La Unión de Emprendedores de la República Argentina (UERA) impulsa un proyecto de ley para la reactivación económica y laboral. El plan incluye la asistencia a comercios, emprendedores y pequeñas y medianas empresas del país para superar la grave crisis que atraviesan. El proyecto de ley, que ya fue presentado en el Congreso de la Nación, busca el apoyo tanto del oficialismo como de la oposición.
Partiendo de la alarmante situación que atraviesa el sector debido a la crisis económica y sanitaria, la entidad apartidaria empezó a buscar aliados en los despachos de senadores y diputados. Tras un encuentro con el diputado nacional Jorge Enríquez (Juntos por el Cambio), comenzaron a analizar casos de éxito en otros países para proteger al pequeño empresario o comerciante. “Cuando empezamos a ver los grandes focos de COVID-19 en Italia y España, supimos que, tarde o temprano, el virus iba a llegar a la Argentina y empezamos a analizar el impacto que creíamos que iba a tener en el país”, subraya Rodolfo Llanos, presidente de la UERA.
El equipo comenzó a trabajar en la redacción de medidas urgentes ante un momento de catástrofe, como una “pequeña” protección impositiva, la posibilidad de incorporar personal a su estructura laboral y de abrir las puertas a grupos vulnerables, y el desarrollo de las economías regionales. “Con estas cuestiones en mente, empezamos a analizar diferentes clústers de producción en cada provincia para tratar de protegerlos, de incentivar que nuevas empresas se radiquen ahí”, agrega Llanos.
El proyecto de ley ya cuenta con el apoyo del senador nacional Juan Carlos Marino (UCR) y busca ganar consenso en espacios de la oposición y el oficialismo.
El proyecto
Entre los puntos más salientes, se destacan las siguientes acciones:
- Generación de nuevos empleos y registro de empleos informales.
- Promoción de emprendimientos productivos, cualquiera sea su forma.
- Generación de nuevas MiPyMEs y regulación de las existentes.
- Recuperación de emprendimientos productivos que cesaron en su giro comercial.
- Creación de incentivos para el desarrollo de la economía informal.
- Mejora en las condiciones del giro comercial de los emprendimientos productivos mediante la eximición temporaria de gravámenes impositivos y cargas sociales.
