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Colombia fijó la reglamentación para que indígenas, campesinos y otras minorías establezcan comunidades de generación y comercialización de energías renovables, la cual permite que desarrollen los proyectos en conjunto con empresas privadas o el sector público, informó el ministerio de Minas y Energía.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro propone una transición energética para abandonar la dependencia de los combustibles fósiles y diversificar su matriz de generación de energía eléctrica del país, que está dominada en más del 70% por hidroeléctricas.
Menos del 1% de la generación corresponde a energías renovables alternativas.
La nueva reglamentación establece que las personas podrán unirse para constituir comunidades energéticas para generar, comercializar y/o usar la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos, indicó un decreto firmado el pasado viernes.
"Las comunidades energéticas y las asociaciones de comunidades energéticas podrán relacionarse con terceros de los sectores público, privado y/o popular, a través de acuerdos de derecho privado y/o asociaciones", precisó el documento.
Las comunidades energéticas podrán ser conformadas por indígenas, campesinos, afrocolombianos.
Si bien las comunidades deberán buscar principalmente producir energía para atender su propia demanda, en el evento en que se generen excedentes podrán entregarse a la red nacional o destinarla para exportación.
El pasado 5 de diciembre, Colombia lanzó su primera ronda de licitaciones para concesiones de energía eólica mar adentro.
A pesar del amplio interés de empresas extranjeras en desarrollar proyectos de energías en el país sudamericano, muchas de las iniciativas se mantienen estancadas e incluso algunas se echaron atrás debido a la férrea oposición de los pobladores en varias regiones del país.
En mayo pasado, la italiana Enel detuvo indefinidamente la construcción del parque eólico Windpeshi -que generaría suficiente energía para abastecer 500.000 hogares-, por bloqueos de las comunidades, tras sobrecostos de más de 250 millones de dólares y retrasos de tres años.
La Nación
