l Gobierno nacional renovó el 15 de julio de 2020 la lista de productos con precios máximos establecidos, esto se dio para evitar el desfasaje de costos entre los comercios en medio de la pandemia por el coronavirus. Sin embargo, desde el 20 de marzo – fecha en que comenzó la cuarentena – en San Juan Defensa al Consumidor labró más de 30 actas de infracción y la mitad corresponde a almacenes de barrio, mientras que la otra parte se divide entre mercados y mayoristas.
De acuerdo al relevamiento que realizó este organismo, uno de los motivos que exponían los almaceneros es que los productos tenían un incremento debido a que se los compraban a preventistas, pero muchas veces esa situación no la podían poner como excusa porque no tenían el comprobante. Sostenían que estas personas no les emitían factura por los productos adquiridos.
“Los comerciantes deben entender que la factura es un derecho que ellos tienen. Esta es la única forma de zafar de las multas. En ese caso, no apuntábamos contra el negocio, sino contra el proveedor”, explicó Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor.
Uno de los ejemplos que brindó el funcionario fue el precio de la azúcar de una determinada marca que se encontraba con el tope de precio. En este caso, y luego de algunas inspecciones, notaron que si bien en el listado figuraba con un valor máximo de $56, en distintos comercios la vendían en $58 o $60. Ese exceso no se debió a los preventistas, sino que ahí los almaceneros cargaron las tintas contra los mayoristas. Aseguraron que cuando iban a esos establecimientos se encontraban con el precio tope ya aplicado, entonces para generar ellos un margen de ganancias decidían subir el valor del producto.
“Si bien algunos lugares no cumplían con el tope establecido, tampoco había un gran exceso en el costo. Al hacer las averiguaciones en los mayoristas que señalaron, notamos lo que nos plantearon por lo cual los intimamos a que regularizaran esa situación teniendo como base que debían retrotraerse al precio que tenían hasta el 6 de marzo”, comentó Pérez.
Para solucionar ese desfasaje de precios, los inspectores pidieron hacer valer la Resolución 102. Por esa normativa se le pidió a cada uno de los mayoristas que exhiban una declaración jurada con los precios de los productos que mantenían con precios máximos de marzo del 2020. Siguiendo con el ejemplo de la azúcar, se dieron cuenta que hasta esa altura estaba en $53, por lo que se les pidió que la llevara a ese valor.
“No hemos ido tan fuerte porque entendíamos la situación complicada que estábamos atravesando. A los almacenes los visitábamos más frecuentes antes de multarlos, en el caso de los grandes mayoristas era después del plazo de intimación”, precisó el funcionario.
Para garantizar los precios máximos en los productos, desde Defensa al Consumidor se previeron dos formas de hacer los controles. Por un lado, se abocó personal del organismo para controlar a los supermercados y grandes cadenas. En cuanto a los almacenes de barrio y negocios pequeños se destinó al personal de las distintas municipalidades.
Defensa al Consumidor le advierte al comerciante sobre el desfasaje de precio. De ahí se le labra un acta de constatación con el producto que no cumple con el precio establecido y se le da un plazo de entre 5 a 10 días para que lo corrija. En el caso de pasar ese tiempo y no hubo modificación se lo sanciona.
“Los productores son los mayores formadores de precios”, esa fue la premisa que le decían los mayoristas a los inspectores de Defensa al Consumidor. Por este motivo, desde el organismo enviaron a Nación un pedido para que se controle más a los productores. Si bien Pérez señaló que hubo un relajamiento por parte de los mayoristas, también entendió que muchos estaban presionados por el precio que les venía desde el sector productivo.
Son 50 los inspectores que se encargan de controlar los precios en San Juan.
Huarpe