Disputa territorial en Anta desnudó un grave ataque al medio ambiente

Una larga batalla legal llevada adelante por la firma Agropecuaria Andorrana S.A. contra un okupa que reclama 5.000 ha en la zona de Tolloche tuvo su pico álgido hace apenas unos días, cuando se presentaron al portón del okupa el juez de Paz de El Quebrachal junto a directivos y administradores de la agropecuaria, para que el servidor público constate la salida de los camiones cargados con carbón, madera en rollo y extracto de tanino, y fueron expulsados del lugar tras una nutrida balacera. Ante el cariz de la situación tanto el funcionario judicial como los representantes de la firma tuvieron que alejarse, buscar amparo policial y ponerse a buen resguardo, siendo éste hecho denunciado oportunamente.

Consultado por El Tribuno, el propietario de la Agropecuaria Andorrana S.A, Georges Pérez, aseguró que mantienen una disputa en el fuero civil con un tal Luciano Saravia por un lote perteneciente a la firma y que Saravia explota para sí y sin tener papel alguno. El directivo dijo además que a pesar de una medida de no innovar dictada oportunamente por la justicia, Saravia continuó con los desmontes, la tala del bosque para madera y carbón y la extracción de tanino; pero fue más allá aun -dijo-, porque sin ningún papel que lo habilite, arrendó el lugar a un tercero para su explotación.

El lote en disputa tiene cerca de 5.000 hectáreas, que el poseedor actual reclama para sí a través de un juicio de acción posesoria, que tiene sentencia en contra en primera instancia, graficó el directivo de la agropecuaria de capitales andorranos.

Sobre la explotación y el daño ambiental existen sobradas denuncias, que especifican que la tala ilegal llega a casi 120 hectáreas, informó. La firma además tiene en su poder las fotos satelitales que muestran cómo en menos de tres años desapareció completamente parte del bosque nativo en un lote de la finca, catastro 801, propiedad de la agropecuaria denunciante.

El conflicto por la posesión del lote en cuestión derivó en un escandaloso hecho de violencia (el segundo en la historia reciente), donde una empleada de la agropecuaria sufrió persecución y disparos de armas de fuego, insultos y amenazas de parte de un tal L.S. quien actuó con temeridad, incluso delante del juez de Paz de El Quebrachal, quien tuvo que ponerse a salvo de los disparos y desistir de dar fe de la explotación ilegal del lote en cuestión y los daños al medio ambiente que esto conlleva, por temor a perder la vida.

Por si poco fuera, las interminables denuncias radicadas durante años, hicieron que tanto la Policía Rural como funcionarios de Medio Ambiente desistieran de inspeccionar el lote 801, tanto por la violencia del okupa, como por la falta de una orden de la Justicia para ingresar a la explotación ilegal por la fuerza, que según las fotos satelitales el daño al medio ambiente es asombroso.

La directiva de Agropecuaria Andorrana SA, que fue víctima de la amedrentación con arma de fuego junto al juez de Paz aseguró ayer que son dos los desmontes que se están realizando en estos momentos, pese a existir una orden de no innovar vigente.

La profesional contable dijo que son innumerables las presentaciones que realizó en Medio Ambiente de la Provincia sin tener hasta la fecha una solución a la vista. “hace unos años se constató el funcionamiento de seis hornos carboneros, cinco de los cuales estaban a pleno cuando llegó la inspección y la extracción de madera en todo el lote 801.

Desde entonces, los camiones entran y salen del camino privado cargados con madera, tanino y carbón sin ningún control”.

Luego explicó: “El lote en cuestión pertenece a Agropecuaria Andorrana SA y lo que exhibe el okupa es simplemente la compra de la posesión, que se realizó con papeles falsificados por un escribano que fue procesado”.

La contadora relató: “El 31 de julio decidimos acompañar al juez de Paz de El Quebrachal José Gómez, para que constate la entrada y salida de camiones con madera robada y con carbón obtenido de la tala del bosque sin ningún permiso de Medio Ambiente y, además, del supuesto arrendamiento de las tierras en disputa a una firma de la provincia de Chaco, receptora de lo extraído del catastro 801. El intento terminó en una persecución contra mi persona, amenazas y disparos de arma de fuego, y eso no es justicia”.

AgroNoa