La formalización laboral en el agro fue el eje de un encuentro realizado el 30 de octubre de 2026 en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde dirigentes gremiales, representantes empresarios y economistas analizaron una propuesta para vincular el empleo registrado con una eventual reducción de los derechos de exportación. La iniciativa fue presentada por Martín Redrado, presidente de Fundación Capital, a pedido de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Según publicó TN Campo, el planteo busca ampliar la base tributaria y sostener la baja de retenciones sin comprometer el equilibrio fiscal.
Una propuesta que vincula empleo y política tributaria
La jornada, titulada “Trabajo rural registrado para abrir mercados de exportación”, reunió a representantes de distintos eslabones de la cadena agroindustrial. Participaron José Voytenco, secretario general de la UATRE; Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina; Martín Redrado, presidente de Fundación Capital; Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales; Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC; Abel Guerrieri, presidente del RENATRE; y Sebastián Senesi, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
El estudio de Redrado comparó la evolución productiva argentina entre 2007 y 2025 con la de Brasil, Paraguay y Uruguay. Según su diagnóstico, la Argentina quedó rezagada frente a sus vecinos por un esquema de incentivos que no impulsó un crecimiento sostenido.
Como antecedente, la exposición señaló que entre 2008 y 2025 las retenciones llegaron a reducirse 67%, mientras la informalidad laboral creció de manera sostenida. A partir de esa relación, la propuesta plantea que la reducción de los derechos de exportación y una mayor estabilidad macroeconómica podrían mejorar la rentabilidad y generar condiciones para reinvertir en formalización laboral y tecnológica.
El argumento fiscal sostiene que incorporar trabajadores al empleo registrado ampliaría la base imponible y ayudaría a sostener una reducción de retenciones. Se trata de una propuesta: no se informó una medida oficial aprobada ni un cronograma de implementación.
Trazabilidad y exigencias de los mercados externos
El debate incluyó las exigencias de los mercados internacionales en materia de trazabilidad, cumplimiento laboral y sustentabilidad ambiental. La registración de los trabajadores fue presentada como un requisito relevante para acreditar esas prácticas.
Voytenco sostuvo: “La formalización laboral, la trazabilidad y la sustentabilidad exigen que todos los actores estemos sentados en la misma mesa”. El dirigente también vinculó el empleo registrado con la competitividad de las exportaciones y afirmó: “No hay sostenibilidad sin trabajo digno. Cuidar a los trabajadores y registrarlos no es un costo, es el motor que da sostenibilidad fiscal al sector y nos abre las puertas del mundo”.
Durante el encuentro se mencionó el Reglamento Europeo de No Deforestación (EUDR). La normativa de la Unión Europea comenzará a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para operadores medianos y grandes, mientras que para la mayoría de los micro y pequeños operadores la fecha será el 30 de junio de 2027. Existen excepciones para micro y pequeñas empresas alcanzadas por la normativa europea sobre madera. El alcance concreto depende del tipo de operador y del producto comprendido.
La fuente mencionó la articulación mediante el sistema SISA de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y acuerdos de VISEC, RENATRE y CRISOL para aportar información verificable sobre cumplimiento laboral y facilitar la debida diligencia que solicitan compradores internacionales.
Un debate entre competitividad y formalidad
La jornada reunió a representantes gremiales, empresarios y técnicos para debatir la inserción internacional, los incentivos a la inversión, el empleo rural, la trazabilidad y la sustentabilidad.
La iniciativa de Fundación Capital propone que una mejora en la rentabilidad empresarial acompañe la expansión del empleo registrado. Sus promotores sostienen que la ampliación de la base imponible permitiría compatibilizar una menor presión sobre las exportaciones con el equilibrio de las cuentas públicas. El planteo, sin embargo, continúa en el plano de la propuesta debatida por los actores sectoriales.
El desafío para la cadena agroindustrial será traducir esos objetivos en instrumentos concretos, con reglas previsibles y mecanismos que permitan verificar el cumplimiento laboral y ambiental. La jornada cerró con un consenso entre los participantes sobre la necesidad de integrar tecnología, formalidad, sustentabilidad y estabilidad fiscal para fortalecer la competitividad del sector.
