Esta semana, la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, encabezó una reunión con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), donde se discutieron las principales condicionantes ambientales que afectan al sector productivo del país, con especial foco en los estándares establecidos por la Unión Europea. Este diálogo permitió identificar áreas de mejora y colaboración para optimizar la sostenibilidad de la producción agropecuaria y sus derivados.
Uno de los temas centrales abordados durante el encuentro fue la medición de gases de efecto invernadero (GEI), un aspecto clave para el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático. Se reconoció la necesidad de desarrollar y perfeccionar los criterios actuales de medición, que no solo permitirán a la Argentina mejorar sus informes ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), sino también acceder a mejores condiciones comerciales en mercados con altas exigencias ambientales, como el europeo.
Durante la reunión, se puso especial énfasis en la importancia de cambiar la perspectiva sobre la producción agropecuaria y, particularmente, sobre la ganadería, uno de los sectores más observados por su contribución a las emisiones de metano. Se acordó que no solo es fundamental medir la intensidad de las emisiones, sino también promover y destacar las buenas prácticas agropecuarias que pueden mitigar los efectos negativos sobre el ambiente.
Entre las prácticas mencionadas se destacó el manejo sostenible de pasturas, la captura de carbono a través de cultivos de cobertura y la gestión ganadera con bosques integrados, lo que podría posicionar al sector como un aliado en la lucha contra el cambio climático si se adopta de manera más amplia y sistemática.
El sector agroindustrial argentino, que incluye a productores de granos, carnes y biocombustibles, ha comenzado a tomar medidas concretas para mejorar la sostenibilidad de sus procesos. Una de las principales estrategias adoptadas es la medición de la huella de carbono de sus productos, lo que les permite no solo cumplir con las normativas internacionales, sino también acceder a mejores precios y condiciones comerciales en mercados donde la sostenibilidad se ha convertido en un factor determinante.
Esta medición proactiva de las emisiones no solo responde a las demandas regulatorias, sino que también representa una oportunidad para que los productores argentinos mejoren su inserción competitiva a nivel global. La certificación de productos con baja huella de carbono es un valor añadido que puede resultar decisivo para acceder a mercados como el europeo, donde la sostenibilidad es un requisito creciente.
Otro de los puntos destacados en la reunión fue la discusión en torno a la certificación de productos libres de deforestación, una de las exigencias clave de la Unión Europea para permitir la importación de productos agroindustriales. El Consejo Agroindustrial, en conjunto con la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), presentó propuestas para mejorar la implementación de la ley de bosques en las áreas de alto valor de conservación, conocidas como categoría roja.
Estas áreas, que están protegidas bajo la normativa nacional, han sido objeto de debate, ya que algunos de los cambios en el uso del suelo ocurrieron antes de las fechas de corte establecidas por la legislación europea. Se acordó avanzar en un análisis exhaustivo de estas situaciones, con el objetivo de garantizar que los productos argentinos cumplan con los requisitos de la certificación sin perder acceso a mercados internacionales clave.
El encuentro también dejó en claro la importancia de un trabajo conjunto entre el sector público y privado para asegurar una gestión eficiente y alineada con los compromisos ambientales internacionales. Desde la Subsecretaría de Ambiente, se destacó la relevancia de utilizar y mejorar los datos ambientales aportados tanto por el gobierno nacional como por las provincias, a fin de crear una base sólida para la toma de decisiones y la planificación de políticas ambientales a largo plazo.
La presencia de actores clave del sector agroindustrial, como Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), así como miembros de la Cámara Argentina de Biocombustibles y representantes del sector azucarero, demuestra la voluntad del sector privado de avanzar hacia una producción más sostenible. Esto incluye no solo el cumplimiento de las normativas internacionales, sino también la mejora de las prácticas locales para asegurar una producción agroindustrial que sea ambientalmente responsable y competitiva en los mercados más exigentes.
El avance en la medición de gases de efecto invernadero y la certificación de productos libres de deforestación son solo algunos de los pasos necesarios para que la agroindustria argentina pueda seguir compitiendo en los mercados internacionales bajo las nuevas exigencias ambientales. La colaboración entre el gobierno y el sector privado será crucial para garantizar el éxito de estas iniciativas y posicionar a Argentina como un referente en sostenibilidad agroindustrial.
El trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Ambiente y el Consejo Agroindustrial Argentino muestra un claro compromiso por adaptar las prácticas productivas a los estándares globales, asegurando no solo el acceso a los mercados internacionales, sino también el desarrollo de una agroindustria más verde y competitiva.
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