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La transición energética y el desarrollo de industrias verdes en América Latina requieren nuevas estrategias para transformar los recursos financieros disponibles en inversiones productivas concretas. Este fue uno de los principales ejes del encuentro internacional sobre Transiciones Verdes, organizado por Fundar y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, donde representantes de bancos de desarrollo, organismos internacionales y el sector privado analizaron los desafíos para financiar proyectos energéticos e industriales.
El evento reunió a más de 70 especialistas, funcionarios y referentes de siete países latinoamericanos, con el objetivo de identificar oportunidades de crecimiento vinculadas con las energías renovables, la minería, la transformación industrial y las nuevas regulaciones ambientales.
Durante las jornadas, los participantes coincidieron en que uno de los principales desafíos no radica únicamente en conseguir financiamiento, sino en desarrollar las capacidades necesarias para que esos recursos lleguen a proyectos viables y generen resultados económicos.
La discusión puso especial atención en la necesidad de fortalecer las instituciones, mejorar la planificación de las inversiones y construir políticas públicas que permitan aprovechar las oportunidades de la transición energética.
El economista de la CEPAL y exdirector financiero del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Fernando García Díaz, destacó que la disponibilidad de recursos naturales no garantiza por sí sola el desarrollo económico.
“No hay ninguna chance de que la exportación de materias primas se transforme en desarrollo económico si no logramos desarrollar encadenamientos productivos”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que América Latina necesita políticas de desarrollo productivo, infraestructura y consensos sociales para transformar sus ventajas naturales en nuevas capacidades industriales.
El planteo apunta a que los países de la región puedan ampliar su participación en las cadenas de valor internacionales y generar oportunidades económicas más allá de la exportación de materias primas.
Por su parte, Luis Godoy, representante de Open Society Foundations en México, señaló que existen dificultades institucionales y operativas que retrasan la implementación de proyectos financiados con recursos climáticos.
El especialista explicó que muchas organizaciones y organismos públicos carecen de las capacidades necesarias para ejecutar los fondos disponibles de manera eficiente.
Frente a este escenario, destacó que Open Society Foundations está orientando parte de sus esfuerzos a acompañar a los Estados en el diseño y la implementación de políticas de industrialización verde.
La estrategia también contempla el respaldo a universidades, centros de investigación y organizaciones que participan en la elaboración de propuestas vinculadas con la transformación productiva.
Otro de los temas centrales fue la necesidad de revisar los criterios utilizados para asignar financiamiento a los proyectos de desarrollo.
La exsecretaria de Cambio Climático de la Nación, Cecilia Nicolini, planteó que resulta fundamental analizar quiénes toman las decisiones de inversión, cómo se distribuyen los recursos y qué sectores reciben los beneficios económicos.
También sostuvo que los organismos multilaterales deben recuperar un papel activo en el financiamiento de iniciativas productivas y considerar impactos que trasciendan la rentabilidad financiera.
Desde esta perspectiva, el debate sobre la industrialización verde incluye no solo la incorporación de tecnologías más sostenibles, sino también la posibilidad de generar empleo, desarrollar proveedores y ampliar las capacidades productivas de los países.
En representación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Susana Edjang destacó que la acción climática puede convertirse en una oportunidad para mejorar la competitividad regional.
La funcionaria explicó que el 40% de las operaciones de financiamiento de CAF se destina a proyectos verdes, con especial atención a las energías renovables, la electrificación, la seguridad alimentaria, la movilidad y los minerales críticos.
La entidad cuenta con distintas herramientas financieras destinadas a facilitar el desarrollo de iniciativas vinculadas con la sostenibilidad.
Entre ellas se encuentran instrumentos de deuda soberana asociados con resultados ambientales y mecanismos que permiten mejorar las condiciones de financiamiento de determinados proyectos, incluso mediante beneficios sobre las tasas de interés.
Estas herramientas buscan facilitar el acceso al capital y ampliar las posibilidades de inversión en sectores considerados estratégicos para la transformación económica.
La participación del sector privado también ocupó un lugar destacado en el encuentro.
Juliana Salles Almeida, especialista líder en cambio climático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentó datos sobre la evolución del financiamiento climático en América Latina.
Según explicó, los flujos de financiamiento climático hacia la región se duplicaron, al pasar de US$ 54.000 millones a US$ 108.000 millones entre 2020 y 2024.
Sin embargo, señaló que el 70% de esos recursos provino del sector público, lo que evidencia el desafío de incrementar la participación de las inversiones privadas.
La discusión reflejó la necesidad de desarrollar instrumentos que permitan distribuir riesgos, mejorar las condiciones de acceso al crédito y generar proyectos capaces de atraer capital.
Para los especialistas, la combinación de financiamiento público, inversión privada y políticas industriales puede contribuir a acelerar el desarrollo de nuevas actividades económicas vinculadas con la transición energética.
El encuentro también permitió analizar el papel que pueden desempeñar la minería, las energías renovables y las cadenas industriales en la transformación productiva de América Latina.
La región dispone de recursos naturales relevantes para el desarrollo de tecnologías energéticas, pero enfrenta el desafío de incorporar mayor valor agregado y fortalecer sus capacidades empresariales.
En ese contexto, la articulación entre organismos internacionales, gobiernos, entidades financieras y compañías privadas aparece como una herramienta para transformar las oportunidades ambientales en proyectos productivos.
El debate desarrollado en Buenos Aires dejó planteada una prioridad para la agenda regional: convertir el financiamiento climático en inversiones concretas que impulsen la competitividad, la innovación industrial y el desarrollo económico de América Latina.
