Escuchamos con preocupación las declaraciones del presidente de la Nación sobre "tierras improductivas". En su alocución, el primer mandatario alude a este tema tan central de manera genérica y vaga, sin distinción de ubicación, propietarios o características socioeconómicas; toca esta cuestión, pero lo hace sin cifras, sin fundamentos y sin mapeo alguno, como si la tierra fuera solo una “cosa”, sin considerar la función social que debe tener. Desde la Federación Agraria Argentina venimos sosteniendo que hay que debatir la tierra pensando en: ¿para qué?, ¿para quiénes?, ¿para cuántos?
Queremos recordarle al señor Presidente que los agricultores y ganaderos que laboramos la tierra no la tenemos para especular. La tenemos y la queremos (porque muchos no pueden acceder a ella) para trabajar, producir alimentos, bienes y servicios, en síntesis, para producir desarrollo.
Cabe señalar que han desaparecido 81.000 chacareros en los últimos 16 años. Y eso no son fríos números. Son personas que se vieron obligadas a irse del campo porque su producción no les alcanzaba para subsistir, porque no tenían infraestructura y/o servicios para vivir dignamente. Es decir que fue una salida forzada por la falta de políticas públicas adecuadas. Debe quedar claro que quienes trabajamos en el campo lo hacemos sobrellevando el sacrificio que debemos afrontar de trabajar con heladas, lluvias, sequias, nevadas, estar lejos de un centro urbano, no tener caminos para que acceda una ambulancia, para que los niños lleguen a la escuela, ni hablar de tener señal en el teléfono o internet. Y toda esa carga la afrontamos y la sobrellevamos los que vivimos todos los días de nuestra tierra.
Las tierras improductivas son porque se fomenta la concentración económica en grandes grupos que no son agricultores. Son especuladores en general, muchos devenidos “terratenientes” desde la política. Por eso discutimos ¿quiénes queremos trabajar la tierra?, ¿para qué? ¿cuántos?
También queremos recordarle al señor Presidente que está vigente la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, que contempla un Banco de Tierras Fiscales (del Ejercito, ferrocarriles y otros), que nunca ha sido reglamentada. Por eso, a tantos años de su sanción, sigue siendo inaplicable. De hecho, el 8 de septiembre pasado, en Olivos, el presidente Fernández anunció que reglamentaría esa Ley tan ansiada por tantos argentinos. Hoy, nueve meses después, nada se ha cumplido. Ni siquiera está hecho el primer paso del relevamiento de tierras fiscales disponibles.
Por eso le decimos, señor Presidente, que existen herramientas vigentes y ya aprobadas, que solo requieren su decisión política e impulso para llevarlas a la realidad. Para que los agricultores tengan acceso a la tierra y al arraigo, necesitamos decisión política y más gestión; menos frases hechas dichas ligeramente al aire y más conocimiento del territorio. Menos slogans que no quedan claro en qué sentido van y más políticas públicas adecuadas, largamente demoradas y tremendamente necesarias.
Sobre este punto, el presidente de nuestra entidad, Carlos Achetoni, expresó lo que todos sentimos: “Existe entre nosotros una gran preocupación, porque se habla mucho del acceso a la tierra para muy pocos, pero nada se dice o se hace por el egreso de la tierra de los 5000 productores que desaparecen por año y que se profundiza día a día. Al Presidente le hemos pedido reiteradamente, en base a nuestros estudios y nuestra experiencia (compartida con otros países de la región) para que se avance en la creación de un Banco de Tierras y en la Reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, como un camino serio y respetuoso de los derechos existentes, para ayudar a quienes lo necesitan y no fomentar fantasías ilegales en momentos de tanta incertidumbre” y agregó: “Somos parte del Consejo de Agricultura Familiar, participamos activamente, pero las soluciones no aparecen. Mientras tanto, a cada rato nos encontramos con declaraciones de este tipo, realizadas por los más altos funcionarios del gobierno nacional, que sueltas serían anécdotas, pero vistas en conjunto nos ubican en un contexto cada día más confuso, incierto y preocupante”.
Respecto al derecho constitucional de propiedad, Achetoni aseguró: "Repudio totalmente las declaraciones del presidente Fernández por livianas, poco claras, pues cuestionan un derecho constitucional consagrado en un modelo de país republicano, federal y democrático. El problema habitacional argentino no tiene nada que ver con falta de espacio para construir viviendas dignas, sino con la falta de decisión política de hacer bien las cosas. Estos dichos de manera desordenada, confusa, sin fundamentos, no hace más que generar incertidumbre jurídica entre quienes tienen propiedades. Los pequeños y medianos productores estamos luchando para no ser excluidos del sistema productivo, y de nuestro lugar de arraigo a raíz de una política concentradora, de asfixia fiscal, inequitativa, y estas declaraciones del Presidente no hacen más que generar mayor incertidumbre y malestar entre quienes luchamos día a día para salir adelante con nuestras familias, trabajando por nuestro futuro y por el de todo el país, produciendo los alimentos que nuestro país y el mundo necesita, mientras el gobierno nos da la espalda o nos castiga”.
FAA
