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Por Agroempresario.com
El puerto de Quequén, vital para las exportaciones del sur bonaerense, enfrenta un nuevo desafío con la propuesta de implementar una tasa portuaria que recaerá sobre los productores agropecuarios. En un contexto global donde los precios de los productos agrícolas son bajos, la presión tributaria y la macroeconomía complicada del país agravan aún más la situación de los hombres de campo argentinos.
Los productores, que ya deben lidiar con un panorama adverso, se verán forzados a resignar una parte de sus ingresos debido a esta nueva carga impositiva. A pesar de las dificultades, algunos políticos parecen no comprender la raíz de los problemas que enfrentan los agricultores y continúan implementando medidas que sólo incrementan su carga.
El reciente intento de varios intendentes por extraer más recursos del campo mediante tasas municipales cuestionables ha llevado a la creación del llamado Fondo Compensador Vial (Focovi) en Necochea, un nuevo impuesto de USD 0.50 por cada tonelada ingresada al puerto. Este impuesto, argumentan sus proponentes, busca abordar el deterioro de los caminos ocasionado por la actividad agroexportadora, pero el verdadero costo recae en el productor.
Como suele suceder, el hilo se corta por el lado más débil, y cualquier costo adicional terminará siendo absorbido por el hombre de campo. Esto es inaceptable, especialmente en un momento donde muchos productores ya enfrentan cuentas apretadas.
La política parece perder de vista el significativo aporte que las agroexportaciones hacen a la economía nacional, provincial y municipal. En lugar de valorizar este esfuerzo, la tendencia es continuar exprimiendo al sector agropecuario. A esto se suma un costo de mantenimiento de caminos que no se está utilizando plenamente, lo que incrementa la desconfianza entre los productores sobre el destino real de estos fondos.
La recaudación de este nuevo impuesto podría alcanzar unos USD 4 millones anuales, dinero que, sin un plan claro de uso, alimenta las dudas de que será destinado a fines genuinos. Además, los acopiadores locales han expresado su preocupación, advirtiendo que si se judicializa la tasa portuaria y se logra una medida cautelar que impida su pago, las exportadoras podrían trasladar el gasto al productor.
Ante esta situación, muchos optarán por el puerto de Bahía Blanca como una alternativa más económica, lo que podría resultar en un efecto contrario al esperado. Este tipo de medidas, además, abre la puerta a futuras disposiciones similares, en un país que parece estar atrapado en un ciclo de burocracia y regulaciones que obstaculizan el progreso.
La Argentina, con su red impositiva y burocrática, ha condenado a su población a un atraso crónico. A pesar de la evidente presión sobre quienes generan recursos, la población, cada vez más empobrecida, es testigo de los errores acumulados durante décadas. Sin embargo, es evidente que algunos se sienten cómodos en este escenario, ignorando las necesidades urgentes de los productores agropecuarios.
