Entidades reclaman por reglas claras en la aplicación de agroquímicos

E

ntidades agropecuarias emitieron un documento conjunto en el que reclaman por “reglas y procedimientos claros” para superar los conflictos judicializados en lo que respecta a la aplicación de agroquímicos.

El reclamo se da luego de que el juez de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, embargara en cinco millones de pesos a cuatro productores con campos en el partido de Pergamino por un presunto delito ambiental con agroquímicos.

Vale recordar que, en agosto del año pasado, una medida judicial del mismo juez prohibió la aplicación a 1.095 metros de un límite urbano en la ciudad, lo que afectó a más de cien productores en más de 6.000 hectáreas, según detallaron las entidades.

“Otro hecho de extrema gravedad es el procesamiento por el citado juzgado por violación de la ley de residuos peligrosos a un productor, ingeniero agrónomo matriculado, por infringir en 10 metros el área de exclusión en un lote adyacente a la localidad de Peña. Habiendo procedido conforme a todas las normas regulatorias y reglamentarias nacionales y locales en materia de aplicaciones (fumigaciones), cumpliendo con todas las exigencias vigentes como el aviso previo a la aplicación a realizar y la emisión y envío de la correspondiente receta agronómica exigida, resultó que a pesar de ello, fue procesado por presunta contaminación ambiental, al aplicarle otra legislación ajena al caso, como es la Ley Nacional 24.051 de residuos peligrosos “Anexo I”, que no legisla sobre la práctica de aplicación de productos fitosanitarios, sino sobre la disposición de residuos que se consideran peligrosos”, manifestaron.

Asimismo, las organizaciones recalcaron que “la legislación específica que rige la actividad de aplicación es la Ley Provincial 10.699/88, su Decreto reglamentario 499/91 y demás normas locales”.

En este sentido, hicieron pública su preocupación ante la posible expansión de esas medidas judiciales. “Estos graves hechos puntuales nos llevan a reflexionar, junto con toda la ciudadanía, que estamos frente a una amenaza de expansión de este tipo de medidas judiciales”, advirtieron.

Además, en el documento destacaron que relevamientos de la Universidad de Buenos Aires efectuados en Pergamino y en otras localidades del norte bonaerense “muestran que muestran que si bien son detectados la mayoría de los agroquímicos utilizados, los niveles encontrados en suelos, aguas y en la sangre de las personas están muy por debajo de los límites o valores críticos establecidos en la mayor parte de los países del mundo”.

En esa línea, subrayaron que “están dadas todas las condiciones para producir en forma sustentable, con toda la tecnología disponible, sin afectar el medio ambiente, ni la salud de las personas”.

Por último, sostuvieron que “para superar este tipo de conflictos se requiere de reglas y procedimientos claros que delimiten las obligaciones y responsabilidades, para garantizar los derechos de todos los sectores de la sociedad, en el marco de una justicia que vele por su cumplimiento”.

Las entidades que firmaron el documento son: la Asociación de Ingenieros Agrónomos del norte de la provincia de Buenos Aires (Aianba); la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap); la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerenses (Cedasaba); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); la Federación Agraria Argentina filial Pergamino; Grupo CREA Arroyo del Medio; Grupo CREA Pergamino; Regional Aapresid Pergamino-Colón; y la Sociedad Rural de Pergamino.