Por Agroempresario.com
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se reunió este fin de semana con los representantes de la Mesa de Enlace provincial en su despacho del Centro Cívico. Durante el encuentro, ambos sectores coincidieron en reclamar una reducción gradual de las retenciones agropecuarias y en la necesidad de una nueva ley de biocombustibles que aumente los niveles de corte, promoviendo más valor agregado en la producción primaria.
El ministro de Bioagroindustria de la provincia, Sergio Busso, también participó de la reunión. Tanto el gobierno provincial como los productores señalaron que una baja en las retenciones permitiría que los fondos generados por las exportaciones queden en manos de los productores. Esto impulsaría nuevas inversiones, especialmente en proyectos que transformen materias primas en productos de mayor valor.
Llaryora subrayó la importancia de aprender de los países vecinos: “Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia estaban rezagados respecto de Argentina en términos productivos. La diferencia fue que, al no tener retenciones, esos recursos se reinvirtieron y generaron más desarrollo.”
Asimismo, el mandatario insistió en la necesidad de que el Congreso apruebe una nueva ley de biocombustibles. Esta normativa debería elevar el nivel de corte obligatorio, permitiendo así transformar más grano dentro del país, lo que crearía puestos de trabajo e impulsaría la economía local.
“Brasil ya tiene un corte de 25% y planea llevarlo al 32%. En Paraguay, el nivel ya es del 25%. Si incrementamos el corte, evitamos que el grano salga en camión para exportarse sin procesar. Esto nos dará la oportunidad de industrializar más y crear empleo local”, sostuvo Llaryora.
Además, recordó que mientras Brasil industrializa el 60% de sus granos y Estados Unidos el 80%, Argentina apenas llega al 20%. “Si logramos que las retenciones disminuyan, los productores reinvertirán esos fondos para generar más valor agregado”, explicó el gobernador.
Desde el gobierno provincial remarcaron que las retenciones, implementadas inicialmente como un impuesto temporal en 2001, han significado una fuerte transferencia de recursos desde las provincias productoras hacia la Nación. Según sus cálculos, Córdoba ha perdido más de 40 mil millones de dólares en estos años debido a este tributo.
Llaryora también destacó que este esquema genera “inequidades” al concentrar el 90% de la recaudación de las retenciones en solo cinco provincias: Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del Estero y Entre Ríos. Como se trata de un impuesto no coparticipable, el costo es mucho mayor para estas jurisdicciones en comparación con otras regiones del país.
Finalmente, el gobierno de Córdoba y la Mesa de Enlace acordaron trabajar en conjunto para impulsar una propuesta de reducción gradual de las retenciones, condicionada a que el país logre consolidar un superávit fiscal y activar nuevas fuentes de ingreso de divisas provenientes de otros sectores productivos.