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La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron su profunda preocupación por las expresiones de autoridades políticas relativas a la reciente decisión judicial de primera instancia sobre el caso Vicentin.
"Es imperativo que se respeten todos los procedimientos legales y la división de Poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. Violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y asimismo, aleja las inversiones en el país", consigna el comunicado de CIARA-CEC.
Desde CIARA y CEC se consideran que las recientes medidas judiciales pueden tener consecuencias en la estabilidad laboral y eso deteriorar las condiciones de funcionamiento de toda la industria, en un momento de debilidad macroeconómica, fuerte caída de la industrialización y exportación por la sequia y tensiones sociales de público conocimiento.
"Si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industria", advierten.
"Se ruega a las autoridades nacionales y provinciales que eviten politizar las decisiones judiciales que no están en firme y que se abstengan de emitir mensajes que pueden ser interpretados como riesgo laboral para las familias de la industria aceitera nacional", agregó la Cámara que representa gran parte de las exportaciones argentinas.
Días atrás, el Consejo Regional del Norte Santafesino (CORENOSA) alertó sobre el impacto de la decisión del juez Fabián Lorenzini: "Coloca a la Sociedad y a las miles de familias que trabajan directa o indirectamente en Vicentin peligrosamente cerca de una quiebra".
A lo que apuntan es que Lorenzini rechazó las Impugnaciones al Acuerdo presentadas por 5 acreedores (cuatro del Estado y un privado, que representan el 13% del pasivo), pero también la Homologación de la propuesta aceptada por más de 1.000 acreedores (63% de las cápitas y 73% del capital).
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