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Por Agroempresario.com
El gobierno de Brasil, encabezado por el presidente Lula da Silva, solicitó a la Unión Europea (UE) que postergue la entrada en vigencia de la Ley de Deforestación (EUDR), programada para 2025. Esta normativa prohíbe la comercialización de productos agroalimentarios asociados con la deforestación, como la soja, el cacao, la carne bovina y el café, en el mercado europeo. El ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, entregó una carta al comisario de Agricultura de la UE, Janusz Wojciechowski, expresando las preocupaciones de Brasil sobre las implicaciones económicas de esta legislación.
Brasil se une así a la postura de Argentina y Estados Unidos, quienes previamente también pidieron retrasar la implementación de la EUDR. El gobierno brasileño considera que esta ley afectará gravemente a sus sectores exportadores, señalando que complicará el suministro de productos clave, como la soja, y tendrá efectos negativos en la economía del país.
La carta firmada por Fávaro y el canciller Mauro Vieira, califica la normativa europea como un "instrumento unilateral y punitivo" que no tiene en cuenta las leyes ambientales nacionales de Brasil y que infringe la soberanía del país al aplicar exigencias extraterritoriales. Además, sostiene que la EUDR podría perjudicar gravemente la competitividad de los productos brasileños en los mercados internacionales, particularmente en la Unión Europea, uno de los principales destinos de sus exportaciones.
Brasil advirtió que, sin una reevaluación y aplazamiento de la ley, se enfrentarán dificultades para cumplir con los requisitos de trazabilidad impuestos por la EUDR, como la geolocalización de los productos agrícolas, verificada mediante imágenes satelitales. Esto impactaría fuertemente a sectores como el de la carne bovina y la soja, productos clave en la economía brasileña.
El pedido de Brasil se alinea con las preocupaciones de otros países exportadores. En junio de 2024, Estados Unidos también solicitó el aplazamiento de la ley, y en septiembre de 2023, 17 países —incluidos 11 latinoamericanos— expresaron su preocupación por las repercusiones que la normativa tendría sobre sus economías y cadenas de suministro. A pesar de estas solicitudes, la Comisión Europea afirmó que continúa avanzando con la implementación de la EUDR, aunque cualquier aplazamiento requeriría la aprobación de una nueva propuesta legislativa.
Brasil es uno de los mayores exportadores de productos agrícolas del mundo, y cualquier restricción que afecte el acceso a mercados internacionales tendría un impacto significativo en su economía. La EUDR no solo busca frenar la deforestación global, sino también garantizar que los productos consumidos en Europa no provengan de tierras deforestadas. Sin embargo, muchos países productores argumentan que la normativa representa una barrera comercial que no tiene en cuenta las realidades locales y las dificultades para cumplir con los estrictos requisitos de trazabilidad.
El gobierno brasileño insistió en que la UE debe considerar las leyes ambientales ya vigentes en Brasil, como la protección del Amazonas, y no imponer nuevas regulaciones que podrían obstaculizar el comercio. Las conversaciones entre Brasil y la UE continuarán, y está por verse si otros países seguirán sumándose a este pedido de aplazamiento.
Este debate refleja la creciente tensión entre las normativas ambientales globales y las políticas nacionales en el ámbito del comercio internacional, un tema que probablemente marcará futuras negociaciones entre Brasil, sus socios comerciales y la UE.
