Por Agroempresario.com
La reciente resolución del Consejo Agrario Provincial (CAP) que autoriza la temporada de caza desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto ha revivido un viejo conflicto entre ganaderos y ambientalistas en la provincia de Santa Cruz. La medida permite la caza sin límites de especies introducidas como visones y jabalíes, y de especies nativas como pumas y guanacos. La nota publicada por La Nación ha captado una amplia gama de opiniones sobre este polémico tema.
Marcos Williams, miembro de la Mesa Ovina Nacional por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señala la complejidad del conflicto entre la ganadería y la fauna silvestre. Williams aboga por una regulación más integral que incluya el uso de perros protectores y cercos, además de la caza. En una línea similar, James Lewis, presidente de la Asociación Rural de Puerto Santa Cruz, subraya que la proliferación de guanacos tras la prohibición de su caza ha exacerbado los problemas para los ganaderos. Lewis destaca los graves impactos económicos de los ataques de pumas al ganado.
En contraste, José Vargas, fundador de Wayaja Puma en Chile, defiende el turismo de avistaje de pumas como una alternativa económica viable. Según Vargas, el turismo puede generar ingresos superiores a la caza y contribuir a la conservación. Facundo Epul, guía de El Choique en Argentina, también ve en la viralización de la medida una oportunidad para visibilizar la problemática y fomentar alternativas como el uso de perros protectores.

Claudio Bertonatti, asesor científico de la Fundación Azara, critica la caza indiscriminada como una solución inadecuada que no aborda el problema subyacente. Según Bertonatti, esta práctica puede agravar la situación al afectar a todas las poblaciones de pumas y guanacos, sin resolver el conflicto central. Andrés Novaro, director de Conservación Terrestre de WCS Argentina, argumenta que la caza indiscriminada es ineficaz y que la remoción dirigida y el uso de sistemas de protección del ganado son alternativas más efectivas.
Pía Vergara, de la Fundación Cerro Guido Conservación en Chile, se opone firmemente a la caza de pumas, abogando por un cambio cultural hacia la conservación. Vergara sostiene que el turismo y la educación son enfoques más sostenibles que la caza.
Desde la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsenaboga por un diálogo constructivo entre todos los actores involucrados, buscando un equilibrio entre conservación y producción. Mariela Gauna, intendenta del Parque Nacional Monte León, desmiente las acusaciones de que los parques estén causando problemas significativos para los campos vecinos y defiende la importancia de las áreas protegidas para la biodiversidad y el desarrollo económico sostenible.
Carla Cepeda, investigadora de INTA Santa Cruz, contextualiza el conflicto dentro de un proceso histórico de sobrepastoreo y despoblamiento de campos. Cepeda destaca que el cambio climático y el abandono de campos también han contribuido a la sobrepoblación de guanacos, complicando aún más la situación.
El debate en Santa Cruz refleja la dificultad de encontrar un equilibrio entre las necesidades económicas de los productores y la conservación de la fauna silvestre. La Nación, a través de la recopilación de diversos testimonios, ha puesto de manifiesto la urgencia de buscar soluciones basadas en el diálogo y el conocimiento científico para abordar este complejo conflicto de manera efectiva y sostenible.