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La Cámara de Representantes de Misiones aprobó por unanimidad una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua, que amplía las facultades de auditoría y fiscalización sobre 16 empresas y sociedades con participación estatal provincial y municipal. La nueva normativa busca fortalecer la transparencia en la administración de recursos públicos, establecer mecanismos de control externo y ampliar las obligaciones de rendición de cuentas ante la Legislatura.
La iniciativa contó con el respaldo de todos los bloques legislativos, tanto oficialistas como opositores, y representa una actualización del marco normativo que regula la supervisión de las entidades vinculadas con el Estado provincial.
La modificación establece que el Tribunal de Cuentas de Misiones tendrá atribuciones explícitas para examinar las operaciones financieras, revisar documentación respaldatoria y fiscalizar la utilización de recursos administrados por empresas públicas y sociedades con participación estatal.
Hasta ahora, algunas de estas organizaciones no estaban contempladas expresamente dentro del régimen de auditoría externa debido a sus características jurídicas y a las transformaciones que experimentó la estructura empresarial provincial.
Con la nueva legislación, las facultades de fiscalización se extenderán a entidades que desarrollan actividades vinculadas con la energía, el agua, las telecomunicaciones, la industria, la tecnología, los servicios financieros y la producción.
Entre las 16 empresas y sociedades alcanzadas se encuentran Energía de Misiones, Aguas Misioneras, Biofábrica Misiones, Silicon Misiones, Marandú Comunicaciones, Parque Industrial, Mercado Central y Fondo de Créditos Misiones.
También estarán comprendidas Fiduciaria Misiones, MisioPharma, Multimedios, Sociedad del Conocimiento, IPLyC, IPLyC Confort, Créditos y Servicios, el Ex Banco Provincia de Misiones y el Instituto Provincial del Seguro, incluidas las entidades que se encuentran en proceso de liquidación.
La incorporación de estas organizaciones permitirá ampliar el alcance del control externo sobre la administración de fondos públicos, independientemente de la figura societaria utilizada por cada entidad.
El nuevo esquema contempla la revisión de operaciones económicas, documentación contable y procedimientos administrativos, de acuerdo con las competencias legales del organismo fiscalizador.
Además, establece que el Tribunal de Cuentas deberá presentar anualmente a la Cámara de Representantes los resultados de las auditorías realizadas, lo que permitirá fortalecer el seguimiento legislativo de la gestión de las empresas alcanzadas.
Esta obligación incorpora una instancia de información institucional destinada a facilitar el ejercicio de las funciones de control de la Legislatura provincial.
El gobernador Hugo Passalacqua destacó la aprobación de la iniciativa y valoró el acompañamiento de los distintos sectores políticos.
“Esto representa un paso fundamental hacia una mayor transparencia y apertura en el manejo del dinero del pueblo misionero, cuya auditoría ahora estará en manos de un órgano de control externo, autónomo e independiente. Seguiremos trabajando en acciones concretas para brindar respuestas a nuestra gente: para quienes asumimos la responsabilidad de gobernar, rendir cuentas a diario es una convicción irrenunciable”, aseguró.
La reforma responde a la necesidad de adaptar la legislación a las transformaciones de la estructura empresarial del Estado provincial, que durante las últimas décadas incorporó sociedades anónimas, empresas estatales y organizaciones con participación pública mayoritaria.
Estas figuras jurídicas permiten desarrollar actividades económicas y productivas bajo diferentes modalidades de administración, por lo que la actualización normativa busca establecer criterios explícitos de fiscalización para las entidades comprendidas.
La legislación también contempla que las nuevas atribuciones de auditoría se ejerzan sin modificar necesariamente las estructuras societarias ni las funciones operativas de las empresas.
De esta manera, las organizaciones podrán continuar desarrollando sus actividades habituales dentro de un marco de supervisión externa ampliado.
La aprobación unánime constituye otro aspecto relevante del proceso legislativo, ya que permitió incorporar aportes de diferentes bloques y alcanzar un acuerdo sobre la ampliación de los mecanismos institucionales de control.
La normativa, conocida como Ley Passalacqua de Transparencia, comenzará a regir el 1 de enero de 2027, cuando entren en vigencia las nuevas facultades de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
A partir de su implementación, las empresas y sociedades alcanzadas quedarán sujetas al esquema de auditoría establecido por la reforma, mientras que el organismo deberá informar periódicamente los resultados de su trabajo a la Legislatura.
Con esta modificación, Misiones actualiza su sistema de control sobre las empresas con participación estatal y establece nuevas herramientas institucionales para supervisar la administración de recursos públicos y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
