La adhesión de la Argentina al convenio internacional UPOV-91 volvió al centro del debate sobre propiedad intelectual de semillas luego de que la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) reclamara que el Gobierno impulse el envío y la aprobación legislativa de la iniciativa. Según publicó TN el 29 de octubre, la entidad considera que el marco puede favorecer inversiones, el acceso a tecnología y la productividad agropecuaria.
Alejandro Díaz, director ejecutivo y CEO de AmCham Argentina, sintetizó la posición de la cámara: “Aprueben UPOV-91, la ley de patentes de los 90 es razonable. Ese sería el mejor escenario para nuestras empresas”.
El debate por el uso propio de semillas
El planteo se inscribe en las diferencias entre la industria semillera y las organizaciones de productores por la actualización de la Ley de Semillas. Uno de los puntos centrales es el uso propio de variedades autógamas, como soja y trigo: bajo el esquema vigente descripto por la fuente, los productores pueden volver a sembrar parte de la semilla cosechada sin pagar derechos al obtentor.
UPOV-91 establece reglas internacionales para proteger los derechos de quienes desarrollan nuevas variedades vegetales. De acuerdo con la información difundida por AmCham, el convenio fue adoptado por más de 60 países y contempla un plazo mínimo de protección de 20 años desde la concesión de esos derechos.
La cámara empresaria sostiene que una mayor protección de la propiedad intelectual puede incentivar la inversión en investigación y desarrollo, facilitar la llegada de innovaciones y contribuir a mejorar los rendimientos. En su planteo, los efectos potenciales no se limitarían a soja y maíz: también podrían alcanzar a producciones como algodón, garbanzo y trigo.
El compromiso asumido con Estados Unidos
Díaz recordó que la adhesión a UPOV-91 forma parte de los compromisos asumidos por la Argentina con Estados Unidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI). Según explicó, el país debe presentar ante el Congreso una propuesta de adhesión antes de diciembre de 2027. “El Gobierno argentino tiene tiempo suficiente para presentarlo”, afirmó.
El directivo también señaló que un eventual incumplimiento deberá analizarse dentro de la relación bilateral. Sobre ese punto, expresó: “Es uno de los compromisos que asumieron, con lo cual después se verá en el proceso qué compromisos de ese ARTI no se cumplen y cuáles, de alguna manera, son los impactos que van a tener en la relación bilateral”.
Los antecedentes legislativos y regulatorios
AmCham mencionó otros movimientos vinculados con la propiedad intelectual. Entre ellos, la derogación en junio de la Resolución 283/2015, que imponía criterios restrictivos para las invenciones biotecnológicas. La entidad también destacó que la Cámara de Diputados aprobó en agosto, con modificaciones, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que quedó pendiente de tratamiento en el Senado.
A esos antecedentes sumó el refuerzo de los controles del Instituto Nacional de Semillas (INASE). Para la cámara, la reforma de la Ley de Semillas debería ser compatible con UPOV-91 y garantizar el plazo mínimo de protección previsto por el convenio. También cuestionó que se habilite un régimen de uso propio que, a su criterio, debilite los derechos de los obtentores.
La posición de AmCham es que el Poder Ejecutivo no debería limitarse a presentar el proyecto, sino que tendría que trabajar para conseguir su aprobación. La entidad propuso priorizar el debate durante las sesiones ordinarias y, si fuera necesario, aprovechar eventuales sesiones extraordinarias entre diciembre y febrero. El calendario legislativo y las elecciones presidenciales de 2027 forman parte de las variables que, según la cámara, podrían reducir las oportunidades de tratamiento.
El reclamo empresario no elimina las diferencias con las entidades de productores sobre el alcance del uso propio ni anticipa el resultado parlamentario. La adhesión a UPOV-91 y la reforma de la legislación local siguen siendo asuntos sujetos a discusión y decisión institucional.
