Por Agroempresario.com
El Gobierno argentino ha dado un paso decisivo hacia la transformación de la administración pública con la reglamentación del primer tramo de la Ley Bases, aprobada por el Congreso a fines de junio. Este lunes, el Decreto 695 fue publicado en el Boletín Oficial, marcando el comienzo de una serie de reformas prometidas por la administración de Javier Milei.
El decreto, firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete, y los ministros de Economía y de Desregulación, oficializa aproximadamente 60 artículos del Título II de la Ley Bases, que se centra en la "Reforma del Estado". Estos cambios abarcan la reorganización administrativa, la privatización de empresas estatales, y la implementación de nuevas normativas para el empleo público.
En primer lugar, la reglamentación otorga al Poder Ejecutivo la facultad de reestructurar órganos y organismos de la administración, tanto centralizados como descentralizados. Esto incluye la capacidad de modificar la estructura jurídica de empresas nacionales y reorganizar fondos fiduciarios públicos, una medida que promete redibujar el panorama de la administración estatal.
Uno de los aspectos más destacados del decreto es el procedimiento para la privatización de empresas estatales. El Gobierno ha establecido los pasos específicos para la venta total o parcial de entidades como Energía Argentina, Intercargo, y AySA. Este proceso se acompañará de informes y convocatorias públicas para ofertas, lo que marca una nueva era en la gestión de activos estatales.
Además, el decreto introduce el concepto de "silencio administrativo" con efecto positivo, que simplifica y agiliza el proceso de otorgamiento de autorizaciones administrativas. La jefatura de Gabinete tiene un plazo de 15 días para aprobar el cronograma de implementación, mientras que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología se encargará de garantizar la aplicación de esta medida a través de plataformas digitales.
Estas reformas representan una transformación significativa en la administración del Estado y la gestión de empresas públicas, reflejando el compromiso del Gobierno con la modernización y eficiencia del sector público. La implementación efectiva de estas medidas será clave para el éxito de la agenda de cambio prometida por la administración actual.
