La producción es eficiente, ¿y el Estado...? ¿y el SENASA...?

Las recientes protestas del campo europeo, que resiste las crecientes restricciones que le están imponiendo las cuestiones ambientales, y que como una de sus primeras consecuencias provocaron la “caída” del eventual acuerdo Unión Europea-Mercosur, también dejaron en evidencia otras cuestiones poco o nada comentadas.

Una de ellas es el gran daño ambiental que viene causando la PAC (Política Agrícola Común) desde hace años, al fomentar artificialmente, vía subsidios, una producción intensiva, contaminante, e ineficiente al punto de ser inviable sin la ayuda estatal.

Esta situación, obviamente, desencadenó el más fuerte rechazo (que ya existía), a un acuerdo con el Mercosur en general, y con Argentina en particular que, si bien abarataría los productos alimenticios (y otros) para los consumidores europeos; constituiría un golpe de gracia mortal para los productores del Viejo Continente que no pueden competir con los sudamericanos, ni siquiera con su muy fuerte ayuda estatal.

Ahora bien, esto también deja en claro la gran competitividad de la producción argentina que es capaz de vencer todas las fuertes restricciones internacionales al comercio e imponerse, no solo a los subsidios europeos, sino también a la fuerte quita de ingresos que le representa el mantenimiento de los impuestos a la exportación local, las mal llamadas “retenciones”.

Así las cosas, no es necesario abundar mucho más sobre la fortaleza agroindustrial local que, aún en las condiciones internas y externas adversas en que se viene desarrollando hace décadas , es capaz de seguir generando alrededor del 70% de las divisas “genuinas' que recibe el país por sus exportaciones. ¿Pero el Estado Nacional es igual de eficiente?, ¿aplica sus recursos provenientes de los aportes fiscales, con igual celo, y prolijidad?

Es cierto que la respuesta es obvia, y todo e mundo lo sabe. Sin embargo, datos que trascendieron en los últimos días, lo ponen en blanco y negro, dándole la contundencia adicional de lo inocultable. El caso es que, a partir del cambio de gobierno, algunos (lamentablemente no todos) organismos comenzaron a hacer lo que cualquiera que recibe, accede, o compra un bien: analiza que recibe, mira el inventario, revisa las cajas, evalúa el estado de los bienes, el personal recibido, etc., etc., etc. Esto mismo es lo que comenzó a hacer uno de los organismos más importantes del país, tanto por su trascendencia interna, como por el comercio exterior: el SENASA, y sobre el que nadie duda de su necesidad e importancia.

Sin embargo, algunos de los datos que van apareciendo dejan en claro el desmanejo, la ineficiencia, la irresponsabilidad en el cuidado de los bienes públicos, y una cantidad infinita de etcéteras, cuya lista sigue creciendo, ya que la evaluación aún no termina.

Solo algunos datos para entender de lo que se está hablando: el Servicio Nacional de Sanidad, que se ocupa de la fiscalización y certificación de los productos y subproductos provenientes de la agroindustria, y de las negociaciones oficiales internacionales para permitir su intercambio con los distintos países, cuenta con 6.000 agentes (leyó bien, seis mil), y un Presupuesto que el año pasado ascendía a $ 73.000 millones, aunque para este 2024 (que aún no se trató, ni aprobó) la cifra iba a ascender a $ 130.000 millones. Un ente de esta naturaleza cuenta, además, con mucho crédito y ayuda financiera internacional para mantener las cuestiones técnicas totalmente actualizadas.

El organismo público cuenta también con 360 oficinas en todo el país, varias regionales, un laboratorio de referencia, y un edificio central, muy cerca de la Casa de Gobierno.

Pero al margen de estas cifras, que podrían ser justificables (aunque son casi las mismas que tenía la repartición cuando la tecnología de comunicación y transferencia de datos era muy distinta que la actual), la nueva gestión parece que se se llevó varias “sorpresas”, aunque la mayoría eran bien conocidas. Por caso, descubrieron que había más de 400 vehículos, arrumbados, pero por los que se seguían pagando los seguros. También dos aviones, uno desactivado; y otros dos edificios, muy cerca del central.

Pero resulta que ahora, celulares e internet mediante, el 99% de los trámites (si¡, 99%) es autogestión lo que da otra agilidad, y ahora sensiblemente el tiempo y los costos de los productores. Pregunta: ¿hacen falta entonces las 360 oficinas distribuidas en el territorio?. Tal vez la respuesta pueda ser afirmativa, aunque seguramente se podrá encontrar un aprovechamiento mucho mejor, por ejemplo, compartiéndolas con otras reparticiones del Gobierno que también requieran presencia física en el territorio.

Obvio que los “hallazgos” van cubriendo cuestiones insospechadas, tal el caso de los 7.000 (siete mil) expedientes parados, que se encontraron en distintas oficinas, o la cantidad de convenios caídos hace años (parece que apenas sobreviven 25 sobre 600) y que, es probable, que en la mayoría de los casos estén justificadamente discontinuados, pero que no fueron formalmente informados.

Por supuesto que se puede seguir la enumeración, aunque no es necesario para darse cuenta el desmanejo, y hasta irresponsabilidad, con que se trataron cantidad de cuestiones públicas, y vale decirlo, “con el silencio (¿cómplice?) del sector privado”…

Ahora, ante los aparentes cambios, vale hacerse una serie de preguntas, en especial considerando que los Presupuestos oficiales se pagan con los impuestos de todos los contribuyentes y que, cuanto más eficiente sea la asignación y el control del gasto, más recursos quedan para otras cuestiones e, incluso, para lo óptimo que sería, directamente, la “baja” de la presión impositiva.

Ante eso se plantea entonces otra cuestión, y siempre considerando que en este caso, se trata de un organismo “imprescindible” para el país: ¿necesita esa cantidad de personal considerando los drones, celulares, conferencias a distancia, internet, etc., que aporta la nueva tecnología?. ¿Se puede capacitar ese personal para otras funciones, o reasignarlo?.

¿Requiere el SENASA esa cantidad de oficinas en todo el país (algunas propias y otras alquiladas?. ¿Se puede disminuir el número, o transferirlas a otras áreas y funciones, incluso compartidas con el área sanitaria?.

¿Dados los avances de software y hardware no se puede aplicar trazabilidad también al organismo para saber donde están los expedientes y donde se traban eventualmente las gestiones?. ¿Es necesario mantener el sistema de “requeridos” y de pronto trámite”, que encarecen adicionalmente los costos privados de habilitaciones permisos, inspecciones, etc.? ¿se justifican?.

¿La digitalización y la adopción masiva de lo “virtual” está siendo aprovechada en forma acorde a la jerarquía y las necesidades nacionales e internacionales de un organismo de referencia como es el SENASA?

Y, aunque muchas de estas respuestas se saben, o se suponen (y con muy poca posibilidad de error), la gran duda que queda flotando en el ambiente es: ¿Por qué se tardó tanto tiempo en darlos a conocer?, ¿Dónde estaban los controles -públicos y privados- para impedir/frenar semejantes ineficiencias?.

¿Cuántos más organismos, y hasta innecesarios, hay a lo largo y ancho del país? De ahí el título de arranque: La producción es eficiente, ¿y el Estado...?...

LMNeuquen