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La resolución fue aprobada con el mayor número de votos a favor (23) desde su creación y con apenas 6 en contra. Es la primera vez que los votos a favor superan las abstenciones. Una victoria para las víctimas de la dictadura venezolana.
Esta resolución renovó por dos años los mandatos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés). La FFM acaba de publicar un informe en el que sostiene que algunas de las violaciones de derechos humanos documentadas en dicho país (incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual) constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos.
Los mandatos de la ACNUDH y de la FFM están vinculados entre sí, son complementarios y se refuerzan mutuamente, ya que mientras la Oficina se focaliza en vigilar la situación de derechos humanos en el terreno, informar al respecto y brindar cooperación técnica, la labor de la Misión se centra en la rendición de cuentas, que es esencial para prevenir y disuadir la comisión de futuras violaciones.
En febrero de 2024 nuestro país había regresado, en el Consejo, al core group de la resolución sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, debido a la crisis estructural de derechos humanos en dicho país.
En su intervención, el Representante Permanente de la Argentina en Ginebra, Embajador Carlos Foradori, sostuvo: "Fui testigo desde esta misma banca en septiembre de 2019 cuando la delegación venezolana afirmó que la Oficina del Alto Comisionado tendría un ilimitado acceso a las regiones y centros de detención del país con la cooperación del Estado venezolano. Pero terminó echando a todos los miembros", haciendo referencia a la expulsión del equipo de la Oficina del Alto Comisionado en febrero de este año ante las críticas que efectuara por la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.
En la resolución 42/25, liderada en otros países por la Argentina, del 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos estableció la misión internacional independiente de investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM). Su mandato es el de investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014; asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas; y presentar actualizaciones orales sobre su trabajo e informes escritos sobre sus conclusiones al Consejo durante diálogos interactivos con los estados y la sociedad civil.
En esta oportunidad, a solicitud expresa de la Argentina, se incorporó al mandato tradicional de la FFM el de investigar específicamente las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en el contexto de las fraudulentas elecciones presidenciales del 29 de julio pasado en Venezuela, así como la violencia ejercida por los individuos armados llamados “colectivos”.
