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La Cámara de Diputados de la Nación continúa el debate sobre la nueva Ley de Biocombustibles, luego de que legisladores de distintos bloques reclamaran modificaciones para fortalecer la participación de las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel. Durante una reunión conjunta de las comisiones de Energía, Presupuesto y Agricultura, realizada en el Congreso, el proyecto que cuenta con media sanción del Senado no logró obtener dictamen, debido a las diferencias sobre las condiciones de competencia y el período de transición previsto para el sector.
La iniciativa busca actualizar el marco regulatorio de los biocombustibles, ampliar los porcentajes de mezcla obligatoria y generar condiciones para nuevas inversiones. Sin embargo, el tratamiento legislativo enfrenta posiciones diferentes entre representantes de Buenos Aires, Córdoba, las provincias productoras de bioetanol y el Gobierno nacional.
Uno de los principales puntos de discusión es la situación de las pymes de biodiésel no integradas, que actualmente cuentan con una reserva de mercado y que, según el proyecto aprobado por el Senado, deberán competir bajo nuevas condiciones una vez finalizada la transición prevista para 2036.
Los diputados bonaerenses Victoria Tolosa Paz, Karina Banfi y Eduardo Falcone coincidieron en solicitar modificaciones destinadas a contemplar la situación de estas empresas.
Tolosa Paz planteó la importancia de establecer mecanismos que permitan preservar la continuidad de las plantas productivas.
“En el capítulo de las empresas no integradas de biodiesel, debemos garantizar que no haya ninguna planta que cierre”, afirmó.
Por su parte, Falcone advirtió que la reforma podría colocar a las pequeñas empresas en una situación de competencia desigual frente a grandes compañías que también participan en la provisión de materias primas.
El legislador señaló que existen 25 pymes que podrían verse alcanzadas por estas nuevas condiciones y reclamó herramientas que contemplen sus características productivas.
Banfi también manifestó su preocupación por el impacto que podría tener el nuevo régimen sobre las empresas bonaerenses y los puestos de trabajo vinculados con la actividad.
La legisladora sostuvo que el tratamiento parlamentario debe considerar las necesidades de los distintos sectores que integran la cadena de valor de los biocombustibles.
Desde el Gobierno nacional, el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Veller, defendió la posibilidad de avanzar con el texto aprobado por el Senado, pese a reconocer que el Poder Ejecutivo mantiene diferencias con algunos de sus contenidos.
“El Poder Ejecutivo no se siente cómodo con estos cambios, pero no hay espacio para nuevos cambios. Se ha llegado al punto de máximo acuerdo posible”, sostuvo.
El funcionario explicó que la propuesta es resultado de aproximadamente dos años de negociaciones con empresas elaboradoras, asociaciones industriales, refinadoras, productores agropecuarios, fabricantes de motores y representantes provinciales.
Veller consideró que el proyecto representa una actualización del régimen vigente y destacó su potencial para promover nuevas inversiones.
“Esta ley impulsa nuevas inversiones, asociaciones, reconversión de la industria, innovación, y tiene una previsibilidad de 15 años”, afirmó.
También señaló que el nuevo esquema permitiría incrementar los porcentajes obligatorios de mezcla y reducir la discrecionalidad en la regulación del mercado.
Actualmente, la Ley 27.640 establece un corte obligatorio de biodiésel del 5%, con la posibilidad de reducirlo al 3% bajo determinadas condiciones.
Según el funcionario, el proyecto busca generar un sistema más competitivo y facilitar el aprovechamiento de la capacidad productiva disponible.
Respecto del período de adaptación para las empresas de biodiésel, Veller sostuvo que debe tener una duración limitada para permitir la implementación del nuevo modelo.
“La transición (para el biodiesel) tiene que ser acotada, no tiene que constituirse en un rediseño permanente, porque de otra manera se desnaturaliza el espíritu del proyecto”, explicó.
Mientras tanto, los representantes de Córdoba impulsan la aprobación de la reforma por las oportunidades que podría generar para la industria del bioetanol.
El diputado Carlos Gutiérrez cuestionó que la reunión parlamentaria finalizara sin dictamen y expresó su preocupación por la demora en el tratamiento.
También participaron del debate los legisladores cordobeses Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, quienes acompañan las gestiones para avanzar con el proyecto.
Desde Provincias Unidas, su presidenta de bloque, Gisela Scaglia, destacó la necesidad de impulsar una legislación que permita ampliar los cortes obligatorios y fortalecer la actividad productiva.
“Yo prefiero esta ley a quedarnos en la nada y seguir con la ley vigente, que al final del día es el negocio de unos pocos”, expresó.
El proyecto también recibió el respaldo de representantes de provincias azucareras, donde el bioetanol constituye una actividad relevante para las economías regionales.
Entre quienes acompañaron la iniciativa se encuentran María Inés Zigarán, de Jujuy, y los diputados tucumanos Gladys Medina y Federico Pelli.
Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, planteó la posibilidad de continuar buscando acuerdos que permitan contemplar las necesidades de los diferentes sectores productivos.
El legislador advirtió que cualquier modificación deberá considerar el tratamiento posterior del proyecto en el Senado, dado que la iniciativa ya cuenta con media sanción de esa cámara.
En ese contexto, sostuvo que existen oportunidades para alcanzar un entendimiento que incorpore las distintas posiciones.
“Es probable que los acuerdos alcanzados en la Cámara de Senadores no alcancen para terminar de incorporar a todos los actores productivos”, señaló.
La discusión refleja los desafíos de actualizar la legislación de biocombustibles en un sector donde conviven grandes industrias, pequeñas empresas y diferentes economías regionales.
El nuevo marco normativo busca promover inversiones, ampliar la producción de biodiésel y bioetanol y generar condiciones de mayor previsibilidad para la actividad.
Sin embargo, la falta de dictamen mantiene abierto el debate parlamentario y obliga a continuar las negociaciones entre los distintos bloques.
El desafío será alcanzar un acuerdo que permita avanzar con la reforma, contemplar la situación de las pymes y fortalecer el desarrollo de los biocombustibles en Argentina.
