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Córdoba busca ampliar las inversiones industriales y la generación de empleo mediante un nuevo régimen de incentivos enviado por el gobernador Martín Llaryora a la Legislatura provincial. El proyecto propone exenciones impositivas de hasta 15 años, estímulos para pymes que incorporen trabajadores, beneficios para modernización tecnológica y herramientas de financiamiento destinadas a empresas que inviertan o amplíen su producción.
La iniciativa crea el Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo y busca reunir en un único esquema las normas de promoción industrial vigentes. El objetivo es simplificar el acceso a los beneficios y establecer un marco común para nuevas industrias y empresas que ya producen en Córdoba.
El régimen general contempla exenciones del 100% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario durante 10 años para los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos.
El período podría extenderse hasta 15 años para inversiones localizadas en zonas del noroeste y el sur provincial contempladas en la iniciativa, así como para empresas que se radiquen en parques industriales. La extensión busca orientar nuevas inversiones hacia áreas consideradas estratégicas y fortalecer los polos industriales.
La propuesta también incorpora incentivos específicos para la modernización de las plantas productivas. Las empresas podrán presentar proyectos relacionados con inversiones en maquinaria, equipos y otros activos destinados a la producción.
Otro de los ejes será la incorporación de tecnologías de Industria 4.0. Para las pymes, el régimen contempla inversiones vinculadas con inteligencia artificial, fabricación aditiva y otros sistemas tecnológicos aplicados a los procesos industriales.
Las pequeñas y medianas empresas tendrán además un esquema simplificado. Estará destinado a compañías cuyos ingresos brutos anuales no superen los $4.500 millones, un límite que amplía el universo de firmas que podrían acceder a herramientas de promoción industrial.
Para obtener la exención de Ingresos Brutos sobre su actividad industrial, estas empresas deberán concretar inversiones en activos fijos equivalentes, como mínimo, al 1,2% de la base imponible provincial de esa actividad correspondiente al año anterior. El beneficio no abarcaría las operaciones realizadas con consumidores finales.
La creación de empleo también forma parte del esquema. El proyecto prevé para las pymes una asignación estímulo para capacitación por cada nuevo trabajador incorporado a jornada completa y por tiempo indeterminado.
El beneficio será equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante un año. Para los proyectos alcanzados por los incentivos incrementales, el período se ampliaría a dos años.
Los parques y áreas industriales que funcionen bajo una forma jurídica propia también quedarían incluidos en el nuevo marco, con beneficios impositivos durante cinco años.
A los incentivos fiscales se sumaría la posibilidad de establecer líneas especiales de crédito con tasas preferenciales o subsidiadas para financiar proyectos comprendidos en el régimen.
La propuesta apunta así a combinar alivio impositivo, financiamiento, incorporación tecnológica y estímulos al empleo para acompañar tanto la radicación de nuevas industrias como la ampliación de empresas existentes. La actualización de los incentivos industriales ya había formado parte de la agenda entre el Gobierno provincial y representantes del sector fabril.
Los beneficios otorgados bajo las normas actuales conservarían sus condiciones y plazos. Si la Legislatura aprueba el proyecto, el nuevo régimen comenzaría a regir el 1 de enero de 2027 y tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2036.
