Nadie puede ni debe sentirse dueño de lo que es de todos

Mis responsabilidades como legisladora provincial hacen que pase menos tiempo del que quisiera en Necochea pero, como estoy en contacto permanente con los vecinos, me vienen alertando que en el Parque Miguel Lillo se están llevando a cabo actividades de raleo, de poda indiscriminada, apertura de caminos y cesión de espacios a diversas instituciones, sin que la comunidad en su conjunto esté debidamente informada, lo que yo interpreto que constituye un desconocimiento o lisa y llanamente una violación de la legislación vigente por parte de las actuales autoridades municipales que son las que implementan esas agresivas acciones en nuestro hermoso parque.

Nadie puede ni debe sentirse dueño de lo que es de todos. Los espacios públicos son propiedad de toda la comunidad. Por eso presenté un proyecto de Ley en la Legislatura Provincial declarando al Parque Miguel Lillo como PATRIMONIO CULTURAL y a su arbolado como BIEN PÚBLICO, a fin de protegerlo, preservar sus especies y generar una política integral de cuidado del medio ambiente que contribuya a que tomemos cabal conciencia de la responsabilidad ciudadana en este tema.

Nuestra Constitución Nacional establece con claridad en su artículo 41 el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y equilibrado, así como la responsabilidad de los gobernantes en proteger ese medio ambiente y de las actuales generaciones cuidarlo para permitir que las futuras generaciones gocen ese mismo derecho.

Además, existe la Ley 10.419 de 1986, en la que se creó la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación, entendiendo que en la preservación del medio ambiente y del patrimonio común, tiene un rol fundamental la educación y la formación de las jóvenes generaciones.

En mi proyecto de Ley, pongo a ese organismo creado por la mencionada ley como Autoridad de Aplicación y con todas las facultades para hacer cumplir toda la legislación previa y la que estamos proponiendo en materia de preservación del patrimonio cultural de la provincia.

El Parque Miguel Lillo es obra del ingenio humano, dirigida y ejecutada por el ingeniero Edgar Gatti y sus colaboradores; constituyendo, de manera paradigmática y concluyente, el más claro ejemplo de integración y complementariedad entre el mar argentino y la ciudad de Necochea.

Nuestro parque se erige como patrimonio cultural no solo del Distrito, sino de toda la provincia toda; reclamando a la presente generación, desde lo profundo de su ser, el cumplimiento de la manda constitucional de fomento y protección a lugares como el que nos ocupa.

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece, en su Artículo 44, como responsabilidad del Estado preservar, enriquecer y difundir su patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y urbanístico, destacando las realizaciones del pueblo que afirmen su identidad regional, provincial y nacional, generando ámbitos de participación comunitaria.

Por otra parte, la ciencia nos muestra fehacientemente, especialmente en las últimas décadas, cuan dependiente es nuestro planeta de la existencia y conservación de la flora en general y de los árboles en particular.

No se trata ya, de una cuestión entre opuestos antitéticos, como se presentaban desde los grandes medios, en el pasado reciente, algunas “causas ambientales”, sino de tomar conciencia como sociedad y estado, en torno a la imperiosa necesidad de preservar nuestros árboles y demás plantas.

¡Qué mirada anticipatoria tenían hombres de la talla del ingeniero Edgar Gatti! Fue él quien, a partir del cumplimiento de su deber de funcionario, pudo llevar a cabo, juntamente con sus colaboradores, la inmensa tarea de forestar miles y miles de metros cuadrados, pensando en la construcción de una barrera natural contra la erosión eólica, así como también en la creación de un espacio público para su uso y goce por parte de las generaciones futuras.

Hoy resulta imperioso que los bonaerenses, funcionarios o no, valoremos a empresas como estas, realizadas verdaderamente “contra viento y marea” por gobiernos NACIONALES Y POPULARES.

Que no se diga, desde la banca o desde el llano, que resulta mera casualidad la instalación del Puente Colgante Hipólito Yrigoyen bajo el segundo mandato del nombrado, así como la expropiación e inicio de ejecución de la obra de Gatti bajo las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón.

Los gobiernos del pueblo se reconocen por sus frutos y son estos dos ejemplos, entre tantos, representativos de la importancia en la mancomunión entre los poderes nacionales, provinciales y locales, para el logro de elevados fines públicos.

Nuestro Parque Miguel Lillo ocupa una superficie de más de 600 hectáreas, en las cuales predominan bosques, pastizales, arbustales, dunas y acantilados. Constituye sin dudas un bien público integrante del patrimonio ambiental y cultural de nuestra comunidad, por lo que su defensa y conservación es indispensable, en beneficio directo de la calidad de vida de nuestro distrito, así como un bien turístico insoslayable para goce de quienes nos visitan.

Numerosas leyes y decretos regulan las condiciones para el buen uso y protección del patrimonio cultural y ambiental de la provincia. Sin embargo, las autoridades municipales actuales hacen caso omiso a las mismas, asumiendo un rol que excede al gobierno municipal y que pone en riesgo un bien que es de toda la comunidad y no de unos pocos.

En el año 2003, la Universidad Nacional de La Plata y la Municipalidad de Necochea suscribieron un convenio, estableciendo cuatro etapas continuas y secuenciales de trabajo en el Parque Miguel Lillo, el cual constituyó una herramienta esencial para la toma de decisiones sobre el tema.

Como espacio verde público, el Parque Miguel Lillo actúa a favor de la calidad de vida de la población, cumpliendo un papel estabilizador del sistema ambiental a través de la depuración del aire, la morigeración de la contaminación sonora y atmosférica, la absorción del agua de lluvia, como fuente de sombra y reparo contra vientos, abrigo de los pájaros y poseedor de un valor ornamental y paisajístico, todo lo cual le otorga un valor social, cultural y patrimonial incalculable.

Como dije al principio, nadie puede ni debe sentirse dueño de lo que es de todos. Los espacios públicos son propiedad de toda la comunidad y es responsabilidad de toda la comunidad defender y proteger el patrimonio común.

(*) NATALIA SÁNCHEZ JAUREGUI es necochense y Diputada Provincial por Unión por la Patria.

El Agrario