Los drones agrícolas ampliaron su uso en la pulverización de cultivos, pero el crecimiento plantea desafíos de capacitación, seguridad aérea y regulación. En una entrevista publicada por Bichos de Campo , Gustavo Marón, abogado aeronáutico y representante legal de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca), sostuvo que la expansión tecnológica debe acompañarse con formación y controles adecuados.
Según la nota, la superficie aplicada con drones pasó de 50.000 a 2 millones de hectáreas en apenas dos años. Marón consideró que la velocidad de adopción superó la capacidad de adaptación de los mecanismos de control y resumió su diagnóstico con una frase: “No saben que no saben, están en la peor ignorancia”.

Marón planteó que el riesgo no proviene necesariamente de la tecnología en sí, sino de las condiciones en que se incorpora y de la preparación de quienes la operan. También cuestionó la expectativa de que los drones sean, por definición, una alternativa sin problemas ambientales o de seguridad.
“Un piloto de dron no solo tiene que ser un chico con capacidad para mover los dedos, para mantener estable una máquina, sino que tiene que ser un gestor de las plagas y un conocedor del producto que se aplica”, explicó. Para el especialista, el operador necesita conocimientos que exceden el manejo del equipo y abarcan el objetivo agronómico y el producto utilizado.
El abogado señaló que en el sector participan muchos jóvenes y que una de las principales deficiencias es la capacitación a gran escala. Su planteo se vincula con la calidad de la aplicación y con las consecuencias que puede tener una operación incorrecta sobre el ambiente y la aceptación social de la actividad.
La seguridad operacional es otra preocupación central del sector aeronáutico. Marón comparó los requisitos aplicados a la aviación tradicional con el tratamiento normativo de los drones, y afirmó que estos últimos quedan comprendidos en la categoría abierta de la nueva reglamentación. A su entender, ese esquema genera un desequilibrio en las exigencias y puede comprometer la seguridad.
“La seguridad operacional es que un avión no trague un dron. Hay que tener en claro que el que se va a morir es el piloto. Estas son cosas duras, pero hay que decirlas”, expresó. La advertencia apunta al riesgo de interacción entre aeronaves tripuladas y drones en el espacio aéreo.
La escala de los equipos también cambió. De acuerdo con la fuente, los drones de mayor capacidad pueden cargar hasta 150 kilos, una magnitud comparable con la de algunos aviones agrícolas de las décadas de 1960 y 1970. El crecimiento de la capacidad operativa vuelve más relevante la discusión sobre la formación de pilotos y las reglas de uso.
El debate no se limita a los accidentes. Marón sostuvo que todavía falta una normativa clara para la actividad de pulverización con drones. Los aeroaplicadores también advierten que una mala aplicación puede generar daños ambientales y afectar la legitimidad pública de toda la actividad.
Marón participó del primer Congreso Internacional de Drones celebrado en Tucumán, donde fue convocado a exponer sobre los desafíos legales y regulatorios. Su presencia respondió a su función como representante legal de Fearca, pese a provenir del ámbito aeronáutico tradicional, que ha mantenido diferencias con el sector de drones.
El especialista valoró el acercamiento entre ambas ramas y describió el objetivo del diálogo: “el diálogo busca ecualizar, para evitar que a uno se le exija todo y al otro nada”. La discusión, según planteó, debería incluir también a la ingeniería agronómica y al ambientalismo.
Su propuesta no apunta a descartar la tecnología. “Hay que trabajar mucho en esto y apostar al diálogo y la concientización, sin negar en absoluto que esto es el futuro”, afirmó. El desafío consiste en acompañar la expansión de los drones agrícolas con operadores preparados, criterios de aplicación responsables y un marco regulatorio que atienda los riesgos de la actividad.