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El Gobierno de La Rioja tomó una decisión concreta frente al avance del sobreendeudamiento y a las situaciones de abuso que atraviesan muchas familias al momento de acceder a créditos para afrontar gastos cotidianos.
En un contexto en el que cada vez más personas recurren al endeudamiento para cubrir alimentos, medicamentos, servicios y otras necesidades básicas, el gobernador Ricardo Quintela firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece nuevas herramientas de protección, control y acompañamiento para las personas usuarias de créditos de consumo.
La medida parte de una definición política clara: la necesidad de una familia no puede convertirse en una oportunidad para el abuso. Cuando una persona accede a un préstamo condicionada por una situación económica urgente, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar reglas claras, transparencia y condiciones que no vulneren sus derechos.
El DNU crea un régimen provincial específico que fortalece la intervención estatal frente a prácticas abusivas, establece mayores exigencias de información para quienes otorgan créditos, incorpora mecanismos de registro y fiscalización y habilita instancias de conciliación para abordar situaciones de endeudamiento que se hayan vuelto insostenibles.
Asimismo, se declara por 180 días la emergencia económica, crediticia y social vinculada a las operaciones de crédito para consumo y se disponen medidas transitorias orientadas a facilitar la revisión y refinanciación de obligaciones, procurando evitar daños económicos y sociales irreparables para las familias.
Desde el Gobierno provincial se remarcó que la medida no implica desconocer deudas ni afectar la actividad financiera legítima, sino intervenir frente a situaciones de abuso, falta de transparencia o condiciones desproporcionadas que terminan comprometiendo seriamente los ingresos de los hogares.
“Cuando una familia se endeuda para sostener necesidades básicas, no puede quedar sola frente a condiciones abusivas. El Estado tiene que estar presente para proteger el salario, cuidar los ingresos familiares y garantizar que ninguna situación de necesidad sea utilizada para someter o perjudicar a las personas”, es el principio que orienta la decisión adoptada por el Ejecutivo provincial.
Con este DNU, el Gobierno de La Rioja reafirma una política de defensa de las familias riojanas y de presencia activa del Estado frente a las consecuencias sociales de la crisis económica, colocando en el centro la protección de los ingresos, la dignidad de las personas y el derecho a acceder a relaciones de consumo justas y transparentes.
