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Misiones reafirmó su posición en defensa de la Ley de Tierras durante una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en la que el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán, planteó la necesidad de mantener herramientas de regulación sobre la propiedad rural. El debate adquiere especial relevancia para la provincia porque cinco de sus 17 departamentos superan el 15% de tierras en manos extranjeras, una situación que, según el Gobierno provincial, requiere medidas de ordenamiento territorial y protección de recursos estratégicos.
Durante el encuentro, los representantes del organismo acordaron convocar a una asamblea extraordinaria para el 13 de octubre, con el objetivo de definir una posición institucional frente a los cambios introducidos en la Ley Nº 26.737.
La discusión se produce en un contexto de diferencias sobre el alcance de las regulaciones aplicables a la propiedad extranjera de tierras rurales y las atribuciones del Estado para establecer restricciones.
Misiones sostiene que estas herramientas resultan especialmente importantes por sus características geográficas, productivas y ambientales.
Más del 90% de los límites territoriales de la provincia son internacionales, una condición que la vincula directamente con Brasil y Paraguay y que, de acuerdo con la administración provincial, vuelve estratégica la planificación del uso del suelo.
El Gobierno misionero considera que la regulación de la tierra rural no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de las inversiones y las operaciones inmobiliarias, sino también en relación con la soberanía, la producción y la conservación ambiental.
La Ley Nº 26.737 establecía que las personas físicas y jurídicas extranjeras no podían superar el 15% de la titularidad de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y departamental.
Además, disponía que una misma nacionalidad no podía concentrar más del 30% de ese cupo y fijaba restricciones sobre la superficie que podía adquirir un único titular extranjero.
La normativa también contemplaba condiciones especiales para inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera y terrenos que contuvieran o limitaran con cuerpos de agua de importancia y carácter permanente.
Para Misiones, uno de los principales argumentos a favor de mantener estos controles surge de la distribución territorial de las propiedades rurales.
Aunque el porcentaje provincial de tierras extranjerizadas se encuentra por debajo del 15%, cinco departamentos superan ese umbral.
Se trata de Iguazú, Montecarlo, Eldorado, General San Martín y Concepción, donde la concentración de propiedades extranjeras presenta una situación diferente del promedio provincial.
El caso más significativo es el departamento Iguazú, que registra 114.406 hectáreas en manos extranjeras, equivalentes a casi el 40% de su superficie rural.
Este nivel de concentración constituye uno de los principales fundamentos utilizados por las autoridades provinciales para plantear la necesidad de conservar mecanismos de regulación.
En localidades como Puerto Libertad, la disponibilidad y distribución de tierras también influye sobre las posibilidades de expansión urbana, construcción de viviendas y desarrollo industrial.
Desde la perspectiva provincial, la concentración territorial puede generar dificultades para planificar el crecimiento de las ciudades y definir nuevos espacios destinados a actividades económicas.
Por ese motivo, el Gobierno de Misiones sostiene que el ordenamiento territorial requiere instrumentos que permitan compatibilizar la propiedad privada con las necesidades de desarrollo de cada comunidad.
La posición provincial también incorpora una dimensión ambiental vinculada con las características naturales de la región.
Misiones concentra importantes superficies de bosques, cursos de agua y biodiversidad, recursos que forman parte de ecosistemas compartidos con territorios de Brasil y Paraguay.
Esta condición fronteriza implica que determinadas actividades productivas y transformaciones ambientales pueden tener consecuencias más allá de los límites políticos de cada país.
En ese marco, Recamán planteó que las decisiones sobre la propiedad y utilización de tierras rurales deben contemplar sus posibles efectos sobre los recursos naturales.
El funcionario sostuvo que el Estado necesita conservar capacidades de planificación y regulación cuando están involucrados territorios con relevancia ambiental, productiva o estratégica.
La discusión también alcanza a las posibilidades de desarrollo económico provincial, especialmente en zonas donde la disponibilidad de suelo condiciona la instalación de nuevas actividades.
El Gobierno misionero considera necesario establecer un equilibrio entre la llegada de inversiones, el aprovechamiento productivo de la tierra y la preservación de espacios de importancia ambiental.
La postura presentada ante el COFEMA se relaciona con la decisión de Misiones de recurrir a la Justicia tras la derogación de la Ley de Tierras.
El gobernador Hugo Passalacqua había expresado la posición provincial respecto de la necesidad de proteger el territorio, teniendo en cuenta su ubicación fronteriza y la presencia de recursos naturales estratégicos.
La administración provincial busca preservar herramientas que permitan intervenir en la planificación territorial y establecer condiciones para la utilización de tierras rurales.
La próxima asamblea extraordinaria del COFEMA será una instancia para que las jurisdicciones analicen los cambios normativos y definan una posición conjunta sobre el tema.
El organismo reúne a representantes ambientales de las provincias y constituye un espacio de coordinación de políticas vinculadas con los recursos naturales y la gestión ambiental.
En este contexto, Misiones busca incorporar al debate federal las particularidades de sus departamentos fronterizos, donde la concentración de tierras extranjeras supera los parámetros establecidos originalmente por la legislación.
La discusión sobre la Ley de Tierras vuelve a poner en agenda la relación entre propiedad rural, inversiones, soberanía y planificación territorial.
Para la provincia, el objetivo es mantener instrumentos que permitan acompañar el desarrollo productivo sin perder capacidad de regulación sobre espacios considerados estratégicos para su futuro económico y ambiental.
