaraciones citadas por Bichos de Campo, afirmó: "No gastan tiempo ni energía en saber qué están haciendo", al cuestionar la derogación de normas que, según el dirigente, continúan siendo necesarias para proteger la producción regional.
Checa explicó además que el Fusarium R4T ya se encuentra presente en países vecinos como Perú y Ecuador, por lo que considera indispensable mantener mecanismos preventivos que reduzcan el riesgo de ingreso de la enfermedad al territorio argentino.
El dirigente sostuvo que una eventual aparición de esa plaga tendría consecuencias muy difíciles de revertir para el sector bananero nacional.
Ante ese escenario, la entidad solicitó que el tema sea tratado con carácter urgente por parte del Gobierno nacional y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
En el comunicado, los productores reclamaron la realización de gestiones políticas y técnicas que permitan preservar la competitividad y la sustentabilidad de una actividad que genera empleo e inversiones en el norte del país.
Asimismo, remarcaron que otras economías regionales históricamente han contado con herramientas de protección sanitaria similares, por lo que consideran necesario mantener criterios equivalentes para la producción bananera.
De acuerdo con la información difundida, funcionarios del Gobierno de Salta tienen previsto mantener reuniones con autoridades nacionales durante los próximos días para analizar el alcance de la medida y evaluar alternativas que permitan revertir la derogación de las resoluciones.
No obstante, desde el sector reconocen que el escenario genera incertidumbre respecto de la posibilidad de modificar la decisión oficial.
La preocupación también se extiende al Noreste Argentino (NEA), otra región donde la producción de banana constituye una actividad relevante.
El presidente de la filial Laguna Naineck de la Federación Agraria Argentina, Pánfilo Ayala, expresó su inquietud por las consecuencias que podría tener una flexibilización de los controles sanitarios.
En declaraciones reproducidas por Bichos de Campo, Ayala aseguró: "Me sorprende y me duele muchísimo saber que se ha liberado el ingreso de fruta desde el exterior, poniendo en riesgo el estatus sanitario nuestro. No puedo entender lo que se está haciendo".
El dirigente recordó que Argentina mantiene actualmente un estatus sanitario favorable frente a enfermedades como la Sigatoka Negra, una patología que obliga a realizar numerosas aplicaciones fitosanitarias en los países donde está presente.
Según explicó, conservar esa condición representa una ventaja productiva y económica para los establecimientos nacionales.
Los productores consideran que la prevención sanitaria constituye uno de los principales activos de la actividad bananera y advierten que perder ese estatus implicaría un aumento significativo de los costos de producción.
La preocupación sanitaria se suma a un contexto económico complejo para las economías regionales.
El sector bananero enfrenta desde hace varios años un escenario marcado por el incremento de los costos de producción, la presión inflacionaria, dificultades de rentabilidad y una creciente competencia de fruta importada.
En ese marco, las entidades sostienen que la eliminación de mecanismos de protección sanitaria podría profundizar las dificultades que ya atraviesan los productores locales.
Para las organizaciones del sector, la discusión no se limita únicamente a una cuestión comercial, sino que involucra la preservación del patrimonio sanitario construido durante décadas mediante controles fitosanitarios, inversiones públicas y privadas y el trabajo coordinado entre organismos oficiales y productores.
Mientras avanzan las gestiones para revisar la decisión, el debate vuelve a poner sobre la mesa el desafío de compatibilizar los procesos de simplificación normativa con la necesidad de mantener herramientas que garanticen la sanidad vegetal y la competitividad de las economías regionales.
Desde las entidades bananeras aseguran que continuarán impulsando reuniones con autoridades nacionales para buscar una solución que preserve las condiciones sanitarias del NOA y del NEA, al considerar que se trata de un aspecto central para el futuro de una actividad que genera empleo, arraigo e inversión en el norte argentino.