La plataforma **Visec Carne** quedó en el centro de una controversia entre Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y frigoríficos exportadores. La entidad denunció que algunos establecimientos industriales condicionan la compra de hacienda y aplican descuentos a productores que no están registrados en el sistema. El planteo fue difundido por Agrofy News el 10 de noviembre de 2026.
A través de una carta pública, Adrián Luna Vázquez, secretario de CRA, cuestionó que la inscripción en una plataforma privada se convierta en una condición para comercializar animales o acceder al precio habitual de la hacienda.
La discusión está vinculada con el Reglamento 2023/1115 de la Unión Europea, que establece requisitos para determinados productos que ingresen a ese mercado. Entre ellos se encuentra la necesidad de demostrar que provienen de tierras que no fueron objeto de deforestación después del 31 de diciembre de 2020 y cumplir con obligaciones de trazabilidad y diligencia debida.
Según sostuvo el dirigente rural, la normativa europea no obliga a los productores argentinos a registrarse en Visec ni establece una plataforma privada como único mecanismo de validación.
En ese sentido, afirmó: “El reglamento, aplicable desde el 30 de diciembre de 2026, pone la diligencia debida en cabeza de los operadores que introducen los productos en el mercado europeo. No obliga al productor argentino a inscribirse en Visec, no la designa autoridad de validación ni crea un sistema privado único. Europa exige información. No exige Visec”.
CRA también cuestionó que los frigoríficos utilicen su posición de compra para trasladar al productor los costos o las condiciones de un esquema de certificación. La entidad comparó la situación con los mecanismos diferenciados aplicados en el mercado de soja, donde —según señaló— se reconocieron premios, mientras que en el caso de la carne los productores enfrentarían descuentos.
Otro de los puntos planteados por la organización se relaciona con las competencias de las provincias para validar información sobre los establecimientos rurales. CRA consideró que una plataforma privada no debe reemplazar las atribuciones de las autoridades públicas provinciales.
Además, objetó el acuerdo entre Visec y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) para emitir una constancia de legalidad laboral. En su presentación, la entidad recordó que las facultades de inspección corresponden al Estado, de acuerdo con la Ley 25.877.
La organización también expresó reparos sobre el tratamiento de los datos personales y la Ley 25.326, al considerar cuestionable que el consentimiento para ceder información pueda quedar condicionado por la posibilidad de comercializar hacienda.
Como alternativa, CRA propuso que el Estado nacional y las provincias desarrollen herramientas públicas de validación, y mencionó experiencias de Paraguay, Brasil, Uruguay y el sistema santafesino.
La entidad no descartó impulsar acciones ante Defensa de la Competencia por los condicionamientos comerciales denunciados. El conflicto abre una discusión sobre cómo organizar la certificación de la cadena de carne bovina para cumplir con las exigencias internacionales, sin establecer mecanismos exclusivos que, según CRA, puedan trasladar nuevas obligaciones económicas a los productores.
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